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Un extraño maridaje entre legisladores del narco y áreas del gobierno que podría facilitar las cosas para que se dé un serio atentado contra alguien en los lupanares mediáticos y como pretexto colateral para afectar la libertad de expresión y la de prensa a nivel nacional

A nosotros nos había llamado la atención por qué el gobierno plutocrático que encabeza Abinader, permitía los desafueros en vocabulario y acusaciones destempladas en determinados lupanares mediáticos en las redes sociales, contra instituciones e individuos y groseramente contra funcionarios del Estado.

Hasta que ahora caemos en cuenta que si esta situación se está presentando, se debe, a que Abinader y sus periodistas usaidianos la crearon y para que ya en el gobierno, ver si podrían continuar manipulando indefinidamente a la atrapada opinión pública y ahora generándose la distorsión, de que de ese nicho, han salido las presiones para que individuos cercanos al poder y de cerebros afiebrados, elucubren con la posibilidad de aprovechar un grave contencioso entre un legislador calificado por EEUU como un capo del narcotráfico y un espacio electrónico en las redes, donde al objeto de sus ataques, este ha llegado ya al límite de fraguar abiertamente un intento de asesinato contra la persona responsable de ese medio.

Pero resulta, que lo anterior no era todo el esquema que ya se está desarrollando, sino que abiertamente, áreas gubernamentales cercanas a los descalificados periodistas usaidianos, es decir, que reciben instrucciones de la USAID local  o vía su asociado local Participación Ciudadana y quienes han sido desnudados en su falta de credibilidad por el periodismo libre en las redes, que parecería, que ya que ese esquema de presionar para cerrar las redes sociales, al gobierno de Abinader-PRM le resultó un fiasco, ahora se procura y de alguna manera, darle “apoyo humano” al legislador y legisladores del nicho comprometido con el narcotráfico y para que entonces, estos hagan el trabajo sucio y “le den para abajo” a la molestosa lengua picante que les tiene al coger el monte.

De esto suceder, quienes piensan febrilmente, asumen que el gobierno podría aprovecharse de ese atentado probable y sea pato o gallareta, aprovechar su resultado, para declarar un estado de excepción y prohibir las redes sociales y en cierta forma imponer o tratar de imponer una mordaza con la aplicación de la ley 1-24 y no solo a las redes sociales y sus guerrillas ablativas, sino en el periodismo en sentido general y con lo que resultaría, que se habrían matado dos gallos de un tiro.

Por ejemplo, los periodistas y productores televisivos usaidianos, abiertamente reclaman y como si en este país hubiese una dictadura, que el gobierno cierre la mayoría de los programas en las redes y para que se vuelva a lo de antes, que los medios tradicionales imponían la autocensura, tanto para sus periodistas como para la atrapada opinión pública.

Sobre este probable escenario, se recuerda, que el presidente Abinader en vez de haber guardado silencio prudente sobre el pleito entre medios y periodistas y al conocerse que efectivamente los calificados como periodistas usaidianos, se habían desnudado y descubierto como posibles agentes extranjeros por paga y contra los intereses permanentes de la República y al haber sido los actores principales del golpe de estado mediático llevado a efecto en el 2020 para impulsar la candidatura presidencial de Abinader e instalarlo en el poder, el primer mandatario, llamó mucho la atención cuando salió en defensa de sus acosados aliados mediáticos y dijo que estaba de acuerdo con que hubiese una ley que frenara “la difamación en los medios”.

A partir de tan imprudente declaración, los responsables de la conjura contra determinados productores y editores de plataformas en internet y programas de radio y televisión en you tube, aceleraron sus desquiciados planes y por lo que ha trascendido, parecería que ya falta poco para que el atentado que se quiere perpetrar se haga efectivo y sin importarle a sus autores las consecuencias que se deriven.

