Lo anterior significa, que desde 94 años atrás y no obstante que la sentencia es del 2013, pues solo tiene desde 13 años de emitida, el TC y sin consideración alguna a hijos de haitianos ilegales nacidos en el territorio nacional que estaban amparados por el estatuto constitucional anterior, «legalmente» se les declaraba indocumentados y por lo tanto sin calidad para ser considerados dominicanos.
Por donde quiera que se mire esa es una sentencia desproporcionada que sumió en lo ilegal a personas que no tuvieron albedrio para nacer y quienes por lo tanto NO podían ser excluidas de su condición natural de ser dominicanos por nacimiento.
Pero pudo más el odio de un señor de raza negra como Ray Guevara y de profundo odio contra todo lo haitiano, que la aplicación del sentido común y del derecho natural que ampara a todo aquel nacido donde su destino le haya señalado, en este caso los hijos de inmigrantes haitianos no regularizados e imponiendo arbitrariamente el año 1929 y sabiendo que por el primer censo nacional de población y familia de 1920, este registró 30 mil ciudadanos haitianos legales en el territorio nacional.
Razón tienen entonces todos los hijos de haitianos nacidos a partir del 1929 y en específico todos los que ahora tienen no más de 40 años y que nacieron en el 1986 a quienes arbitrariamente el TC les ha despojado de su nacionalidad dominicana, cuando lo correcto debió de haber sido, que el cambio de estatuto hubiese iniciado a partir de la fecha de promulgación de la sentencia 168-13 y que ocurriera el 23 de septiembre de 2013 y no retrotraerla al 1929, cuando la mayoría de los que reclaman y como acaba de verse recién en un acto público, no llegan ni siquiera a edades supriores a 40 años .
Con razón entonces, que Amnistía Internacional se pronuncie sobre este particular y otros organismos internacionales, pues ciertamente que se está ante una grosera afectación de derechos personales y entre personas que nunca han viajado fuera de este país y mucho menos a Haití.
En este sentido, entendemos que esa sentencia debe de ser revocada o modificada y su límite de 1929 modificado y como mucho, colocándolo en uno nuevo para personas que hayan nacido con menos de 10 años en la actualidad y se haría justicia y que al parecer e incentivado por la ignorancia colectiva existente en las redes sociales, donde hay un fuerte brote de antihaitianismo y de fuerte odio mortal y que en cierto modo ha sido alentado desde oficinas del Tribunal Constitucional y con el apoyo de medios y periodistas y comunicadores allegados ($).
También entendemos, que el gobierno actual, que por presión de los grupos económicos y financieros y los empresarios del campo, quienes han abogado por la haitianización progresiva de la mano de obra ilegal haitiana, que sea el presidente Luis Abinader y al disponer ilegalmente de la concentración de todos los poderes constitucionales en sus manos, quien abogue por corregir el exceso de planteamiento jurídico de la sentencia 168-13; cuyo texto determinó que supuestamente, el principio de ius soli (derecho de suelo) no aplica para los hijos de padres extranjeros indocumentados o en tránsito, ya que estos últimos son considerados no residentes y, por tanto, sus descendientes no heredan la nacionalidad dominicana.
Y que fue la razón de que el Estado y mediante el gobierno de Danilo Medina (2012-2020) creó el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) e implementó la Ley 169-14, que estableció un régimen especial para hijos de padres extranjeros nacidos en el país e inscritos irregularmente en el Registro Civil y vías de naturalización y que el gobierno de Abinader lo desconoció radicalmente, generando a más, la fuerte controversia existente, por lo que además de la reactivación del PNRE, perfectamente que se pudiera resolver todo el desenfoque mediante la instrumentación de una ley de amnistía que modifique el límite arbitrario de la sentencia del TC de fecha 1929 a una posible al 2013 y que sería lo realista y correcto.
Ahora mismo y por este concepto de dominicanos hijos de extranjeros nacidos después de 1929, no menos de 300 mil personas se encuentran en un limbo jurídico, que por humanidad hay que corregir y en lo que estamos seguros de que instituciones internacionales como como la CIDH y la ONU así como dominicanos de buena voluntad, colaborarían para su corrección e implementación.
De nuestra parte, tenemos el deber de modificar nuestra posición anterior hija del olvido de la fecha límite 1929 y en el entendido, de que el límite de fecha solo puede ser aplicado para los nacidos hoy con diez años y como la mejor manera de que no se vuelva a cometer la ligereza y despropósito que encierra la sentencia 168-13 que niega la nacionalidad dominicana a dominicanos hijos de extranjeros ilegales y quienes propiamente y con el correr del tiempo, es evidente que no se les puede negar su nacionalidad dominicana y porque contrae ellos se ha cometido una grosera arbitrariedad absolutamente ilegal.
Obligándonos a recordar que por una decisión personal del entonces presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara (78 años) dominicano de tercera generación descendiente de cocolos y al emitir la sentencia 168-13, que al aplicarla de manera retroactiva, se impone a los hijos de inmigrantes “ilegales” nacidos desde el 1929 y lo que no puede ni debe ser. Con Dios. 23.05.2026
última actualización: 09:00 am.
