Ante el reclamo del sector arrocero de que no se permita que el arroz extranjero entre al mercado sin pagar impuestos, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, aseguró que las conversaciones por el tema DR-CAFTA “van muy bien” y lo que no se cree y por el hecho de que se trata de un pacto consensuado de muchos años.
“Van muy bien, los Estados Unidos están conscientes de que en la República Dominicana el arroz es un producto de consumo nacional y dependen muchas familias de la industria del arroz”, expresó Cruz.
El sector arrocero ha estado protestando por la desgravación a las importaciones de arroz, proceso que afectaría supuestamente a los productores locales porque crearía “una competencia desleal” y lo que no es cierto y porque ha tenido más de diez años para adaptarse a la nueva regulación que se iniciará en el 2025.
“El arroz genera más de 300,000 empleos entre directos e indirectos y más de 20 provincias viven, prácticamente de la producción de arroz”, indicó el titular de la cartera agropecuaria y sin atender la realidad, de que los arroceros e intermediarios venden el arroz a altos precios que lo hacen inaccesible al mercado consumidor y en muchos casos, siendo un producto de menor calidad que el extranjero.
Lo que ocurre, es que el sector arrocero, que envuelve más de 45,000 millones de pesos cada año, no quiere perder su posición dominante en el mercado y se niega a competir con su igual del exterior, con lo que no beneficia a los consumidores.
"Los acuerdos son acuerdos y hay que honrarlos, pero si hay una situación especial, también, usted puede sentarse en la mesa y discutir, de negociar la situación y, obviamente, podemos subsanar esa situación que nos enfrenta en los próximos años", expresó el ministro.
Limber Cruz habló al visitar a la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) en el marco del Congreso Latinoamericano de Cítricos, organizado por el Clúster del Limón de la República Dominicana, socio de la JAD.
Autosuficientes en producción de arroz
Distorsionando la realidad, el funcionario dijo y el mismo productor de arroz, “hay que buscarle una solución porque eso no pasa en otros países centroamericanos. Hay países centroamericanos que apenas producen un 20 % de lo que consumen, nosotros somos autosuficientes en producción de arroz”, señaló el ministro de Agricultura, Limber Cruz. Quien aseguró que la producción de arroz en el país ronda los 14 millones de quintales por año. Y enfatizando, de alarmista, que “somos un país muy dependiente de ese rubro (arroz)” y lo que tampoco es cierto.
Todos los productos que tienen que ver con la agricultura, menos el arroz, los países signatarios han entendido de que el DR-CAFTA y como todo tratado de libre comercio, es para beneficiar a los consumidores y lo que las demás naciones signatarias han aceptado, menos los productores criollos de arroz quienes se niegan a perder sus privilegios y competir libremente con sus iguales del exterior.
Realmente y de acuerdo con expertos, la desgravación del arroz no llevará a ninguna pérdida a los productores locales, sino que estos lo que quieren mantener es su monopolio y posición dominante y en lo que parece que el gobierno quiere apoyar y debido a los apoyos financieros que el sector arroz le dio al PRM.
El vencimiento del plazo de desgravación del cereal, prevista por el DR-CAFTA es para el año 2025 y en los últimos 15 años, solo los productores de arroz no se han adaptado e insisten en sus argumentos anti consumidores.
No se entiende que si la actual embajadora en EEUU fue la ministra de Comercio que firmó el tratado, el gobierno no haya buscado en la licenciada Sonia Guzmán, una opinión al respecto.
De ahí que haya que hablar que el sector arrocero, así como el lácteo y con sus argumentos falsos están engañando a las autoridades, al sector mediático y a la población.
De los ingresos del arroz dependen: Más de 90,000 empleos directos. 320,000 indirectos y 300 factorías, pero perjudicando a más de 10 millones de consumidores con sus altos precios y baja calidad y negando el derecho ciudadano a que no haya un mercado atrapado que no beneficia a los consumidores. (DAG-OJO)
