Hace unos días la República Dominicana se encontraba sometida a una fuerte tensión como fruto de la controversial reforma fiscal que se pretendía presentar. Luego de un ensayo frustrado, en el que circuló por las redes sociales lo que parecía ser el proyecto de reforma el cual fue aborrecido por la mayoría del pueblo dominicano, el Gobierno se pronunció al respecto afirmando que no se correspondía a una versión oficial.
Por supuesto, ya conocemos el resultado: luego de que las distintas fuerzas políticas de oposición, así como representantes de las fuerzas sociales y de la iglesia fijaran posición rechazando la reforma por considerarla inoportuna, socialmente excluyente y políticamente inviable, el Presidente Abinader anunció su decisión de no aumentar impuestos ni presentar la reforma.
A nuestro juicio, esta fue la decisión más sensata que pudo haber tomado el Presidente, sobre todo entendiendo el contexto regional y global que vivimos.
Sin embargo, esta decisión cambia la conversación, permitiéndonos enfocarnos en lo verdaderamente importante: discutir la Ley de Presupuesto General del Estado 2022. Entiendo que viendo las asignaciones presupuestarias es cómo podemos confirmar cuales son las prioridades del gobierno, así como aquellos temas que no forman parte de su agenda principal.
Y es aquí donde entendí que una sinceración se hace cada día más necesaria. Digo esto porque el proyecto de presupuesto que se encuentra depositado en la Cámara de Diputados, como de costumbre, no cumple con mandatos legales fundamentales. Esto sigue poniendo en relieve la débil concepción que se tiene sobre la fuerza normativa de las leyes. Simplemente no se cumplen y lo que es peor, esto ni siquiera se discute. ¿Qué quiero significar con esto? Que debemos reflexionar sobre el terrible daño que se produce al Estado de Derecho cada vez que quienes estamos obligados a garantizar el cumplimiento de las leyes, pasamos por alto exigir que el ordenamiento jurídico no sea vergonzosamente desairado.
Nos encontramos ante una encrucijada: o hacemos cumplir la ley o generamos una discusión seria sobre las razones que imposibilitan su cumplimiento y la necesidad de derogar o modificar muchas de ellas.
Un ejemplo de esto es la Ley núm. 194-04, que dispone la autonomía presupuestaria del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Cámara de Cuentas, estableciendo también unos porcentajes de los ingresos públicos que tendrán una finalidad concreta según dicha normativa. Pero aún peor, es el hecho de que el Gobierno pretende reducir partidas presupuestarias asignadas a áreas estratégicas del desarrollo nacional y el bienestar de nuestra gente, como es el caso del combate contra la violencia de género, el combate a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, la lucha contra el maltrato animal, la inversión en el deporte, entre otros. Esto me preocupa profundamente y se que causa la inquietud de quienes nos hemos abanderado de estas luchas.
Sin lugar a duda, la discusión de la Ley de Presupuesto General del Estado 2022, nos dará la oportunidad que necesitábamos para sincerarnos y aprobar un presupuesto que no sólo atienda las prioridades del pueblo dominicano, sino que además nos ayuden a fortalecer nuestro Estado de Derecho. Por: Omar Fernández [Listín Diario]
