De cara al mantenimiento de la paz social y freno a los excesos políticos de individuos oportunistas y de esos que viven a la sombra de quienes les paguen o sean poderosos, es que necesariamente hay que entender el anuncio de una manifestación y encuentro ciudadano calcado al estilo Plaza de la Bandera año 2020 y con miras de respaldar al Gobierno en su lucha frontal contra toda practica de corrupción desde el poder.
Y lo que advertimos, dado que si bien en algún momento POR EL OJO DE LA CERRADURA puede coincidir con ciertos planteamientos críticos de allegados gubernamentales contra sectores opositores, no lo es menos que en aras de la independencia de criterio objetivo de lo que nos sentimos orgullosos, por nada del mundo podemos respaldar una intención netamente dirigida a impedir la libertad de critica así como también de palabra y pensamiento frente a lo que ya se entiende un propósito nada oculto de la procuraduría General de la República, por desprenderse la peligrosa como insidiosa imagen de un ministerio público no independiente en materia política y sí enormemente sectario.
Nunca y desde que el presidente Luis Abinader llegó al poder, nunca hemos estado de acuerdo con que se afecte la institucionalidad del ministerio público, haciéndose creer que el gobierno nada tiene que ver son las decisiones de este y que, si efectivamente es lo que estuviera ocurriendo, sería un deserción de responsabilidades del Poder Ejecutivo en la aplicación de la justicia administrativa y represiva del Estado.
En este aspecto y si es que el mismo presidente es la autoridad que impulsa este despropósito, definitivamente habría que decirle, que estaría actuando mal y no apegado a derecho y por la contundente razón, de que él no puede delegar la parte del poder que la Constitución de la República le otorga en el manejo y dirección de la justicia represiva y solo sí que puede delegar funciones administrativas para favorecer la funcionabilidad del Estado.
Todavía más, ningún sector ciudadano tiene derecho a pretender radicalizar la vida nacional y convertir al ministerio público desde la procuraduría especializada en la persecución de la corrupción administrativa (PEPCA) en una especie de policía política judicializada y lo que no solo sería una aberración institucional, sino un paso delicado para que determinados radicales allegados al poder pretendan imponer un silencio total sobre las críticas y opiniones que siempre deberán de hacerse cada vez que se entienda que esa subprocuraduría violente el orden institucional.
Pero también está lo otro, que conociéndose que la procuradora general adjunta y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, es una ciudadana que inequívocamente ha contado con el favor del expresidente Leonel Fernández, que necesariamente haya que entenderla y por el caso de la manifestación que se anuncia, en un agente político directo o indirecto de aquel expresidente y lo que por obligación hay que puntualizarlo.
Que se quiera estar en contra de toda acción o demostración de apoyo de una parte de la población a los señalados como imputados en la última operación Calamar, o que estos en proceso de investigación y detenidos, renuncien a abogados y a que se les entienda inocentes hasta que haya una sentencia de la cosa irrevocablemente, juzgada no puede significar en lo absoluto, que desde el gobierno o sectores “independientes” conocidos de todos, se quiera impedir la libre expresión y difusión del pensamiento de ellos y del resto de los ciudadanos y mucho menos, que se quiera ejercer un accionar corrosivamente dictatorial contra el derecho a pensar libremente de cada ciudadano y que es lo que estamos viendo detrás del anuncio de manifestación “azul”, de suyo, una fotocopia de la fracasada y diluida “marcha verde”.
Nosotros y desde todo punto de vista, repudiamos el accionar abiertamente delictivo de los exfuncionarios y en los tres poderes inter dependientes del Estado que actuaron en ese abusivo desfalco, fraude, robo y muestra de corrupción desde el poder y que a la gente decente provoca que debamos avergonzarnos de que hayan individuos que utilizaron sus funciones a cargo para estafar al Estado, pero tampoco vamos a aceptar, que nada ni nadie pretenda silenciar la libertad de palabra como de crítica y que es el factor que más nos preocupa, pues por lo que se anuncia, quienes están detrás de ese insidioso anuncio, en realidad quieren actuar tal como si de buenas a primeras, en el mismo gobierno haya gente dispuesta a imponer deleznables malas prácticas nazis contra quienes piensen diferente a los demás.
Más aun, ningún medio de comunicación y de información de masas, así como periodista o comentarista que se respete, no debe ni puede respaldar una manifestación dirigida a aterrorizar a quienes no piensen a favor del ministerio público y el que con esta marcha que se anuncia, se convertirá en un ministerio público político.
De ahí, que al sentir este grosero atropello contra el derecho constitucional ciudadano de opinar como cada quien quisiera y sin afectar el derecho disidente a opinar de otro ciudadano, que advirtamos a la autoridad nacional, que tampoco ella tiene derecho a pretender apoyos afectando el orden institucional.
No hace mucho, 62 años atrás, los dominicanos de cuando la dictadura dejaron todo tipo de mala práctica coercitiva por parte de un Estado que se había convertido en el ariete de una dictadura militar disfrazada de civil y sorprende, que mientras los 2.5 millones de personas que nacimos en tiempos de la Era de Trujillo tuvimos la suficiente entereza moral para salir de aquella distorsión institucional, al aprovechar el ajuste de cuentas de grupos de privilegiados trujillistas disidentes a Trujillo, es sorprendente, que ahora cuando el país tiene 8.5 millones de dominicanos que nacieron desde el 1962 a la fecha y en el que se supone que se vive en un clima abierto de libertades públicas, surja un atrasado grupo de contestatarios contrarios a las libertades democráticas y el estado de derecho y para provocar una vuelta a los tiempos de aquella dictadura.
Por eso y puntualizando, hay que decir, que una cosa es que el presidente Luis Abinader aspire a su desde ahora bien ganada reelección constitucional dentro de un clima de amplias libertades democráticas y otra muy distinta, que la reelección de Abinader y del PRM sea lograda en base al terrorismo político y la destrucción del sistema político de amplias libertades que se vive y menos, que se nos quiera hacer creer, que a la mala, todos los dominicanos debemos y tenemos que apoyar un ministerio público fuera de derecho y actuando como ariete político represivo contra quienes no estamos de acuerdo con su abusivo proceder. Evidentemente que este ministerio público actúa divorciado de los principios democráticos más elementales y en base a alcahuetes periodísticos, sus responsables, parecería que entienden que pueden imponer una nueva forma de dictadura y lo que rechazamos de plano.
A diferencia de lo que dicen los que preparan la manifestación “azul”, con esa marcha, no es “el fin de la impunidad que empezó” y sí por lo contrario, el sorpresivo paso, del resquebrajamiento del orden, el derecho y la civilidad y que, de producirse, a la larga, irá contra el mismo Abinader.
Debido a este criterio e indignados, preguntamos: ¿Una manifestación, que pretende que se entienda la politización del ministerio público como algo natural y no subversivo? ¡Jamás! (DAG-OJO) 31 de marzo de 2023.
