El Poder Ejecutivo emitió el decreto 672-26, una medida impulsada por el presidente Luis Abinader que instruye a las instituciones públicas a enfocar de manera exclusiva sus contrataciones de programas sociales, alivio a la pobreza, alimentación, vestimenta, insumos escolares y salubridad en las micro, pequeñas y medianas industrias (MIPYMES) del sector industrial nacional.
Esta normativa se fundamenta en las disposiciones de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su respectivo Reglamento de Aplicación (Decreto núm. 52-26), buscando dinamizar la economía local, fortalecer la producción nacional y fomentar la creación de empleos.
Implicaciones y ejes clave de la normativa
Exclusividad para la industria nacional: Las compras públicas de programas especiales se destinarán de forma obligatoria a adquirir bienes y servicios que sean de origen y manufactura dominicana, prohibiendo cualquier intermediación no autorizada.
Impacto en instituciones sociales clave: La disposición vincula directamente a dependencias del Estado enfocadas en la asistencia y protección sectorial, tales como el Ministerio de Educación (MINERD), el INABIE, el SNS, el Gabinete de Políticas Sociales (Supérate), PROMESE-CAL, así como los ministerios de Defensa y de la Vivienda (MIVHED).
Requisitos y acreditación formal: Las empresas interesadas deberán cumplir con tres acreditaciones indispensables: poseer el Registro Industrial de PROINDUSTRIA, contar con la Certificación MIPYMES (o MIPYMES Mujer) del MICM y estar inscritas en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).
Gobernanza y control: Se instituye una Mesa de Articulación Interintegrada entre el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para coordinar la oferta productiva local y fiscalizar el cumplimiento de la directriz. (HOY)
