Ahora que uno de los episodios legales penales más significativos de los últimos dos años, parecería que está a punto de concluir en primer grado y por lo que se escucha o se opina desde diversos ámbitos dentro de la atrapada opinión pública y esta, decididamente bombardeada por la mayor campaña de desprestigio mediático que alguna vez en este país los medios escritos hubiesen realizado contra grupo de imputados algunos, la tensión se sentía ampliamente en la tarde de ayer y decididamente en todos los círculos políticos sociales como empresariales y financieros.
¿Por qué ocurría esta expectación?, porque de una u otra forma, todos esos ramales de la clase gobernante se encontraban involucrados, dado que al tratarse de un determinado asunto de corrupción de contratos y contratas de obras públicas que abarcaban dos gobiernos y a casi todos los sectores profesionales derivados de la construcción, no eran pocos los que sentían, que en la medida que este o aquel imputado quedara sentenciado con años de cárcel, otros y allegados a sus negocios y fuentes de crédito o de padrinazgo político pudieran ser entendidos como especies de cómplices de oficio de quienes resulten acusados y condenados en primer grado o indultados por carencia de pruebas.
También y en cierta forma, hay que entender la expectativa mediática, cuando se recuerda, que más de cien periodistas y de los principales medios escritos y electrónicos en la radio, la televisión, internet y las redes sociales, pudieron haber sido beneficiados por el accionar de soborno continuo y debido a que sus contactos personales o profesionales fueran cualesquiera de los que resulten sentenciados o en específico Rondón y Díaz Rúa.
Entonces y si venimos a ver y en particular por el largo rosario de corrupción colectiva desde el poder y ocurrida en la República desde el 2004 al 2020 y que involucra a todas las formaciones políticas, pero primordialmente a muchos de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y funcionarios de sus gobiernos y si se toma en cuenta, que ahora es que apenas se inicia el proceso de réplica y contra réplica en otras instancias judiciales y donde podrían airearse otros actores públicos o profesionales descartados en el juicio de fondo sobre Odebrecht que ya concluyera en la tarde de ayer con lectura de sentencia condenatoria, pero que en apelación y al reabrirse las indagatorias de que pudieran surgir pruebas nuevas que sirvan a los condenados para apoyar su legítima defensa pudieran ser útiles para algún proceso de revisión o de nuevos debates.
Por lo tanto y terminadas ya todas las expectativas al conocerse el articulado de la sentencia emitida por el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional representado por tres juezas, el escándalo desatado y sin duda alguna, pasará a un nada equilibrado juicio mediático de acoso político y hasta que al final, periódicos escritos y estaciones de radio y televisión como analistas y opinantes, se puedan sentir satisfechos de que los presuntos culpables morderán el polvo de la derrota.
Lamentable que esta sea a la conclusión que se pueda llegar respecto al juicio de la opinión pública, pero no es menos, que esta es una nación, isleña al fin y al cabo, cuya aptitud por el chisme y el rumor lleno de dicterios forma parte de su propia idiosincrasia y naturaleza y que tal juicio del público se agrava, si tomamos en cuenta, que la mayoría de los reporteros, periodistas y opinantes en la radio y la televisión y ni hablar en las redes sociales, casi todos son analfabetos funcionales y quienes dependiendo “de cómo les haya ido” en los gobiernos del PLD, matizarán o acrecentarán sus criterios de por sí deformados por la emoción desatada a flor de piel contra o a favor de los ya sentenciados.
Mientras y en razón de la sentencia que solo tiene que ver con 06 de los 14 imputados originales, entendemos, que de nuestra parte, la cautela como la prudencia más aceptables deberán de ser la parte del esquema de análisis a implementar y por un simple como determinante detalle, que para nosotros, los principales responsables de los dolos ocurridos en torno a los contratos y obras realizadas por Odebrecht, recaen en los tres presidentes de la República que autorizaron los contratos y todos los trabajos avalados por estos y quienes por lo visto, no hicieron lo necesario para darle seguimiento a obras a las que ellos estaban obligados a nunca dejar de supervisar y con el solo propósito de haber podido evitar el tremendo escándalo de corrupción que las mismas ocasionaron posteriormente.
¿A qué quedó reducido el Odebrechetgate?: A que el representante de la empresa brasileña a nivel local, el acusado, Angel Rondón, así como el también acusado ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, se les acusa de delitos de “soborno en el comercio, proscripción de la corrupción, lavado de activos, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación y falsedad en declaración de bienes”.
En tanto los imputados, ayer insultados, vilipendiados y señalados de todo lo malo habido y por haber y demostrándose ahora con la sentencia absolutoria, que, en sus casos, todo fue producto del revanchismo y odio político más abusivos, el tribunal colegiado dice:
Conrado Pittaluga, Tommy Galán, Andrés Bautista y Juan Roberto Rodríguez fueron absueltos, el primero porque “no se demostró que haya incurrido en tipo de complicidad en soborno ni en el ilícito de lavado de activo”. Al exsenador Galán, “porque no se estableció ninguna responsabilidad penal por sobornos, falsedad en su declaración jurada de bienes y enriquecimiento ilícito”, respecto a Bautista, al especificar “que no se presentó ningún documento de prueba que permita determinar que ejerció influencia para aprobar los contratos de obras durante sus funciones” y Rodríguez, porque “no ha sido demostrado enriquecimiento patrimonial durante su gestión como funcionario” y con lo que todo el país político respirará tranquilo y toda vez que las complicidades subrepticias quedarán ocultas y los tres expresidentes a mucho mejor resguardo, en tanto a nivel de clase media y pueblo el sentimiento es otro y reafirmándose que la política no sirve y sus actores menos, e incluidos los miembros del ministerio público actual.
Como contraste, los dos condenados tendrán cada uno, ocho y cinco años de cárcel respectivamente y el decomiso de bienes como al pago de multas equivalentes a 200 salarios y quienes, si practican una lección de humildad y silencio por los próximos años y hasta que haya mejor tiempo para solicitar revisión de sus respectivos casos, tal vez podrían verse fuera de la cárcel. Suerte que tienen, porque en Cuba como en Corea del Norte y China, los fusilarían.
Otro tema será, el cómo la sociedad resarcirá en su reputación, moral e integridad a los ahora no culpables de los hechos que el ministerio público y tan ligeramente les imputaba y que trato y por obligación diferenciado, el factor mediático deberá de dispensarles y lo que no creemos que habrá nada y por una determinante razón, quien todos los días está detrás de un medio de comunicación y continuamente escribe o habla y si se comporta ligeramente, nadie quisiera tenerle de adversario y por la realidad, de que al tener acceso todos los días a un mass media y quien se sienta perjudicado u ofendido por sus invectivas solo puede replicar en espacios pagados, al final este prefiere no remover nada y sí dejar que el tiempo haga su labor.
Así se tiene, que, por ahora, no puede hablarse de que la sentencia no fue correcta dentro de lo que cabe y mucho menos, que hubo abuso de poder por parte de las juezas a cargo y sí entender, que tampoco hubo denegación de justicia y como desde el ministerio público se hacía ver. En pocas palabras, cada uno hizo su labor. (DAG)
