Desde que este país inició en junio del 1966 su andar como país con gobiernos democráticos hijos de elecciones libres y fundamentalmente nunca fraudulentas, los dominicanos aprendimos que los gobernantes tenían muy claro que tenían y debían respetar la libre opinión como fundamento de una sociedad en la que la libertad a la opinión contestataria es el proceder correcto para frenar cualquier tipo de exceso gubernamental.
En este aspecto, hay que recordar, que ni siquiera en lo peor de la Guerra Fría en los gobiernos del presidente Balaguer, conocidos como los doce años (1966-1978) donde el militarismo radical anti comunista heredado del gobierno provisional anterior del presidente García Godoy, había diezmado las filas rebeldes de la izquierda radical, nunca hubo la situación actual, de un gobierno cazando voces disidentes en las redes sociales y lo más increíble, contando con la ayuda del periodismo dependiente de los medios tradicionales que controlan los barones mediáticos.
Se ha llegado tan lejos, que ese periodismo de bastardos, utiliza sus medios para detractar, burlarse , acosar y perseguir a periodistas y comunicadores de critica abierta, quienes posicionados como el periodismo ciudadano, le hacen contrapeso a los medios, periodistas y comunicadores de la llamada prensa mercancía, que como se ha visto, cuentan con el apoyo tácito de los miembros del gobierno en la sombra del llamado Consejo Nacional de Competitividad y a la cabeza, el grupo de comunicaciones Corripio, lo peor de lo peor en el “mundo civil” de represión total contra la libertad de prensa de los periodistas.
Todavía más, la represión es tan absoluta, que ya hay periodistas y comunicadores perseguidos por la autoridad gubernamental y a un nivel tan desagradable, que ni el Defensor del Pueblo se atreve a recibir ningún tipo de querella proveniente de periodista, comunicador o medio que se sienta acosado por la embestida gubernamental de atropello continuo del ejercicio de las libertades de palabra, información y prensa desde los mejor del periodismo ciudadano y por lo que se está viendo, buscando que la población acepte, que a los señalados abusivamente por ejercer este “nuevo tipo de terrorismo”, que en realidad, no es otra cosa que un uso atrevido de la libertad de palabra y en lo referente a la vida privada de las personas, pero que en el gobierno quieren hacer entender que también abarca el aspecto privado de sus funcionarios, está llegando a unos niveles represivos, que si la comunidad periodística independiente no se pronuncia, poco podría faltar para que la cortina de hierro que los medios y periodistas que patrocinan el proyecto de ley mordaza quieren imponer, pudieran llegar a que el gobierno les complazca.
Lo primero que debe especificarse, es que, para el periodismo ciudadano, todo hecho de enriquecimiento ilícito o corrupción achacable a algún funcionario en los tres poderes del Estado, es un delito social que debe ser denunciado y atacado fuertemente y siempre acompañado de una denuncia ante el Defensor del Pueblo y que hasta ahora ha sido el detalle burocrático que muchos no han tenido en cuenta.
Lo segundo, que, si bien es cierto que cualquier funcionario y como cualquiera otra persona, tiene libre albedrío en materia de sus conducta o vicios sexuales, no lo es menos, que los funcionarios NO tienen vida privada en su comportamiento individual y como tales, se encuentran obligados a la investigación constante y continua de todo medio de comunicación tradicional o en las redes sociales, quienes son los protectores de la sociedad y en el aspecto de velar por el respeto a las buenas costumbres desde el funcionariado público.
Lo tercero, que desde el momento que un ciudadano -empresario o banquero para más señas- acepta un nombramiento oficial via un decreto presidencial y por más honorifico que el mismo diga, automáticamente queda sujeto a la vigilancia e investigación mediática independiente y mucho más, si y como se está presentando en Competitividad, allí hay clanes de malhechores de cuello blanco apropiándose de los recursos públicos con supuesta calidad para diseñar los presupuestos oficiales y hacia donde deben ser dirigidos los contratos públicos y las contratas y en particular de suplidores del Estado o como empresas de ingeniería beneficiadas con acuerdos operativos de falsas licitaciones y lo más bochornoso, de barones mediáticos miembros de Competitividad, ejerciendo un detestable mercado de influencias a favor de sus empresas o imponiendo un chantaje continuo para las dependencias públicas que no se dobleguen a sus presiones.
Y lo anterior hay que puntualizarlo, porque por primera vez en estos últimos 64 años de dictadura partidocrática y empresarial, no se había visto a un gobierno como el actual, con semejante vocación de atropello a la libre opinión y de persecución y acorralamiento del periodismo y la opinión libre y el que por la ferocidad empleada, realmente su presidente se ha creído que tenga licencia para actuar como un déspota, que no conoce freno en sus atropellos y sin importar Constitución, leyes o reglamentos.
¿Por qué el llamado Defensor del Pueblo no envía un acto de alguacil advirtiendo al presidente Luis Abinader y en momentos que este se encuentre en su pantomima de “rueda de prensa”, de advertirle que su gobierno está violentando seriamente la libertad de palabra, de información, de disidencia y de la prensa independiente? Si lo hiciera, la nación se daría cuenta de hasta donde y a qué nivel, este presidente y personalmente está atropellando las libertades públicas.
Pero hay algo mucho peor, el descarado silencio y complicidad de los tres expresidentes, quienes, por la salvaguarda de sus intereses personales y políticos, miran a otro lado y haciéndose cómplices de los atropellos oficiales.
¿Qué es eso de imponer una secuela de querellas ante los tribunales y al mismo tiempo y en varios distritos judiciales contra un comunicador de fama de maledicente y quien desde su plataforma en el exterior se pronunciara sobre situaciones que para el gobierno y sus funcionarios son de herejía pura y al grado, de hasta haber cometido la violación internacional de secuestrarlo militarmente en el crucero en el que se encontraba y ya en aguas internacionales?
¿Quién ha dicho que por que una persona, que debido a su oficio utiliza un chaleco de balas, el gobierno le aprese y le formule cargos para que un tribunal abusador le condena a cárcel y todo para hacer creer que no es porque está afectando los derechos de esa persona como editor de una página de críticas en internet?
¿De donde sale, que porque una comunicadora en las redes se vaya de boca y desnude directamente la conducta y costumbres sexuales de algún funcionario y lo que ciertamente es un exceso, toda vez que nadie debe meterse con esa parte intima de la vida privada de las personas que son funcionarios públicos, haya que atropellarla, acorralarla y pretender humillarla hasta lo indecible, cuando nuestro sistema jurídico tiene apartados constitucionales y procedimentales para someterla ante la Justicia?
Es hora de que el presidente Abinader tome una decisión sobre estos atropellos continuos y otros del mismo tipo que se están cometiendo por toda la nación contra la libre comunicación y el periodismo ciudadano y la mejor vía, debería de ser, que Abinader emita un decreto de amnistía para los casos de este tipo que ya están en curso. Naturalmente y si es que al presidente se le olvidó que como político debería quitarse de encima todo lo que no le beneficia para su mandato, ahora bien y si lo que quiere es imponer la dictadura, pues que siga para adelante y ya se verá.
Nosotros solo nos contentamos con advertir, que el que el gobierno entienda que una persona que sea comunicadora también sea un potencial terrorista y que haya que tratarla como tal, le revela como una autoridad despótica que se entiende sin frenos constitucionales y legales algunos y a lo que hay que oponerse con decisión. Con Dios. (DAG) 25.07.2025
última actualización: 10:28 am.
