El escenario de la negociación que venía desarrollando el Gobierno dominicano, así como otros países de América Latina, con la administración estadounidense para eliminar, entre otros puntos, el arancel recíproco del 10%, ha cambiado de manera sustancial tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revertir los aranceles impuestos por el presidente, al considerarlos ilegales. Como respuesta, el mandatario anunció la imposición de un nuevo arancel global del 15%.
A diferencia del anterior gravamen del 10%, cuya permanencia se daba prácticamente por descontada, este tendría un carácter transitorio: según la legislación que lo sustenta, solo podría mantenerse vigente durante 150 días, salvo que el Congreso decida extenderlo o ratificarlo.
Negociar para derribar una muralla que se presumía permanente no es lo mismo que hacerlo frente a una estructura provisional. La diferencia no es menor. Sin duda, ello obligará a recalibrar la brújula que orienta las conversaciones, pues el puerto al que se aspiraba arribar —considerado firme y duradero— ha desaparecido con la marea provocada por el fallo judicial. A partir de esta sentencia, el Gobierno dominicano no solo deberá ajustar sus metas, sino también replantear su estrategia, ya que las reglas del juego han cambiado.
Esta realidad es aplicable a cualquier proceso de negociación, pero adquiere mayor relevancia cuando, para alcanzar un objetivo, deben concederse aspectos sensibles, como una mayor apertura del mercado dominicano a los productos estadounidenses o compromisos en materia de seguridad. No es un asunto menor: ha quedado en entredicho el principal incentivo que impulsaba la negociación por parte dominicana antes de iniciar el inevitable descenso hacia el terreno de las concesiones. (HOY-mm / OJO)
