Más de 178.000 inmigrantes africanos han abandonado Sudáfrica en los últimos meses, impulsados por la ofensiva de las autoridades contra la inmigración irregular y por unas protestas contra la inmigración que en ocasiones han sido violentas y que han llevado a muchos a marcharse por temor a sufrir ataques.
Se trata de uno de los éxodos migratorios más importantes de los últimos años en la economía más avanzada de África.
El recuento procede de las autoridades de los países de origen a los que han regresado los inmigrantes. Más de 115.000 personas han regresado únicamente al vecino Zimbabue desde finales de mayo y más de 56.000 han vuelto a Malaui, según los Gobiernos de ambos países. Nigeria, Ghana, Mozambique y Lesoto han informado de que cada uno de ellos ha recibido a más de 1.000 ciudadanos procedentes de Sudáfrica.
Los retornos son una combinación de personas deportadas por Sudáfrica y otras que han aceptado las ofertas de repatriación de Sudáfrica o de sus países de origen, que constituyen la gran mayoría. Sudáfrica afirmó esta semana que unas 19.000 personas habían sido deportadas oficialmente desde abril.
Las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han expresado numerosas preocupaciones por este movimiento repentino de personas, entre ellas la situación de los miles de niños que han sido sacados de las escuelas y la de los pacientes de VIH que han quedado sin acceso a tratamientos vitales.
Estos movimientos masivos ponen de relieve las dificultades de la migración dentro de África, mientras la atención internacional se centra principalmente en los problemas relacionados con la migración desde África hacia Europa, como la crisis desencadenada este mes por las más de 70.000 personas que intentaron cruzar la frontera entre Marruecos y el territorio español de Ceuta.
En Sudáfrica, varios grupos han organizado este año una serie de protestas contra la inmigración ilegal, que culminaron en manifestaciones en todo el país el 30 de junio, una fecha que los grupos calificaron de «ultimátum» para que los inmigrantes en situación irregular abandonaran el país.
Estos grupos sostienen que los inmigrantes sin documentación contribuyen a la elevada tasa de desempleo de Sudáfrica al ocupar puestos de trabajo y que también ejercen presión sobre los servicios públicos. Durante décadas, Sudáfrica, como país más rico de la región, ha atraído a millones de inmigrantes de otras naciones africanas para trabajar en explotaciones agrícolas, restaurantes, construcción y otros sectores de bajos salarios.
Los últimos datos del censo sudafricano, correspondientes a 2022, señalaban que había 2,4 millones de extranjeros en una población total de 62 millones, aunque los grupos que organizan las protestas sostienen que hay muchos más inmigrantes en el país sin documentación.
La migración provoca tensiones entre países africanos
Las protestas contra la inmigración ilegal en Sudáfrica han ido acompañadas de campañas puerta a puerta protagonizadas por grupos de personas. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que algunos inmigrantes han sido amenazados y atacados y que sus viviendas o negocios han sido incendiados, incluso en casos de personas que se encontraban legalmente en el país.
El Gobierno de Mozambique afirmó que 11 mozambiqueños han muerto en ataques en Sudáfrica, mientras que Nigeria y Ghana también aseguraron que algunos de sus ciudadanos fueron asesinados. Sudáfrica ha cuestionado estas cifras y ha señalado que algunas de esas muertes estuvieron relacionadas con delitos como robos y no con las protestas contra la inmigración. Algunas de las muertes están siendo investigadas por la policía.
La situación ha provocado inusuales tensiones diplomáticas entre Sudáfrica y otras naciones africanas, que acusan al país de xenofobia.
Ghana pidió que el supuesto problema de Sudáfrica con las actitudes antimigrantes y xenófobas se incluyera en el orden del día de una reunión de la Unión Africana celebrada en octubre. Sudáfrica bloqueó la iniciativa, pero pidió que se celebraran conversaciones más amplias sobre la migración en África.
Miles de niños, atrapados en las deportaciones y repatriaciones
UNICEF y el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño expresaron en un comunicado conjunto su profunda preocupación por el destino de los niños afectados por estos retornos. Se enfrentan a un mayor riesgo de violencia, explotación, separación familiar y problemas psicológicos, «especialmente cuando los desplazamientos son repentinos, no están documentados y carecen de coordinación», señalaron los organismos.
Aunque algunos Gobiernos no han publicado cifras completas, Malaui afirmó que casi 4.000 niños menores de 5 años se encontraban entre las personas que habían regresado de Sudáfrica. El Comité de Coordinación del Permiso de Exención para Zimbabuenses, una organización no gubernamental, estimó que más de 11.000 niños habían regresado al país a mediados de julio. El Gobierno ha ordenado a las escuelas que no discriminen y que intenten encontrar plazas para los niños que regresan.
Las autoridades sanitarias y las organizaciones de ayuda afirman que muchos inmigrantes huyeron de Sudáfrica sin medicamentos ni historiales médicos, lo que ha generado temor a interrupciones en los tratamientos contra el VIH en una región que registra algunas de las tasas de infección más elevadas del mundo.
Médicos Sin Fronteras (MSF) instaló tiendas sanitarias en el puesto fronterizo de Beitbridge, en Zimbabue, para atender a personas «traumatizadas» tras perder el acceso a medicamentos vitales contra el VIH y otros tratamientos para enfermedades crónicas.
La ofensiva continuará
Las autoridades sudafricanas afirmaron el viernes que unas 3.000 personas siguen esperando ser deportadas en un centro de detención de inmigrantes situado cerca de Johannesburgo, mientras que unos 6.300 inspectores han sido desplegados por todo el país para comprobar si empresas están contratando ilegalmente a inmigrantes que carecen de documentación.
El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha condenado cualquier acto de violencia contra los inmigrantes, pero también ha reconocido los fallos del Gobierno a la hora de hacer cumplir las leyes de inmigración. Ha prometido más tecnología y personal para reforzar las fronteras, nuevos tribunales de inmigración para agilizar las deportaciones y sanciones más severas para quienes empleen a inmigrantes sin documentación. (AP-La Razón)
