Sabiéndose que la mayoría de ellos y desde hace cerca treinta años han utilizado los cargos de elección como legisladores para enriquecerse desproporcionadamente y hasta vender proyectos de leyes y sin leerlos u otorgar su voto a favor de una “monetización rápida”, un grupo de legisladores y dando la cara, un senador, del que una que otra vez y como grupo, parecería que hayan tenido que dar explicaciones sobre sus conductas legislativas, al escenario político se presenta la bomba de tiempo, de un proyecto de ley para regular en apariencias la funcionabilidad de todas las profesiones universitarias, pero en la práctica, para asestar un severo golpe contra el libre albedrío profesional.
En función de ello y sobre todo, porque parecería que el proyecto de ley de extinción de dominio y el que la atrapada opinión pública aplaude e insiste que los legisladores aprueben sin mayores pretextos y como el mejor mecanismo legal para parar en seco la corrupción continua que se da y de parte de muchos legisladores, se anuncia el depósito de un proyecto de ley dirigido a igualar con parecido mecanismo de sanción respecto al legislador que aprovecha el cargo para enriquecerse, ahora a los profesionales liberales, exigiéndoles que ninguno de ellos pueden obtener ningún beneficio pecuniario distinto al que el contrato de servicios que tenga con una entidad público o privada especifique.
Sin duda, la propuesta, hay que entenderla como un temerario ejercicio de alarde coercitivo contra todos los profesionales que no sean legisladores y en el aspecto, de que para los senadores proponentes y entre ellos, algunos a los que la atrapada opinión pública califica de objetables morales y por las tantas fechorías que han cometido y también por sus tratativas de enriquecimiento desproporcionado en base a anteriores funciones públicas de administración.
Es decir, ahora resulta, que senadores y diputados proponentes y como si su función legislativa tenga que ser un ariete contra los derechos civiles y políticos de la ciudadanía y de paso, contra todos los ciudadanos que quieren labrarse una carrera universitaria y que de aprobarse el proyecto citado, de suyo actuaría como un grosero intento de no incentivar que la juventud se forme profesionalmente y al crear un proyecto de ley constreñidor de la libertad de conciencia y que de materializarse, sería un atentado absoluto contra todo ciudadano con ánimo de educarse a nivel universitario.
El exceso, es de una proporción nunca vista y menos en democracia y tampoco cuando la dictadura trujillista y el que sin dudas, afectaría sensiblemente la libertad de creación educativa, intentando que el Estado se convierta en uno de mecanismo dictatorial pleno y lo que naturalmente, ninguna persona en sus cinco sentidas podría aceptar y por el principio de vulneración de derechos civiles y políticos adquiridos.
Por el susodicho proyecto de ley, se presentan dos maldades que es necesario destacar: Considerar “faltas graves a los que utilicen cargos para obtener ventajas, beneficios y privilegios; que soliciten o acepten, además del sueldo algún bien económico como pago, retribución o gratificación” y el otro, tan tendencioso como el primero, en cuanto a “los que presten, a título personal y en forma remunerada, servicios de asesoría a entidades públicas o privadas que guarden algún tipo de relación con los servicios o funciones propios de la institución donde labora”.
Y abarcando por igual, “a los profesionales que obtengan préstamos y contraigan obligaciones con personas naturales y jurídicas con las cuales tengan relaciones oficiales debido a los cargos públicos que desempeñan”.
Para que se entienda que los legisladores proponentes van por todas con tal de castigar a los profesionales liberales y dado que la mayoría de ellos aspiran a que la ley de extinción de dominio sea aprobada por el Poder Legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo y como recién se vio en un seminario público encabezado por un senador y respaldado por varios profesionales de la abogacía, el proyecto de marras especifica en sus artículos 15 y 17 “que las faltas graves serán sancionadas con suspensión temporal de la licencia profesional por un lapso de 12 meses, las muy graves, será sancionada con una multa de dos a cinco salarios mínimos del sector público y suspensión temporal por un período de 24 hasta 26 meses”.
Todavía más, la obtención de la licencia para “el ejercicio profesional” y de acuerdo con el ante proyecto mencionado, su artículo 4 establece, “que la obligación de la obtención de la licencia profesional abarca además de las profesiones de grado, las de los niveles de postgrado, maestría, doctorados o especializaciones que por la naturaleza de estas requieran de una autorización especial, previa aprobación del examen de competencia”.
Los intrépidos legisladores proponentes y quienes, dentro de ellos, hay sospechas de que sus títulos universitarios son susceptibles de que se les impute que fueron adquiridos dentro de ese curioso mecanismo de “oferta y demanda” que algunas universidades habían establecido en el pasado, no se les aprieta el pecho para imponer y por lo que hasta ahora se lee, una verdadera tela de araña en materia de sanciones contras al libre ejercicio profesional en una sociedad democrática y libre y lo que debe obligar a la mayoría de los profesionales liberales, a enfrentar con decisión y coraje, lo que entendemos es un penoso exabrupto de legisladores molestos por la gran acogida espontánea, que ante el seno de la población ha tenido el proyecto de ley de extinción de dominio.
Desde luego que las profesiones deben ser y estar reguladas, pero no dentro de los aspectos seriamente coercitivos y dictatoriales que el proyecto de regularización de las profesiones liberales como de alta tecnología especifica y que ahora se pretende y que como el ahora conocido, es un serio atentado contra el libre albedrío profesional y la creatividad intelectual y por lo que esperamos que la atrapada opinión pública se pronuncie vigorosamente sobre este particular.
Porque está bien que se quiera crear, “el sistema nacional que regula y organiza el proceso de canalización o tramitación para obtener una licencia profesional, que autorizaría el ejercicio de los que hayan obtenido títulos universitarios en centros nacionales o extranjeros” y lo que en principio no se objeta, pero no con las limitaciones restrictivas y contra el libre albedrío profesional, la libertad de conciencia y la creatividad intelectual, que ahora se pretende.
De ahí que sea menester, que se abran vistas públicas en las que todas las profesiones y todas las universidades y centros de pensamiento o de altos estudios hagan sus planteamientos, críticas u objeciones y que quien da la cara por el citado proyecto, el senador Alexis Victoria Yeb, formule las explicaciones de lugar y esté listo para responder sobre las terribles dudas que contra la libertad individual el mismo encierra y lo que nos hace decir, salvo que se demuestre lo contrario, que se trata de una ley para afectar el libre albedrío profesional y satisfacer a legisladores objetables morales y nada compatible con una sociedad libre y democrática. (DAG)
