La jueza Yerixa Cabral de la Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso tres meses de prisión preventiva a cuatro de los once agentes de la Policía Nacional implicados en la muerte a tiros de cinco hombres durante un operativo en una plaza comercial del sector La Barranquita, al suroeste de la ciudad. Para los demás acusados, la magistrada ordenó medidas menos severas.
El tribunal, durante la lectura de sus motivaciones sobre las medidas de coerción contra los policías, destacó la gravedad de los hechos, según explicó el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución.
«Una de las cosas que estableció el tribunal fue la gravedad de estos hechos. Incluso, y fue una exhortación que hizo el tribunal en sus motivaciones, que aunque hechos de esta naturaleza se han producido en otras ocasiones en República Dominicana, no deben ser normalizados y que se haga una investigación, investigación, repito, que nos hemos comprometido desde el Ministerio Público a realizar y llegar hasta las últimas consecuencias», manifestó Camacho al salir de la audiencia, que se extendió por más de seis horas e incluyó dos recesos de unos 30 minutos cada uno.
Por su parte, el abogado Carlos Balcácer señaló que con la indagación ordenada por la magistrada Yerixa Cabral de la Cruz se busca confirmar si los imputados dispararon contra las víctimas —Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly y/o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25— en legítima defensa.
«La jueza entendió que, de una u otra forma, se amerita una investigación para determinar si hubo el caso de la legítima defensa, que es la única circunstancia que la ley le permite a cualquier ciudadano reaccionar ante un conflicto con la vida», agregó el representante de varios de los vinculados.
Por qué medidas de coerción distintas
El jurista Carlos Balcácer indicó a periodistas de este medio, que la corte, al momento de imponer medidas de coerción distintas a los 11 policías implicados en el caso La Barranquita, tomó en consideración lo siguiente:
1- «Las muestras de experticia que indicaban que, de los 11 imputados policiales, hubo resultados positivos en cuatro en cuanto a que sus armas fueron disparadas».
2- «Algunos de los imputados ni siquiera estaban armados, como el caso de Cesar Augusto Trinidad, cuya arma está retenida por asuntos legales ajenos a dicho tema».
3- «Porque, en la instancia de solicitud de imposición de medida de coerción, el propio Ministerio Público hizo un levantamiento de tres vehículos propiedad de tres de las víctimas fallecidas (un automóvil Kia color blanco, un Mazda y un Honda Civic), en cuyo interior fueron encontradas armas de fuego de alto calibre, como por ejemplo, una Uzi, dos pistolas calibre 45, con cargadores y decenas de cápsulas sueltas del mismo calibre; rastro de pólvora en los asientos y guías, que al igual un fusil calibre 5.57».
Quiénes cumplirán prisión preventiva y cuáles no
Los agentes que deberán cumplir la prisión preventiva en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, son:
- El raso José Octavio Jiménez Peña.
- El sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz.
- El sargento Hairo Mateo Morillo.
- El cabo Yohandy Encarnación.
Los que no
Mientras que se les impuso una garantía económica de un millón de pesos, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica a:
- Mayor Álvaro Paredes Paniagua.
- Mayor Hansel Michel Cuevas Carrasco.
- Capitán José Ignacio Gómez Rodríguez.
- Segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas.
- Cabo Geyser Francisco Álvarez Rodríguez
- Cabo César Augusto Martínez Trinidad.
- Raso Adrián Miguel Villalona Pineda.
De igual forma, la magistrada declaró el proceso de tramitación compleja. Además, acogió la solicitud del Ministerio Público al autorizar una orden de protección en favor de las víctimas y testigos del proceso.
Acusación
El Ministerio Público estableció en la solicitud de medida de coerción que los agentes policiales llegaron a la plaza en tres vehículos (dos carros: un Mazda y un Honda Civic, y una KIA, modelo K5 del año 2013) y, sin mediar palabras, dispararon contra las víctimas en presencia de un testigo que pudo grabar lo sucedido, a quien le quitaron su teléfono móvil.
Además, detalla que sustrajeron los DVR de los negocios del lugar del hecho, “así como varios teléfonos pertenecientes a distintas personas presentes en el lugar, con el interés de destruir evidencias del proceso, así como para entorpecer y obstruir la investigación”.
Incluso, agrega la instancia, llamaron al propietario de un negocio que estaba cerrado solo para que le entregara el DVR del local, el cual tomaron y se lo llevaron.
El caso recibió la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario. (HOY-nc / OJO)
