Una fuerte epidemia de ilícitos a gran escala se ha estado desarrollando en la mayoría de las dependencias de justicia en el interior del país y en los barrios periféricos de las ciudades y en particular las del Gran Santo Domingo y provincias de La Altagracia, Barahona y Pedernales, donde los atropellos son continuos contra los ciudadanos, quienes entendiendo que la justicia puede asistirles, caen en las garras de fiscalizadores abusadores y corruptos, que los encarcelan sin importarles afectar el estado de derecho y violentar sus derechos adquiridos.
“Yo soy la autoridad y aquí usted solo debe callarse y si no quiere ir a la cárcel”, ese es el discurso arbitrario de muchos de esos fiscalizadores y en particular los de la provincia de La Altagracia, donde esos funcionarios se coluden con individuos que quieren robarse la titularidad de propiedades amparadas en sucesiones abiertas.
El mecanismo que se emplea es simple y determinante: Al que denuncia la afectación de sus derechos, el fiscalizador de que se trate -hombre o mujer- y quien ya está bajo soborno de la otra parte que quiere apoderarse del bien, ordena el apresamiento inmediato de quien se queje y ordenándosele a la policía que le meta preso en una de esas cárceles inmundas que esta tiene por todo el territorio nacional y en donde los derechos de esos “presos” les son negados a lo absoluto.
Los abusos que se están cometiendo son reiterados y lo que habla de una política expresa, que de tan regular, ya llega a las redacciones de los medios en las redes sociales y debido a que los medios tradicionales no las acogen, lo que obliga a exigirle al llamado “Defensor del Pueblo”, funcionario que se embolsilla cada mes cerca de 600 mil pesos de salario, a que justifique su trabajo y salga a inspeccionar cárceles y oficinas de fiscalizadores, fiscales y hasta jueces y si no quiere sorprenderse de que cualquier día estalle un verdadero levantamiento popular de origen social doméstico. (DAG-OJO).
