Bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, la economía dominicana crece, pero enfrenta retos estructurales. Una reforma fiscal pro-empresarial e inclusiva puede liberar su verdadero potencial. Simplificar tributos y reducir tasas para empresas y emprendedores impulsaría la inversión privada, motor esencial del desarrollo sostenible y la generación de empleo.
Las pymes, responsables del 90% del empleo formal, están ahogadas por cargas fiscales elevadas y trámites complejos. Un esquema con exenciones para startups, deducciones por reinversión y beneficios para exportadores permitiría su expansión.
Experiencias internacionales, como la de Chile, demuestran que reducir impuestos corporativos puede aumentar la recaudación al dinamizar la actividad económica. La informalidad, que afecta al 60% de los trabajadores, requiere políticas valientes. Amnistías temporales, pagos proporcionales y capacitación en gestión empresarial formalizarían miles de negocios.
Además, fortalecer la digitalización fiscal reduciría la evasión y mejoraría la eficiencia del sistema tributario. Una medida clave para lograr justicia fiscal sería exonerar totalmente de impuestos a quienes ganen menos de RD$1,500,000 al año. Esta política aliviaría a la clase media y baja, impulsando el consumo interno, el ahorro y la formalización.
A la vez, debe implementarse un esquema progresivo en el que quienes más ganan, más contribuyan. No se trata de castigar el éxito, sino de compartir el compromiso nacional con equidad y responsabilidad. El déficit fiscal aún persiste. Una reforma audaz, moderna y equilibrada consolidaría al país como destino de inversión. Confiar en el sector privado y proteger a las mayorías es el camino hacia una República Dominicana más justa y próspera. Por: Adán Rafael de Camps Martínez (Hoy)
