Todo comenzó a adquirir carta de identidad, desde el momento que en el Congreso Nacional, los desalmados que siempre han estado allí crearon la ley que protege las operaciones financieras y el secreto bancario y con el pretexto de esconder el crimen de usura.
A partir de ahí, las diversas formas de extorsión mediante un sicariato profesionalizado caza deudas, fue establecido y gracias a la bendición del Estado y el que a ese momento comenzaba a graduarse de delincuente.
Continuó con gobiernos desalmados abiertamente y con presidentes traficantes directos de influencias a partir del año dos mil y repuntando en el lapso 2004-2012 con jefes de Estado y de Gobierno que participaban directamente y desde el despacho presidencial, en negociaciones y transacciones de negocios e inversiones y bloqueo de inversionistas para favorecer a determinados grupos económicos.
Siguió con el establecimiento de una cobertura mediática desde los medios tradicionales y protectores de todas las variables de capitalismo salvaje, según el ejercicio y método operacional de sus dueños empresarios, quienes ya se habían entrenado con la evasión fiscal a gran escala, el lavado de activos y los asesinatos por encargos.
Culminando con la barbaridad y ocurrida hace un año, de la auto destrucción de una sala de fiestas con 400 clientes en su interior y por la única razón de que un grupo económico se sintió menospreciado al negarle otro la venta de una gran institución financiera y “herido en su amor propio”, se decidió “vengar la afrenta” provocando las muertes de dos altísimos ejecutivos bancarios y de seguros y de los dos, una, cabeza de la nueva y pujante banca digital que recién comenzaba a avanzar en su desarrollo.
Concomitantemente, ocurre y hablando en criollo, “el acabose” en los lupanares mediáticos en las redes sociales, donde infames ratas parlanchinas adiestradas en la difamación e injuria como armas de reglamento, se encargaron con enturbiar y tratar de esconder todo lo relativo a la maquinaria criminal que había ordenado la destrucción de la sala de fiestas afectada.
Situación en la que ahora se está, nublando y escondiendo los pormenores del crimen colectivo y en lo que a estas alturas, el estado delincuente ya tomó participación directa y su presidente, lo que parecería y salvo prueba a contrario, un detestable accionar institucional encubridor, que solo en un país donde la mayoría de sus ciudadanos dejaron de ser tales para reconvertirse en cómplices de la criminalidad existente y al estar dormidos por el ámbito de corrupción público-privado más generalizado y vil.
De esta forma, el Estado Dominicano es ya uno fallido y en el que los tribunales han sido convertidos en paredones para ejecución inmediata de la verdad y aniquilamiento absoluto de la libre expresión y que ha sido la razón, de que de pronto, los desalmados legisladores, todos con una gran cola larga de amoralidad y delitos de cuello blanco, han emitido leyes expresamente dirigidas contra el ejercicio de la libertad de palabra, de conciencia, de opinión y de prensa y en el más grave despropósito inconstitucional de afectación del derecho ciudadano a la libertad de crítica.
¿Una muestra? De acuerdo con un informe periodístico en el matutino centenario capitaleño, se publica, “solo que enero y abril del año en curso, el Departamento contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional recibió 62 casos”. Y observando con gran preocupación que la “cifra no incluye las denuncias que son depositadas de manera directa ante la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (PECDAT), adscrita a la Procuraduría General de la República”, obligando a la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos ha pronunciarse al respecto y al decir, que «hay una creciente ola de difamación pública y delitos electrónicos». Y para plantear su opinión en cuanto a que “estas prácticas no solo saturan el sistema judicial, sino que amenazan con socavar la ética del ejercicio comunicacional en el país”.
Que recordemos, por primera vez un alto cargo del ministerio público y frente al silencio sospechoso de sus superiores, se pronuncia, sobre lo que en toda regla, es un fenómeno y política disociador de ataque directos y por parte de grupos de poder económico e influencias políticas y con miras de aniquilar lo evidente, no solo de que en los medios de comunicación y en las redes sociales nadie critique, sino el de tratar de imponer una cortina de silencios con la amenaza de penas duras contra la expresión de opinión ciudadana y lo que en sí, es el más duro y grave atentado contra el ejercicio de las libertades arriba mencionadas y en particular las de prensa y opinión.
