El expediente del caso Calamar, de presunta estafa al Estado, tiene “una debilidad congénita” que procura abrumar a la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito nacional, afirmaron los abogados Martín Mañón Lara y Braulio Casillo, representantes de los querellantes.
Involucra, entre otros, a los exministros José Ramón Peralta, Donal Guerrero y Gonzalo Castillo. Son imputados de desviar dinero mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y sobornos en la campaña de 2020.
“Un exceso de papeles sin valor, para dislocar a la defensa con piezas dispersas que resultan difíciles de organizar para responderlas, sin ningún valor probatorio”, sostienen.
En un informe, dijeron que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) no ha cumplido con los querellantes, en la entrega de parte del dinero recuperado.
Manifestaron que “la cantidad de páginas leídas y presentadas no plantean la solidez de una acusación firme.
Sostienen que la imputación fue hecha mediante instancias depositada ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Indican que los sucesores de Generosa Reyes, al ponerla de ejemplo, representados por Mañón Lara, plantean que el Ministerio Público los engañó y presentan al Estado como un violador de los derechos de propiedad de las personas pobres, a quienes, cuando por algún milagro obtienen el pago, los persigue.
Indican que el viernes empieza la presentación de los abogados del Estado, “beneficiarios de un contrato que les otorga el 15 % de los ingresos que logre el Ministerio Público, algo que muchos ven difícil de justificar, sobre todo, en el acuerdo con Fernando Crisóstomo, quien solo ha devuelto un cheque por 50 millones de pesos”.
Expresan que, ante ese escenario, pocos están conformes y menos los querellantes. Citan que once han retirado querellas. (HOY-OJO)
