Un giro radical sacudió anoche el panorama judicial cuando la jueza Altagracia Ramírez limpió de culpa a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta al dictar un “no ha lugar”, sentenciando que la Fiscalía no llevó pruebas que sirvieran para abrirles un juicio por corrupción.
Ambos exfuncionarios respiran libres tras defender a capa y espada que sus gestiones fueron transparentes y que el caso era puro “aire”.
Sin embargo, la suerte no fue la misma para Donald Guerrero, ex exministro de Hacienda durante el gobierno de Danilo Medina, debido a que su abogado no pudo demostrar su inocencia y esquivar el juicio de fondo y tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados para responder a los duros señalamientos del Ministerio Público.
Ante esto, la barra de la defensa de Guerrero cuestionó la legalidad del proceso, argumentando que las pruebas de la Contraloría General poseen vicios de origen, y que la acción penal contra su cliente ya se encuentra prescrita.
Por otra parte, otros 28 imputados, entre estos el abogado Angel Lockward, del caso Calamar tendrán que ir también ante el tribunal a responder en un juicio de fondo por los actos que les son imputados.
A su salida del tribunal, Gonzalo Castillo proclamó ante la prensa y eufórico: “Voy con tó’ “.
Todo sobre el fallo
Con esta decisión judicial, se ordenó el cese definitivo de las medidas de coerción que pesaban sobre los imputados, así como el levantamiento de diversas oposiciones de carácter financiero e inmobiliario.
El tribunal dictaminó él no ha lugar y la consecuente exoneración de responsabilidad penal, a los ciudadanos José Ramón Francisco de Jesús Peralta, Gonzalo Castillo Terrero, Marcial Reyes, Rosa Arias Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena.
De acuerdo con la resolución del tribunal, las pruebas aportadas por la parte acusadora resultaron insuficientes para dictar un auto de apertura a juicio en contra de los imputados mencionados.
En consecuencia, la magistrada ordenó el cese inmediato de todas las medidas de coerción de carácter personal que les habían sido impuestas, aclarando que en el caso del ciudadano Daniel Rosa Arias no le fueron impuestas medidas restrictivas en este dictamen.
En el aspecto civil, la decisión judicial dispone la exclusión total del proceso en calidad de terceros civilmente demandados de los siguientes ciudadanos y entidades jurídicas. César Emilio Rivas Martínez, José Martínez Quirico (y/o de Martínez), Emilio Manuel, la razón social Alexis Rodríguez y Asociados (Firma de Abogados Asociados).
Asimismo, el tribunal rechazó la solicitud de imposición de medidas de coerción reales (embargos y congelamiento de fondos) que había sido interpuesta.
Hechos antes del fallo
Desde la tarde de este viernes se vivió un ambiente de intensa expectativa e incertidumbre en el salón de audiencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde los imputados del Caso Calamar, sus abogados y decenas de periodistas esperan el fallo, sus abogados y decenas de periodistas esperan la decisión que ya acumulaba horas de retraso y lo que posteriormente fue explicado por la juez, Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción, que quiso presentar un fallo único y definitivo y nada de resumen.
Un proceso de cinco años bajo la lupa
Esta esperada resolución se produce tras más de cinco años desde que se iniciaron los primeros interrogatorios en febrero de 2021. A lo largo del proceso, las defensas han criticado duramente el caso, señalando que el expediente ha excedido de manera irrazonable los plazos de la ley y cuestionando la validez de los informes de la Unidad Antifraude de la Contraloría. (LD-tcb / OJO-jj)
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