La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) aseguró que el país no está preparado para enfrentar la apertura total del mercado del arroz establecida en el DR-CAFTA. Esto tras la solicitud de Estados Unidos para que la República Dominicana derogue el Decreto número 693-24.
El organismo, a través de un comunicado en el que expresó sus consideraciones acerca de la medida, indicó que durante 20 años el país debió modernizar los sistemas de producción de arroz con una verdadera política nacional de competitividad arrocera.
“Esa es una responsabilidad que debe ser asumida por el Estado y por las sucesivas administraciones que gobernaron durante ese período. No sería justo descargar ahora sobre los productores las consecuencias de dos décadas de insuficiente planificación e inversión”, señala la nota.
Asimismo, explican que Estados Unidos no está planteando solamente la eliminación de un decreto. Lo que busca es ampliar el acceso de su arroz al mercado dominicano, bajo las condiciones previstas en el acuerdo comercial.
«El problema es que nuestros productores tendrían que competir con una agricultura estadounidense altamente tecnificada, con mayor escala productiva, mejores sistemas de financiamiento y diferentes modalidades de apoyo estatal», afirmó la entidad, añadiendo que «no se trataría de una competencia entre iguales».
Además, afirman que la eventual eliminación de la protección arancelaria establecida por el Decreto 693-24 podría comprometer el futuro de aproximadamente 30,000 productores, entre 1.3 y 1.5 millones de tareas cultivadas, cerca de 14.8 millones de quintales de arroz y una cadena económica que mueve más de RD$45,000 millones anuales.
“Estamos hablando de la más importante producción agrícola del país, de miles de empleos y de la principal fuente de ingresos de numerosas comunidades rurales. Una apertura repentina podría reducir los precios pagados a los productores, provocar la acumulación de las cosechas nacionales, aumentar el endeudamiento, disminuir las áreas sembradas y ocasionar el cierre de factorías y otras empresas relacionadas con la cadena arrocera” aseguran.
También podría hacer que la República Dominicana pierda su autosuficiencia y pase a depender progresivamente de las importaciones para abastecer uno de los alimentos esenciales de la población.
Algunos podrían argumentar que la entrada de arroz importado produciría una reducción de precios para los consumidores. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que la totalidad de esa diferencia llegue a las familias.
Entre el importador y el consumidor intervienen el almacenamiento, el procesamiento, el transporte, la distribución y los márgenes de comercialización. El productor dominicano podría resultar destruido sin que el consumidor reciba un beneficio permanente y proporcional.
Además, una vez debilitada la producción nacional, el país quedaría expuesto a los aumentos de los precios internacionales, las crisis logísticas, los conflictos internacionales, los fenómenos climáticos y las decisiones de los países exportadores.
Ante esta situación, el ANPA recomienda a la República Dominicana a que respete sus compromisos internacionales, pero también tiene la obligación de defender su capacidad de producir los alimentos fundamentales que consume su población.
Por eso, el Gobierno no debe tomar una decisión apresurada ni aceptar la derogación del Decreto 693-24 sin contar previamente con medidas alternativas que protejan efectivamente la producción nacional, dicen.
Por esto, exhortaron al presidente Luis Abinader a convocar una mesa nacional del arroz, integrada por el Gobierno, las organizaciones de productores, los profesionales agropecuarios, las factorías, el Banco Agrícola, las universidades y los centros de investigación.
También llamaron a realizar un estudio independiente sobre el impacto económico, social y alimentario de la apertura, y negociar con Estados Unidos un período de transición acompañado de salvaguardias, control de las importaciones y mecanismos de compensación.
Simultáneamente, poner en marcha un Programa Nacional de Competitividad Arrocera que reduzca costos, modernice el riego, fortalezca la investigación, mejore la productividad y garantice financiamiento y seguro agropecuario.
“La posición de la ANPA debe ser clara: no estamos en contra del comercio ni del cumplimiento de los acuerdos internacionales. Estamos en contra de que se sacrifique al productor dominicano para pagar las consecuencias de veinte años de falta de preparación”, enmarca la nota. (LD- titular variado de: @porojocerradura)
