Cuando en una nación ocurren una serie de hechos violentos de origen humano y pocos por la naturaleza, los ciudadanos y luego del impacto inicial, no solo que tratan de buscar culpables y para compensar sus propias fallas, sino que al mismo tiempo tratan de descargar su ira contenida, entre aquel de los poderes públicos que asumen tiene o debe tener la responsabilidad moral primera.
Pero al mismo tiempo y paralelo a ese sentimiento de turbación tan crítico, también hay otros muchos ciudadanos, quienes y sin tener rencor hacia nadie en particular, quisieran contribuir a remediar lo sorpresivo, buscando el lado bueno, a todo lo que en principio parecía una tragedia descomunal y que se aviva con la existencia de, por ahora, 28 muertos ocasionados violentamente por la furia desatada y hasta ahora sin saber por quién o porqué.
En ese ir y venir, el primer objetivo es buscar responsabilidades y culpas en el Poder Ejecutivo y en segundo plano, la alcaldía de la ciudad afectada y después y un tanto atrás, en los partidos políticos que representan a esos funcionarios.
Al mismo tiempo y esto, cuando se efectúa un examen crítico y poniéndose en el lugar del otro, que por obligación se termina cuestionando, si acaso la “repentina” explosión ocurrida el pasado lunes en el centro de la ciudad de San Cristóbal, no solo fue sorpresiva para toda la nación, sino y por las evidencias que han surgido en el discurrir de las horas, para el mismo presidente de la República, Luis Abinader y hasta para el alcalde José Montás.
Por eso y si se hace un razonamiento a contrario, se verá que ambos funcionarios, uno nacional y el otro municipal, han sido tan víctimas como el resto de la ciudadanía y por una situación que nadie controlaba y mucho menos ellos y lo que en consecuencia provoca, que de inmediato se razone, que esos dos funcionarios han sido políticamente los más perjudicados. Uno, porque tiene que explicarle a la nación que pasó y el otro, porque no previó la probabilidad de una explosión repentina en un solar donde se había anunciado que se construiría un estacionamiento de cuatro pisos de altura.
Hasta ahí, podría decirse que está la frontera que define las responsabilidades institucionales de ambos y no porque de alguna forma se les pudiera entender que sus administraciones y en alguna parte, tienen la responsabilidad de lo acontecido.
Desde luego, que el hecho fue propicio, para que se recuerden situaciones súbitas que han estremecido el país en materia de muertos y heridos en años y gobiernos anteriores y que, de examinarse con acuciosidad, resultaría que ha sido la ciudadanía y por su falta de civismo y de responsabilidad hacia su propia nación, la que falló de plano al no exigir y de continuo, la corrección de los males experimentados.
Ahora estamos ante una situación, de 28 muertos y quienes, sin estar en sus tumbas, nos gritan entre sus silencios de dudas, que de algún modo lo ocurrido tiene mucho que ver con quienes y como vecinos y sabiéndose lo que allí se pretendía, no hicieron nada por conocer que era lo que se anunciaba, pues de haberlo hecho y sí fue por acumulación de materiales de construcción y demolición por inflamables, se entiende que muchos de esos vecinos algo habrían visto y que les hiciera pensar, sino lo peor, sí, que si había descuido, podría resultar en algo mucho peor.
Desde luego, entrar en el campo de las conjeturas como de las suposiciones y cuando todo el mundo se encuentra traumatizado por lo acontecido, no así los senadores que a todo trapo y junto a la Faride Raful, se divertían en pleno duelo, no es precisamente la mejor solución para procurar averiguar del porqué de lo acontecido.
Sin embargo, ya han pasado cuatro días y todavía las autoridades no tienen una idea aproximada de qué pudo ser la causa del horrible desastre y es aquí, en este punto, que las autoridades sí empiezan a ser vistas con responsabilidad compartida, toda vez que es imposible, que cuatro días después de lo ocurrido, no exista un informe oficial lo suficientemente exhaustivo, que despeje dudas y haga factible, que los ciudadanos y sobre posibles situaciones que no tienen asidero como para que se las entienda absolutamente inocentes, pudieran formarse siquiera una idea aproximada de lo que ocurrió.
De entrada, el alcalde Montás tiene una fuerte responsabilidad por las primeras indagatorias y en algún momento deberá envalentonarse y decir, por lo menos, lo que él cree fue el porqué de que la explosión “repentina” ocurriera y no hacer lo que ahora está haciendo, que ni siquiera organizó una suerte de despacho de emergencia en el lugar de la ocurrencia.
En este punto, el gobierno ha sido más diligente y el mismo presidente Abinader y dando muestras de que no va a dejar pasar gato por liebre, no solo que ordenó al ministerio de la Defensa que le rinda un informe exhaustivo desde el punto de vista de la seguridad militar y de Estado, sino que rápidamente apartó determinadas partidas presupuestarias para ir en auxilio de las familias afectadas, al tiempo que a este día, los principales organismos de auxilio social están en el terreno de los hechos, socorriendo a la comunidad herida.
Por supuesto hasta ahora, nada de lo que se está haciendo satisface la curiosidad de todos, para saber qué fue lo que ocurrió o que mano humana irresponsable activó sin darse cuenta, la fuerte situación de tragedia que se vive.
En el interin, hay que aplaudir el gesto de junta de las directores del Banco de Reservas, así como del Banco Popular, el primero, liberando facilidades burocráticas de índole financiera para los habitantes de la ciudad afectada y el segundo, disponiendo la entrega de 30 millones de pesos para fines de apoyo económico directo de las familias ya afectadas y que en este aspecto, son gestos nobles de la parte de la sociedad civil a la que tan acreditadas instituciones financieras pertenecen y se deben.
Mientras, las autoridades del gobierno central en el área de la seguridad nacional se les vio “levantando elementos y analizando objetos y escombros de la zona cero de la explosión” y todo dentro de un hermetismo mortificante que no ayuda a las familias que reclaman información y que desespera, cuando se conoció que los cadáveres que deben ser entregados “el proceso de reconocimiento puede tardarse hasta meses, dependiendo del estado del cuerpo”, lo que significa, que honras fúnebres y entierros deberán esperar y que sorprende, en una época en la que la alta tecnología en materia de identificación de cadáveres y como todo patólogo sabe, perfectamente que puede acortar los tiempos y facilitar que sus seres queridos les den cristiana sepultura.
Creemos, eso sí, que, si por Abinader y Montás se trata, y lo que debe ser razonablemente alentado, las indagatorias y sus resultados podrían ser lo más rápido posible. Sobre todo, que la historia enseña, que, en estos casos, siempre que ha habido una sorpresiva como gran tragedia nacional, el ánimo se empequeñece, pero también la esperanza se aviva. Con Dios. (DAG) 18.08.2023 IMAGEN: En pleno duelo nacional por tragedia en San Cristobal y la senadora Faride Raful y colegas, de fiestas en el mismo senado. ¡Desverguenza!
