¿Y por qué realmente alguien puede molestarse porque otra persona y en el ejercicio de su libre albedrío, decide cambiarse de partido político, cuando la democracia es en sí el fundamento de la libertad de escogencia?

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Todavía no entendemos el por qué determinados sectores políticos y sociales y también mediáticos, se escandalizan con la palabra transfuguismo y como acción libre o calculada de algún político que entiende y por las razones que fuere, que como sus expectativas no han sido adecuadamente compensadas o correspondidas en la bandería en la que ha estado, de pronto decide hacer lo contrario y libremente agenciarse una posición igual o mayor en otro partido.

¿Acaso no es cierto que el ejercicio de la libertad individual en materia de decisión propia siempre está y estará por encima de cualquier colectividad o normativa que determinado partido quiera imponer y con el pretexto de que quien se inscribe en el mismo supuestamente firma un pacto para eterno y cuando realmente no es así?

Habría que imaginarse lo terrible que sería, qué y para citar dos ejemplos, los legisladores y regidores de determinados partidos, quienes, en un momento preelectoral, entiendan que deben buscar o explorar una dinámica de aspiraciones por las que y de suyo, consideran que de esa manera favorecen y trabajan mejor a favor de quienes los eligieron y que se les impidiera hacerlo.

Precisamente por esta realidad, es que todos los políticos en ejercicio, conocen, que algún momento les llegará y por el que deberán tomar una decisión que les aparte de la bandería, grupo o partido en el que al momento militan y sobre todo, cuando entienden que las direcciones políticas de esos organismos, no están actuando buscando las mejores vías para el afianzamiento del bien común de todos aquellos que les han elegido.

De ahí que se entienda, que moralmente no es nada objetable, que políticos y partidos tiendan a dinamizarse y explorar nuevas vías de participación en el debate público. Para confirmarlo, bastaría con visitar los archivos centrales de la Junta Central Electoral (JCE) y chequear cuantos partidos y formaciones políticas han desaparecido en los últimos 62 años y desde que en el 1962 se realizaron las primeras elecciones “democráticas” o cuantas veces la legislación electoral ha experimentado enmiendas y solo en el lapso 1962 al 1997 y para comprender que nada es definitivo y que todo puede ser renovado, abandonado o fortalecido.

Obsérvese, que en estos 62 años que comprenden dos generaciones y pico, el flujo y reflujo de los simpatizantes o correligionarios políticos mudándose de partidos y otras tantas formaciones desapareciendo o creándose otras nuevas y de continuo, sin duda alguna que reflejan la insatisfacción lógica que todo político tiene y cuando asume que sus aspiraciones no son adecuadamente atendidas o que simplemente, ha llegado el tiempo de mudarse.

Ahora bien, quienes criticas este ejercicio tan natural de cambio y denominándolo despectivamente transfuguismo, parecería que no recuerdan, que debido a las ambiciones naturales de los políticos y en particular cuando se llega a la etapa de elecciones libres y en las que entonces salen al descubierto las apetencias reeleccionistas de todos ellos, es que se da la situación, de que no obstante que la Constitución de la República prohíbe la reelección presidencial consecutiva, salvo cuando el incumbente ejerce su primer periodo de cuatro años y otorgándosele el derecho de buscar la reelección constitucional y que es el único caso en nuestro sistema electoral, la reelección como tal no es prohibida para quienes son senadores, diputados, alcaldes y regidores y quienes pueden hacerlo en cuantos periodos continuos así quisieran y si esto es de ese modo, las alianzas electorales entre partidos políticos no tendrían sentido si se diera lo contrario.

A partir de esta situación, se confirma la perspectiva del transfuguismo y como aliciente de cambio para que las formaciones políticas se dinamicen y presenten en cada torneo electoral las mejores opciones de candidaturas que vayan en sintonía con todo cuanto en dinámica de cambios, tengan los ciudadanos y principalmente los electores.

Es de esta manera que para las elecciones del año que viene, desde este pasado fin de semana han nacido o se han conocido casi 100 nuevas plataformas de aspirantes políticos a todos los cargos de elección y abarcando las veinte y tantas banderías políticas legalmente registradas ante el tribunal de elecciones de primera instancia, la JCE.

Lo que significa, que si los simpatizantes, seguidores o correligionarios de determinados políticos, asumen que están en su derecho de mostrar su adhesión hacia un dirigente o líder determinado y en base al principio inmutable de la libertad de escogencia, no es verdad que alguien pudiera atreverse a afectarle su decisión.

De este modo, no nos han sorprendido las decisiones de simpatizantes, dirigentes o correligionarios o grupos externos a favor del presidente Luis Abinader, el expresidente Leonel Fernández y el alcalde de Santiago, Abel Martínez Durán, quienes han considerado que deben mostrarse como militantes activistas políticos y promocionando sus respectivas candidaturas y como los mencionados, cualesquiera otros que quisieran o tengan la misma pretensión. Sencillamente, es el derecho de todos de elegir y ser elegidos, en una democracia todavía imperfecta como la dominicana.

Pero sí hay que puntualizar lo siguiente: Cada proceso electoral, si implica una censurable actitud de manipulación y compra de adhesiones respecto a determinados candidatos a cualquier cargo de elección directa y por parte de empresarios, industriales, financieros y el nicho de los barones mediáticos, dueños de la concentración de medios en pocas manos y que es el foco con el que realmente se trata de afectar la libertad de escogencia ciudadana y con el desalmado interés de esos intereses pecuniarios, de comprar los resultados electorales y que es la mayor amenaza contra la libertad de escogencia ciudadana.

Tal situación de manipulación extrema por parte de periódicos, revistas y medios electrónicos y en la internet de este país y junto a la pléyade de directores, productores de radio y televisión y analistas y quienes como traficantes de influencias al mejor postor, sí que son lo más parecido al cáncer que corroe la institucionalidad democrática y que si no es enfrentada, se debe única y exclusivamente, por las practicas bochornosas de corrupción mediática en alianza con lo peor de la política y cuya carta de intención más grave, tiene que ver con ese ataque mediático despiadado al derecho de cada ciudadano y político, de decidir en qué momento debe renovarse y cambiar de políticas y partidos.

En consecuencia y no en balde nos preguntamos: ¿Y por qué realmente alguien puede molestarse porque otra persona y en el ejercicio de su libre albedrío, decide cambiarse de partido político, cuando la democracia es en sí el fundamento de la libertad de escogencia? (DAG)