Una lectura objetiva y no prejuiciada del artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje entre la Republica Dominicana y Haití firmado el 20 de febrero de 1929, nos muestra que la subjetiva interpretación que el gobierno dominicano le ha dado no se corresponde al espíritu de avenencia y conciliación de este.
Véase: Artículo 10.
“En razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un Estado y corren por el territorio del otro o sirven de límites entre los dos Estados, ambas Altas Partes Contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas.
“Esta disposición no se podrá interpretar en el sentido de privar a ninguno de los dos Estados del derecho de usar, de una manera justa y equitativa, dentro de los límites de sus territorios respectivos, dichos ríos y otros cursos de agua para el riego de las tierras y otros fines agrícolas e industriales”.
En consecuencia, a Haití le asiste el derecho a crear su canal de riego de desvío de agua del río Masacre a su territorio y lo que incluso, se confirma con lo acordado el 30 de noviembre de 1979, tras un acuerdo bilateral, por el que los cancilleres de República Dominicana y República de Haití, Ramón Emilio Jiménez hijo y Edner Brutus se reunieron para inaugurar una obra sobre un afluente fronterizo, similar al que actualmente es objeto de conflicto por el canal para desviar las aguas del río Masacre. ¿Y entonces? (DAG-OJO)
