En estos días pasados hemos asistido, y en los que están por venir asistiremos, a un creciente malestar social expresado en las calles mediante el derecho constitucional de manifestación. Como tal derecho, la manifestación es incuestionable. Sirve, por ejemplo, como mecanismo de apoyo a determinadas causas. O, como ocurrió en los peores tiempos del terrorismo en España, se utiliza para lanzar un mensaje de autodefensa social y de desprecio hacia los asesinos. Pero es, por encima de todo, una tradición democrática por la cual los ciudadanos disponen de la posibilidad de trasladar sus reivindicaciones a los poderes públicos.
En tal condición, la de cuestionar a los poderes públicos, es en la que resulta pertinente plantearse qué hacen los políticos participando en manifestaciones. Es cierto que la condición de representante público elegido por el pueblo no cancela la condición de ciudadano. Pero los dirigentes políticos han sido seleccionados para que resuelvan los problemas en las instituciones, y no para que se quejen de esos problemas en las calles.
Para dar su apoyo expreso a las peticiones de policías y guardias civiles, o a las de los trabajadores del metal, o a las de las peluquerías, o a las de los transportistas, un dirigente político dispone de la tribuna parlamentaria, que es su hábitat. Trasladar esa actividad a las calles da al ejercicio de la política un toque propio de los populismos que tanto éxito están teniendo últimamente en nuestro país, y no precisamente para bien.
Hace ya algunos años, el gobierno de Aznar calificó con desprecio al entonces líder de la oposición, Zapatero, como «el pancartero», porque no perdía la oportunidad de participar en manifestaciones. Ahora, el gobierno de Sánchez dispara contra toda la oposición por sumarse a los sindicatos policiales. «Vuelve el trío de Colón», aseguran.
Los gobiernos acusan a las oposiciones de pancartismo, y de exacerbar la calentura social callejera con fines espurios. Pero, más que eso, el político pancartero demuestra que no sabe cuál es su lugar. Y si, además, quien se manifiesta está en el gobierno, o bien es incapaz de ejercer sus obligaciones o nos engaña, o ambas cosas a un tiempo. Por: Vicente Vallés [La Razón]
