Hasta ahora nadie habla con el desparpajo que se utiliza para inculpar, difamar e injuriar desde los mecanismos mediáticos y comunicacionales que ejercen arbitrariamente los llamados “juicios mediáticos” con los que prensa, periodistas y comunicadores, destrozan el estado de derecho e imponen un terror social por el que pocos se atreven a replicar.
Pero lo cierto es, que por más mandatos y ordenes de cumplimiento fijo del estado de derechos que el alto mando militar, el ministerio de Interior y la misma dirección policial, conminan a sus miembros a que actúan apegados a las leyes, todo indica que parecería que existe una estructura o cadena d mandos ilegal y clandestina, por lo que, los efectivos operativos de esas instituciones son incapaces contra semejante intereses económicos clandestinos.
Todo comenzó, desde que se hizo una práctica regular, el que determinados medios, directores y reporteros y también productores de programas en la radio, televisión e internet, recibían de las instituciones tutelares del Estado y la policial, demandaran de determinados mandos de uniforme, que se les facilitaran espalderos y armas incluso y lo que se agravó por esa exigencia de mandos superiores, que dirigida a los operativos que pasarían al arbitrario “sector privado de autoprotección”, cada efectivo tenía que comprometerse a dejar su salario “para uso de los mandos” y lo que ya tenía el viejo antecedente policial desde los años sesenta del siglo pasado, de que cada domingo, millones de pesos en sobres para determinados jefes, periodistas, comunicadores y “amigos de los jefes” eran repartidos y como dinero provenientes de multas y sobornos.
Ningún gobierno y desde los doce años balagueristas y los siguientes y ahora sospechándose su incremento bajo “el efecto PRM” se atrevió a abandonar la deleznable mala práctica y por eso, que ahora con el incremento de la corrupción a gran escala desde el poder, la situación ha llegado a unos niveles tan amplios que abarca todo lo relativo a trata de personas, puntos de drogas y tráfico de indocumentados.
Es decir, se podría decir que la corrupción de uniforme ha llegado a unos niveles absolutamente nunca imaginados y ya convertida en un serio atentado a la misma seguridad nacional.
Entonces y al conocerse este entramado, que ha tenido un gran destape y por los mismos beneficiarios civiles, que se benefician y por ejemplo, desde el sector mediático, donde sus beneficiarios se burlan de los allegados o subalternos que no se benefician de semejante ilícito a gran escala, que también haya que rastrear la corrupción de la parte del ministerio público aunque no todos sus fiscales, pero sí la mayoría de los que operan desde los cuarteles policiales donde apresamientos y súbitas órdenes de libertad son impuestas y de acuerdo a si la víctima paga la cuota que se le exija.
Y justamente este es el gravísimo problema institucional de ahora y lacerando la sociedad y afectando a la ciudadanía de una forma tan extraordinaria, que parecería, que los mandos en todas las instituciones arriba mencionadas han tenido que rendirse y ante la evidencia de que la corrupción mantiene prisionera a todas esas instituciones.
Llevándonos entonces al otro panorama que sale del corazón de la misma ciudadanía: El nacimiento del bandolerismo en el transporte público de pasajeros y arraigado con una ferocidad sorprendente, entre los cuatro millones de individuos que se identifican en el transporte de motores de concho, hasta ahora, amos absolutos de las vías públicas y atacando en grupos a quien se les antoje.
Puntualícese y para que se entienda, que en materia de ilícitos todavía nada ha sido suficiente, entonces y debido al mismo esquema de “protección personal” que los gobiernos y abusivamente proveen a sus parciales y donantes electorales, surge, que solo desde la policía, 15 mil de sus efectivos son espalderos de empresarios, banqueros, industriales empresas mineras y diplomáticos extranjeros y cerca de otros 05 mil y militares y como toda degeneración de mandos, genera más degeneración, de todo este esquema criminal ha nacido el de los sicarios para fines de ajustes de cuentas políticas y el otro, de los sicarios cobradores de deudas comerciales y en particular de deudas por préstamos personales de más del 20 por ciento de interés.
De esta manera, el Estado Dominicano es víctima de la delincuencia política y empresarial desde el poder y la ciudadanía, de su derivado, de “los operativos con licencia propia”, que civiles beneficiados de tantos apoyos se facilitan cuando sea menester.
Podría ser pues, ¿que el sistema de justicia y el oro paralelo desde el Poder Legislativo estuvieran inmunes a tanto desorden institucional?, imposible, cuando desde ellos se hacen las leyes y las ejecutan mediante jueces burócratas siempre deseosos de complacer a los jefes de uniforme como empresariales y todos, sometidos a ese abierto chantaje mediático, que de tan desproporcionado, el Poder Ejecutivo a alentado y con apoyo legislativo, ese ahora vigente Código Penal reformado, donde todos los ciudadanos somos reos de entrada del nuevo sistema de justicia por venganza de que habláramos en nuestro análisis político de Estado del pasado martes 28 y como fundamento de la democracia totalitaria a lo Abinader?
¿Quién se atrevería a refutar o tirarnos el Código Penal reformado, de que contrario a las instituciones que representan. Funcionarios y miembros policiales, militares y de migración, imponen sistema de cuotas en materia de apresamientos y multas y del que se sospecha, que “distrae” cerca de 500 millones de pesos por mes? Con Dios. (DAG) 31.07.2026
imagen: primer acto continuo de corrupción desde el gobierno y apoyado por el Poder Ejecutivo: Desterrar el Escudo Nacional y en su lugar, colocar una cúpula otomana a lo haitiano.
última actualización: 10:20 am.
