La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) afirmó que las recientes decisiones del Tribunal Constitucional (TC) sobre la extinción de la acción penal “no sólo reafirman el principio de motivación judicial, sino que consolidan la legitimidad del sistema de justicia dominicano”.
Señalando que “estas sentencias establecen un estándar riguroso que impide la emisión de resoluciones genéricas. Asimismo, garantiza que el cálculo de los plazos procesales sea transparente y verificable para todas las partes”.
Explicándose, que, “si bien la normativa procesal penal establece plazos máximos, el TC ha sido enfático en que cualquier extensión o denegación de la extinción debe estar debidamente fundamentada”.
Sostuvo que “el órgano de control exige que las causas de dilación —ya sea por la complejidad del caso o tácticas de las partes— se expresen de forma clara, evitando decisiones basadas en cálculos puramente numéricos que no permitan comprender el razonamiento tras el tiempo transcurrido”.
Uno de los puntos clave destacados por Finjus es la “corregulación” entre jurisdicciones.
Puntualizando, que “la intervención del TC no busca sustituir al juez natural, sino asegurar que este actúe bajo el marco de la Carta Magna.
“El TC actúa como contrapeso frente a decisiones de la jurisdicción ordinaria cuando estas omiten garantías constitucionales. La anulación de sentencias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) responde a un estándar de revisión que exige parámetros explícitos, sin suprimir la facultad de los tribunales de fondo”, se señaló.
No obstante, “se reconoce que estos fallos ponen de relieve desafíos prácticos significativos en la gestión procesal y la interpretación normativa de la extinción penal”.
Así mismo, se lamentó que se actúe «como si el precedente constitucional no existiera», generando incertidumbre en la ciudadanía.
Reiterándose “que ningún tribunal, independientemente de su jerarquía ordinaria, está por encima de la Constitución ni de la interpretación oficial que de ella emana del TC.
Considerando “que la resistencia de ciertos jueces a acatar los fallos del tribunal de cierre constitucional no es una simple discrepancia jurídica, sino una vulneración directa al ordenamiento democrático. Pues, al ignorarse el carácter vinculante de las decisiones del TC, se compromete la unidad del derecho en la República Dominicana.
«Se fragmenta el sistema de justicia en feudos que aplican el texto supremo según sus particulares criterios. La desobediencia de la Segunda Sala de la SCJ pasa de castaño oscuro, pues están llevándose de paso el principio de supremacía constitucional», se puntualizó. Sosteniéndose que, si persiste esta «rebeldía judicial», el Tribunal Constitucional tiene la facultad y el deber de informar estas irregularidades al CNM”.
De su lado y en una postura más crítica, el jurista Julio Cury calificó “como una situación de «extrema gravedad» la actitud de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al ignorar los precedentes vinculantes del TC”.
Advirtió que “este comportamiento constituye una falta grave que podría derivar en sanciones disciplinarias ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)”. (LD-rcb / OJO-jj)