Por una razón de principios, ningún periodista que se respete o medio de comunicación que conozca de la probabilidad asesina, jamás podría guardar silencio y por más razones que pudieran haber en cuanto a irritarse por  lo ligero de la manera tan dura y ríspida de exponer su criterio que tiene la persona que ahora es objeto de la ira de un determinado legislador del narco, que para más señas, es aliado de Abinader y  que en nuestro caso, obliga a que elevemos nuestra voz de gran autoridad moral y para advertir, que ese no es el camino para enfrentar una voz contestataria, que al no ser periodista de oficio, no tiene la menor idea de cuál debe ser el comportamiento a cargo de un medio de comunicación y con todo y cuanto fuera cierto que practica la extorsión, esquema al que no son ajenos los periodistas usaidianos, quienes y para mayor desatino, abiertamente claman por atentar contra las libertades de palabra, opinión, disidencia y prensa y para los periodistas y medios que no son de la cofradía de la concentración de medios en pocas manos.

Y como entendemos, que, para esa persona, el peligro existe y de que se pudiera atentar contra su vida, que instemos a toda la comunidad mediática a indagar y prestarle suma atención a lo que está ocurriendo y que de suceder y contra lo que creen algunos gobiernistas, no va a beneficiar en lo absoluto la imagen de por sí agrietada del gobierno.

Todo el tiempo hemos dicho y mucho más y reiteradamente, desde que se desató la guerra verbal contra los periodistas usaidianos voceros y socios del gobierno, que en el 2020, todos ellos tienen responsabilidad directa en lo que llamamos y por primera vez en el periodismo dominicano, que ellos y junto al PRM y el mismo Abinader candidato presidencial, fueron los responsables de la manipulación mediática artera que afectó la libertad de escogencia de millones de electores y que por primera vez produjo un golpe de estado mediático, no blando como ahora y que de oportunistas algunos describen, sino un forzoso cambio de gobierno en toda regla y contra un gobierno, el de Danilo y el PLD, que sus responsables no hicieron absolutamente para defenderse.

Dos hechos lo confirman: el mecanismo desestabilizador de la marcha verde y con toda una serie de expresiones en las calles motivando el “se van, se van” y la confirmación de la conjura golpista, cuando el día de las elecciones estas fueron suspendidas abruptamente, a tres horas de iniciado el proceso electoral y en cuya responsabilidad, la presidencia de la Junta Central Electoral tuvo el papel principal.

Con tales antecedentes, para nosotros, la conjura criminal actual está develada y exigimos al gobierno, que la pare en seco. Este país y su sociedad y pueblo no aguantan un asesinato del nivel que se está organizando, pero mucho menos el gobierno. Ahora bien, si áreas gubernamentales alientan la conjura criminal y por entender, que, con ese atentado le parten la siquitrilla a las redes sociales y sus lupanares mediáticos, entonces al poder hay que decirle, que provocará un desquiciamiento y trastorno absoluto del sistema democrático y que, de tan fuerte, hasta se pudiera llevar de paro a la misma autoridad gubernativa central.

Es la segunda vez que un sector extremista del periodismo y como lo es el de los usaidianos, se lanza con una nueva campaña difamatoria dirigida, ahora afectar la integridad física de otros periodistas y medios y exigiendo de su gobierno que los silencie y que es una conjura que por ningún concepto se pudiera aceptar.

Todavía más, datos tenemos, de que tan pronto llegue la nueva embajadora estadounidense, esta tiene encomienda, no solo de chequear el perfil de los periodistas usaidianos y la cantidad de dinero que recibieron de la USAID, sino que serán objeto de otra investigación mayor, la de tener sus medios en base a aportes directos del narcotráfico o el lavado de activos y que es un fenómeno que a la fecha abarca el 70 por ciento de los programas de radio, televisión e internet en todo el territorio nacional.

Esperamos pues, que la tragedia que advertimos no se materialice y que se entienda, que hay un extraño maridaje entre legisladores del narco y áreas del gobierno, que podría facilitar las cosas para que se dé un serio atentado contra alguien en los lupanares mediáticos y como pretexto colateral para afectar la libertad de expresión y la de prensa a nivel nacional. Con Dios. (DAG) 24.02.2025

 

 

 

 

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