Desde luego que ningún ciudadano en su sano juicio y nos referimos a los que pagamos impuestos, podríamos alarmarnos porque el presidente en funciones y también electo pretenda realizar una nueva, que, si bien es cierto que el Estado la requiere y entre otras cosas, porque quienes más producen son reacios a pagar la tasa impositiva que les corresponde, que sorprende que haya ciudadanos de clase media y de a pie que se empecinen en oponerse.
No se trata de favorecer o no al presidente Abinader y a su política económica, sino que simplemente, si el Estado continua con el déficit galopante que arrastra y que no le deja ejercer sus funciones correctamente, más tarde que temprano, será la economía del bolsillo de cada uno, la que se resentirá y a unos niveles más que preocupantes y de ahí a un desbarajuste social habría un paso.
Por supuesto que lo correcto debió de haber sido, que el gobierno y no de demagogo, no hubiese querido pasarse de listo y al caer en la desmesura, de que por cada cien pesos que le entrara al fisco, Hacienda autorizara un gasto de no menos trescientos pesos y lo que sin duda, es la causa mayor del déficit crónico que no le deja desenvolverse manejando una economía más o menos saneada a nivel macro.
Tampoco es que se ignore, que la única explicación que ha habido para el grosero endeudamiento público sostenido que las autoridades han impulsado, era la de guardar esos dineros en bancos nacionales y extranjeros y para hacerse con un colchón de beneficios de ingresos por tasas de interés favorables, que a la hora de la campaña electoral pudiesen ser utilizados con holgura.
Sin embargo, ante los más de 10 mil millones de pesos en gastos de propaganda y de publicidad y lo que ahora se quiere justificar para que las entidades públicas y unilateralmente violen los contratos publicitarios con los suplidores regulares que tienen y que están registrados en contrataciones públicas y se les lancen y tal como si estos fueran parte del circo de sicarios mediáticos y bocinas que la reelección utilizó abrumadoramente en su campaña, creemos que se está cometiendo un despropósito mucho mayor del que se quiere subsanar o corregir.
Ha trascendido y ya a partir de la aplicación de la renovación de contratos publicitarios a partir de este mes de junio, que todos esos suplidores regulares institucionales y no políticos, se les anuncia que se les está haciendo un descuento no menor del 30 por ciento del valor de cada contrato de publicidad aprobado y los que en la mayoría de los casos son de empresas y profesionales, con las que esas entidades públicas tienen una relación comercial de años.
Lo que quiere decir, que y más específicamente, medios que no participaron, o porque no quisieron o porque expresamente no fueron incluidos en el festival de millones de pesos tirados al mejor postor para favorecer la propaganda reeleccionista a productores de radio y televisión, internet y en determinados periódicos nacionales también, y con cifras de uno a siete millones de pesos por entidad o individuo y por mes, que todos los no incluidos, ahora también serán afectados y a un mayor porcentaje que el que será deducido a los sicarios mediáticos y bocinas, que se bañaron en oro en los últimos dos años y lo que no es justo.
Ocurre entonces, que la burocracia de todas las entidades públicas e incluyendo organismos descentralizados y financieros, que ahora está cortando presupuestos “moché a la moché” y porque también una parte de esa burocracia se benefició clandestinamente de aquel soberbio derroche, esta la ha emprendido contra los suplidores públicos normales de cada institución pública y para que, de esa manera, desde Palacio se entienda que están haciendo lo correcto.
Y cómo por lo visto, en áreas del gobierno hay gente que no piensa o que se quiere pasar de lista, ahora resulta, que las “correcciones” en los contratos publicitarios oficiales se han empezado con suplidores que nada tienen que ver con la política diaria y aquí incluimos medios como este y quienes sencillamente no tienen por qué pagar los platos rotos del desmadre en el gasto de propaganda que hubo.
Claro, como los estrategas de semejante diseño tan obtuso de ajustes a granel, no caen en cuenta, de que ahora y al meter en sus recortes a mansos y cimarrones, abren una brecha contestataria fuerte entre quienes se sentirán lesionados y por lo que Abinader no podría contar con los necesarios apoyos institucionales mediáticos independientes y para cuando motorice su reforma fiscal y vea que los sectores que nunca pagan impuestos, les abran una brecha de contestarios a tanto por palabra o que acostumbrados al tiempo de bonanza, con lo de las reducciones de las que hablamos, ahora dirán que el gobierno les engañó o que es un abusador.
