Parecería extraño que se advierta, pero lo cierto es, que ahora que desde todos los litorales mediáticos en las redes sociales e internet, se plantea, que por ninguna circunstancia determinados medios, periodistas, comunicadores y editores, muchos no van a retractarse de nada relativo a lo que se ha dicho sobre un nicho de periodistas independientes del oficialismo y del empresariado, a los que presumiblemente se les entiende asalariados de la USAID y por lo tanto, comprometidos con políticas foráneas y porque en realidad, indirectamente y vía la oenegé Participación Ciudadana y otras entidades al servicio de intereses extranjeros, que se entienda, que semejante pretensión y al final y para el gobierno, le resulte aquello de peor es el remedio que la enfermedad.
Todavía más, lo que se ha sabido y que tiene que ver con determinada información clasificada, en cuanto a que la cuadrilla mediática de seis individuos y calificada como compuesta por posibles traidores a la República, parecería que estuviera logrando un curioso pie de amigo facilitado por el mismo gobierno, quién al parecer, quiere aprovechar la confrontación para imponer y vía la Ley 1-24 un apresto de censura progresiva a la libre expresión, que pudiera golpear profundamente a todos los medios de comunicación y de información de masas y en particular los que se encuentran en las redes sociales
De esto ser cierto, de inmediato habría que advertir, que de acuerdo con el artículo 72 de la Constitución de la República: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa”.
Desde luego, se asume que, en el uso de ese derecho, si un usuario -periodista, comunicador o simple ciudadano- trasgrediera derechos de terceros, abriría las puertas para que quienes se sientan perjudicados pudieran tener derecho de accionar en justicia, pero para quienes lo hicieran, les implica un riesgo.
Por ejemplo, el decir que se le ha difamado, si el quejoso no puede demostrarlo, automáticamente implica que el señalado tiene todo el derecho de demandar al que haya hecho imputación en tono alegre y lo mismo puede ocurrirle a la comunicadora y editora Piera, que es miembro de una de las mesas ejecutivas de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) quien de forma irresponsable y temeraria insultó públicamente a todos aquellos medios, periodistas y comunicadoras, quienes en todo su derecho, entienden que la cuadrilla mediática de referencia, es una que ha hecho ejercicio de la comunicación para ir en contra de los intereses permanentes de la República.
Cómo la susodicha Piera es una ignorante y semi analfabeta funcional que cree que con su programa televisivo puede insultar o difamar y hacer lo que le plazca en materia de acorralar personas e intereses para estigmatizarlas y condenarlas como si su programa fuera una especie de tribunal mediático ad hoc, seguramente que no capta el alcance peculiar de su juicio de valor y desde la perspectiva, de que los estatutos de la SIP no contemplan que uno de sus directivos se implique en acusaciones temerarias y personalizadas que signifiquen injuriar a terceros.
Pero hay más, desde hace 40 años, los mass media pertenecientes a la concentración de medios en pocas manos y por evidente consentimiento de sus dueños, han permitido que directores y jefes de redacción impongan la autocensura a sus salas de redacción y de lo que hay testimonios inacabables, lo que significa, que si los de la cuadrilla bautizada como usaidianos, uno que otro de ellos y auto censores en sus medios contra otros periodistas, se quejan de que se les ataque en razón de su comportamiento sospechosamente entreguista, en caso de ir a los tribunales a dirimir si es o no cierto lo que afirman, que fácilmente pudiera ocurrir, que sus jefes mediáticos también fuera llamados a declarar y en el aspecto de si los autorizaron o no a imponer la autocensura en sus medios y lo que significaría que serían reos de violación temeraria al ya referido artículo constitucional 72.
Entonces, al pasarse de acusaciones de difamaciones e injurias entre periodistas y comunicadores, se daría el salto a citaciones directas a los dueños de los medios en los que estos trabajan o tienen sus propios medios y nos referimos a la cuadrilla de periodistas y comunicadores que dicen sentirse difamados a propósito del escándalo de medios y periodistas subvencionados o pagados según los casos por la USAID y ampliando el concepto a la propia SIP mediante sus directivos en este país.
También hay que entender otro detalle sobre los reclamos de retractación por parte de la cuadrilla mediática, famosa por haber vivido injuriando y difamando impunemente en el pasado, que si por manos de los trapos a estos se les ocurre llegar hasta el gobierno y en específico, ante el propio presidente de la República, de quien ellos se sienten responsables de haberlo aupado al poder y este ordena que el DNI accione e imponga la ley 1-24 contra una amplia mayoría de medios, periodistas y comunicadores, el presidente Luis Abinader estaría entrando en un terreno tan resbaladizo, del que no se pudiera decir que en respuesta, un amplio sector de la opinión pública no se lance contestatariamente contra el gobierno y de ahí a un periodo de inestabilidad general solo habría un paso.
Pero véase esto otro. Que si uno que otro de los medios, periodistas, comunicadores y redes sociales, trajeran a colación que los ingresos de los miembros de la pandilla usaidiana, sus ingresos provienen del gobierno central o de todos los ministerios y direcciones generales y se recordara que el presidente Abinader es un firme aliado de la USAID y hasta ha dicho que respalda la agenda 2030, ¿ello no implicaría que el Presidente fuera citado y arrastrado a una polémica judicial-pública que en cierta forma implicaría una especie de juicio político procesal y que evidenciaría la complicidad del gobernante con la pretensión de la pandilla usaidiana?
Consecuentemente, lo que estamos viendo, es que las autoridades están cayendo en un camino vidrioso, pues si abierto el proceso judicial, la ciudadanía entendiera, que, en realidad, lo que el gobierno pretende es aprovechar las demandas de la pandilla usaidiana para arremeter contra las libertades públicas y en específico contra las de palabra, prensa y opinión y para terminar imponiendo la dictadura. ¿Considerará el presidente, que los dominicanos dejarían que él les arrebatara sus derechos? Solo lo advertimos.
Así creemos, que un ejercicio temerario del poder es aprovechar desavenencias entre periodistas y comunicadores para aplicar la Ley 1-24 y lo que arrastraría a un esquema de juicio político procesal contra el Poder Ejecutivo. Ándese con cuidado, es lo menos que debería decirse. Con Dios. (DAG) 18.02.2024