¿Cómo es posible que situación tan irregular haya estado ocurriendo?, desde que aquella mala practica de los dueños y directores de medios tradicionales de imponer la autocensura a sus periodistas, pasara a la tolerancia al poder y al este imponer una dura represión contra periodistas, comunicadores y programas en la radio, televisión e internet y culminando con la barbaridad, de que nada menos que directivos de la sociedad de diarios y del colegio de periodistas y junto a directores de medios tradicionales, elaboraron una ley -pedida por el Poder Ejecutivo- para restringir la libertad de palabra y amordazar la libertad de prensa y que conozcamos, es hecho único en el mundo y para colmos, con directivos locales de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) asesorando en la redacción de leyes específicas sobre este particular y ya vigentes, mientras de contrapartida, los grupos económicos y financieros y en sociedad con el gobierno y la partidocracia, los tres expresidentes y todo el liderato político, apoyaron a los desalmados senadores y diputados, a que redactaran y el Poder Ejecutivo promulgara, el nuevo y reformado Código Penal, de aplicación a partir de agosto próximo y en el que su línea angular es la destrucción absoluta de la libertad de prensa.
A partir de estas iniciativas tan inmorales, entonces, hordas de abogados licenciosos y sin escrúpulos, se han convertido en especie de cartel de persecución y muerte contra la libre expresión y en base a hacer valer a favor de sus clientes, los artículos 21 y 22 de la Ley Núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como en el artículo 367 del Código Penal y generando una especie de epidemia de supuestos quejosos, que dicen, que se sienten afectados por la presunta comisión de difamación e injuria a través de medios electrónicos y audiovisuales y de lo que ya se sospecha, que tras bastidores se encuentran las manos de intolerantes empresarios , banqueros y políticos.
La situación es tan grave en materia de vulneración de las libertades públicas, que en estos 54 años de existencia continua de este medio POR EL OJO DE LA CERRADURA, que naciera y por solicitud del presidente Joaquín Balaguer, quien al principio de 1972, nos pidió en audiencia privada, que quería que creáramos una columna de opinión política “que ataque la corrupción de mi gobierno” y lo que desde entonces, a partir del 19 de marzo de 1972 hemos llevado contra viento y marea y soportando las peores represiones y desafueros.
Primero, de los miembros del corrupto anillo palaciego y siguiendo, la generalidad del poder público y privado y político y en su nivel más amplio de corrupción y criminalidad y de lo que y comenzando por Balaguer en su último gobierno del periodo 1966-1978, que nos expulsó del Palacio Nacional, que era nuestra principal fuente noticiosa “ y para no matarte”, como nos expresara su secretario privado Rafael Bello Andino, en tanto todo el periodismo aplaudía el hecho y siguiendo con todos los demás gobiernos y ni hablar del actual, que llegó al colmo y antes del año de estar en el poder, a desalojarnos de nuestra residencia familiar y con burdos pretextos seudo legales de puro bandidaje político, obligándonos a recoger nuestros motetes y refugiarnos en el interior del país y de lo que ya van seis años.
Por lo tanto, tenemos la autoridad moral suficiente y para reclamar que los poderes públicos: Legislativo. Ejecutivo y Judicial, cesen en su persecución abierta contra el libre ejercicio periodístico así como de la palabra disidente y que es incentivado indirectamente por los miembros del CONEP, COMPETITIVIDAD, la AIRD y la ABA, no por las instituciones en sí mismas y sí por sus válidos y testaferros.
Creemos, que cuando en una nación las libertades se pierden, la primera en caer es la libertad de palabra y cuando en esa misma nación, el poder político gubernamental consiente y participa en tantas tropelías contra el ejercicio de la libertad de prensa no tradicional y en las redes sociales, el último recurso que la nación tiene, es acudir ante el poder fáctico preponderante: EEUU y ahora más, cuando la embajadora Leah Francis Campos-Schandlbauer, en la práctica se ha convertido en la inusual abogada de las causas justas.
Rememores el marco legal: La Ley 61-32 de 1962 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, y la nueva Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. A nivel procesal y bordeando y dando licencia a la represión política, y como muy bien lo recuerda el reporte del matutino centenario capitaleño “la ruta judicial para estos casos quedó rígidamente definida por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia en su sentencia núm. SCJ-SS-22-0563 del 2 de junio de 2022, que determinó que la difamación a través de medios electrónicos es un tipo penal especial que debe ser perseguido como una infracción de acción pública a instancia privada, y no como una acción puramente privada”.
¿Se entiende el por qué planteamos, que cuando un gobierno está conformado por estructuras criminales público-privadas, el asesinato se privatiza y la libre expresión se penaliza y todo medio de comunicación o periodista y comunicador es sujeto de sospecha. ¿A quién acudir? Al poder fáctico superior estadounidense? Con Dios. (DAG) 20.05.2026
