Perú decidió el lunes romper relaciones diplomáticas con México después de que el canciller peruano, Hugo de Zela, constatara que Betssy Chávez, exjefa de gabinete del país andino, se encuentra asilada en la residencia de la Embajada mexicana en Lima.
Chávez, abogada de 36 años, comenzó su carrera política tras ser elegida como congresista en las elecciones generales de 2021 para representar a la austral región de Tacna en el Congreso de la República del Perú para el período 2021-2026.
En el Gobierno del presidente Pedro Castillo, desempeñó los cargos de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (de octubre de 2021 a mayo de 2022), ministra de Cultura (de agosto a noviembre de 2022) y de presidenta del Consejo de Ministros (entre el 25 de noviembre y el 7 de diciembre de 2022).
La Fiscalía peruana ha señalado a Chávez como presunta coautora de «intento de autogolpe» de Estado en diciembre de 2022, acusándola de haber participado en la planificación y ejecución de dicha medida. Por estos hechos, ha enfrentado un proceso judicial por rebelión y conspiración contra el Estado peruano.
De hecho, la mujer estuvo detenida en un centro penitenciario de Lima desde junio de 2023 hasta septiembre del año siguiente, cuando el Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata al concluir que había sido víctima de una detención arbitraria, ya que la Fiscalía no solicitó a tiempo la ampliación de su prisión preventiva. No obstante, la investigación penal en su contra siguió abierta.
En paralelo, la Comisión Permanente del Congreso peruano aprobó un informe que recomienda inhabilitar a Chávez durante diez años para ejercer cualquier función pública, arguyendo que infringió artículos constitucionales durante el mencionado «intento de autogolpe».
Asimismo, el Ministerio Público peruano solicitó restricciones sobre el contacto de la expolítica con diplomáticos y embajadas, en un intento de evitar que buscara refugio en el extranjero. A pesar de ello, logró llegar a la Embajada de México en Lima, donde actualmente se encuentra bajo protección diplomática mientras espera la formalización de su solicitud de asilo político.
El actual Gobierno peruano considera a Chávez una prófuga de la Justicia que debe enfrentar los cargos en su contra, mientras que, desde el punto de vista del Ejecutivo mexicano, se trata de una perseguida política víctima de un sistema judicial instrumentalizado para castigar a opositores del gobierno encabezado por el presidente José Jerí. (RT)