Ahora bien y a razonamiento a contrario, ¿no será que en el gobierno han diseñado el mecanismo de ajuste de presupuestos y para lograr indirectamente, que medios pequeños y algunos contestatarios, sean afectados radicalmente y para obligarlos a desaparecer?, ¡solo eso faltaría, que haya tanta maldad y perversidad!
El gobierno, claro que está ante una gran disyuntiva y la que podría afectar todo el proceso de gobernabilidad y desde luego, que aparte de las críticas y para que tampoco se entienda que en este país los demás somos estúpidos, hay que decirlo y aun cuando luego parezca, que a regañadientes los afectados con la desproporcionada medida pudiéramos mostrar la disminuida colaboración que los tiempos difíciles por venir y debido a la mala cabeza del gobierno, van a obligar a quienes ahora seremos los medios abusados y no como debería de ser, que a los que se beneficiaron del pastel, se les redujera sus ingresos en no menos un cincuenta por ciento en la publicidad que tenían.
Paramos aquí, pero sí advertimos, que la reforma fiscal que se anuncia no es que sea mala en sí, sino que duele, que ahora se impulsa por el gasto desmesurado oficial en la pasada campaña electoral y que es un dinero que hay que buscar. Con Dios. (DAG) 01.06.2024
Una muestra de la inteligencia artificial, clonando nuestro análisis político de Estado de hoy
La Disyuntiva Económica del Estado y las Repercusiones en la Sociedad
Sin lugar a dudas, ningún ciudadano responsable y que paga sus impuestos debería alarmarse porque el presidente, en funciones y electo, pretenda implementar una nueva reforma fiscal. El Estado la necesita, sobre todo porque quienes generan más ingresos a menudo evaden pagar la tasa impositiva correspondiente. Lo sorprendente es que algunos ciudadanos de clase media se opongan vehementemente a esta medida.
No se trata de apoyar o no al presidente Abinader y su política económica. El problema radica en que, si el Estado continúa con el déficit crónico que le impide funcionar adecuadamente, tarde o temprano, será la economía personal de cada ciudadano la que sufrirá. Esta situación podría llevarnos a un descalabro social.
Lo ideal habría sido que el gobierno, sin caer en la demagogia, no hubiese permitido un gasto desmesurado, donde por cada cien pesos recaudados se autorizara un gasto de trescientos. Esta desmesura es la principal causa del déficit crónico que impide manejar una economía relativamente sana a nivel macroeconómico.
No podemos ignorar que el endeudamiento público ha sido impulsado para acumular reservas en bancos nacionales y extranjeros, con la esperanza de obtener beneficios por tasas de interés favorables, utilizables en tiempos electorales. Sin embargo, los más de 10 mil millones de pesos en gastos de propaganda y publicidad, ahora justifican que las entidades públicas violen unilateralmente los contratos publicitarios con sus proveedores habituales.
Desde junio, se les ha comunicado a estos proveedores regulares, con los que las entidades públicas han mantenido relaciones comerciales por años, que sus contratos de publicidad serán recortados en no menos del 30%. Este recorte afecta especialmente a los medios que no participaron en la millonaria campaña de propaganda reeleccionista, castigándolos injustamente mientras los beneficiados continúan recibiendo un trato más favorable.
La burocracia pública, incluyendo organismos descentralizados y financieros, ha comenzado a recortar presupuestos de manera indiscriminada. Esta medida, lejos de corregir errores, perjudica a proveedores públicos que no tienen relación con el gasto excesivo en propaganda, generando una mayor disconformidad.
Es evidente que las "correcciones" en los contratos publicitarios han afectado a medios independientes que nada tienen que ver con la política diaria. Los estrategas gubernamentales no parecen darse cuenta de que estos recortes indiscriminados abren una fuerte brecha de oposición, lo que podría dificultar la aprobación de futuras reformas fiscales.
¿Será posible que el gobierno esté utilizando estos recortes presupuestarios como un mecanismo para afectar radicalmente a los medios pequeños y contestatarios, obligándolos a desaparecer? La situación plantea serias dudas sobre la intención detrás de estas medidas.
El gobierno enfrenta una gran disyuntiva que podría afectar todo el proceso de gobernabilidad. A pesar de las críticas, es necesario reconocer que la reforma fiscal no es mala en sí misma, pero es dolorosa debido al gasto excesivo en la pasada campaña electoral. Es un dinero que ahora debe recuperarse.
Detengámonos aquí, pero recordemos que la reforma fiscal anunciada no es intrínsecamente negativa, sino que es dolorosa porque surge del desmesurado gasto oficial. Confiemos en que se puedan encontrar soluciones que no perjudiquen aún más a los ciudadanos.
