Semejante comportamiento fascista y de toda una nación, cuya minoría nacionalista y anti haitiana, asume y como si se tratara de una política nazista para procurar la limpieza étnica del territorio nacional, que definitivamente esta nación debe procurar “una solución final” con miras de expulsar todo lo que signifique ser haitiano en este país, pero haciéndolo con connotación criminal, se ha constituido en la más dura y grave imagen nacional que desde otras naciones se apunta en nuestra contra.
Sin embargo, para el primer censo de población y familia realizado en el año 1920, haitianos de origen y empadronados como dominicanos nacionalizados, el registro llegaba a los 05 mil individuos e hijos suyos nacidos en el territorio nacional suponían no menos de otras 20 mil personas y casi todos nacionalizados y cuya descendencia y por efecto de la sentencia TC-2013 pasa ahora a la condición de extranjero irregular o indocumentado.
Estamos hablando, de que la mayoría de los empadronados, biológicamente habrán muerto y sus descendientes, los mayores y si están vivos, deben tener o estar cerca de los 93 años de edad, ¿significaría esto, que al momento de aplicar retroactivamente la abusiva discriminación por nacionalidad y en función de la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2013, hasta los descendientes de los originarios haitianos al año 1920 caerían también en la terrible condición de apátridas, cuando de la mayoría y por el registro censal, lo menos que podía esperarse fuera, que estuvieran registrados como residentes legales o ciudadanos dominicanos propiamente dicho?
Es decir, si a tal grupo de residentes y cuyos hijos no conocen otra patria que no sea la dominicana y al punto, de que su cultura e idiosincrasia es absolutamente dominicana y ni hablar de sus descendientes, ¿cómo pueden existir individuos y la mayoría, doctos y tan negros o mulatos como a los descendientes que atacan y para colmos, jurisconsultos o de eso se ufanan, quienes como jueces tengan el tupé de clasificar a otros dominicanos y solo por ser de origen haitiano, de que ninguno puede seguir en este país y menos como dominicano?
Realmente, es una situación tan abusiva y violatoria de los mínimos derechos humanos, lo que la susodicha sentencia ha creado, que en abierta respuesta y para el año siguiente, el gobierno de la nación en la persona del presidente Danilo Medina, creó la ley 169-14 y con fines de regularizar la situación de la inmigración extranjera indocumentada y en firme respuesta a la sentencia TC-2013,
Por la nueva iniciativa legal, más de 200 mil extranjeros y la mayoría haitianos, se acogieron a la regulación y quedando apenas 7,498 descendientes de haitianos no regularizados, pero cuyos documentos ya estaban listos, para recibir su documentación y en lo que el Estado Dominicano falló miserablemente, por lo que ahora, esas personas y en todo su derecho, reclaman al gobierno actual, que por aquello de la continuidad del Estado y no obstante cualquier cambio de gobierno, las instituciones cumplan con ellos y les otorguen sus documentos como ciudadanos dominicanos de plano derecho.
Lamentablemente, las nuevas autoridades no han sido lo suficientemente diligentes para resolver un trámite burocrático que se encontraba extremadamente adelantado al cierre del periodo de amnistía migratoria que se diera y por lo que ahora, los perjudicados y con todas sus razones, claman porque se les atienda y se corrija la grave distorsión de derechos y nacionalidad en la que por culpas de otros están viviendo.
La sentencia aludida, fijó la barbaridad, de que, a los hijos de extranjeros indocumentados nacidos en el territorio nacional, no se les reconozca el mismo proceso de reunificación familiar, que, en países como EEUU, descendientes de inmigrantes dominicanos indocumentados han logrado y por lo que sin discusión alguna han quedado registrados como nacionales de aquel país.
En atención a ello y frente a la monstruosidad jurídica que significa, que, para el Tribunal Constitucional, el hijo nacido aquí de inmigrante indocumentado no se le otorgue su nacionalidad legitima dominicana y como hiciéramos constar y de acuerdo con nuestros archivos, la dura posición que libramos contra semejante sentencia y en particular, al presentarse y por entenderla como la representación abusiva dominicana y al calco bruto de la ley de apartheid sudafricana.
Como ayer, entendemos que todavía a los dominicanos nos falta por exigirle a nuestras autoridades que entreguen sus documentos como dominicanos a los 7,498 hijos de inmigrantes haitianos y mucho más todavía, consideramos que los mass media dominicanos y tanto análogos como digitales, debemos crear una plataforma cívica para que los dominicanos de origen haitiano, combatan, enfrenten y resistan la dura situación discriminatoria y racista que se mantiene contra sus correligionarios, demandando y en todos sus derechos, frente al Poder Legislativo, en cuyas cámaras y en la actualidad hay unos sesenta senadores o diputados de origen haitiano y hasta de tres generaciones y para que le exijan al Poder Ejecutivo, que les entregue su documentación legal ciudadana a los siete mil y pico de ciudadanos dominicanos de origen haitiano que han sido reducidos a una situación de limbo jurídico extremadamente grave.
Esa decisión del Constitucional nos sorprendió sobre manera y en razón, que desde su presidente, quien es dominicano de origen en las islas turcas y caicos que llegaron a Samaná al Corte de la Caña de azúcar hay otros jueces de origen árabe, turco y hasta haitiano y quienes cobardemente decidieron crear una sentencia que avivara el odio de ellos contra los haitianos y los dominicanos de origen haitiano y como es el caso del juez barahonero, Wilson Gómez (nada que ver con nuestro editor y redactor jefe) y quien atendía solícito a los haitianos indocumentados que llegaban a la farmacia donde trabajaba en sus tiempos de estudiante.
Mientras tanto, hay periódicos escritos y plantas de radio y televisión que avivan políticas de odio contra los haitianos que viven en este país y a la menor falla de estos, arrecian las peores de las persecuciones de negros persiguiendo a otros negros y como está haciendo el mulato director de Migración también descendiente de familiares haitianos y por lo visto, sin que estos individuos tengan presente, que por la maldad, perversidad y haraganería dominicana, cerca de medio millón de empleos en el campo como en la construcción, lo realiza la mano de obra haitiana, cuyo origen se marcó legalmente desde que los presidente Francois Duvalier y Joaquín Balaguer firmaron el acuerdo de braceros con fines de cubrir las cosechas de caña de azúcar en el 1967 y a partir de ahí, los que al finalizar sus contratos, se quedaron como jornaleros aprendiendo y trabajando en el sector construcción del que ahora son trabajadores absolutamente imprescindibles.
La Junta Central Electoral y como cabeza del Registro Civil, debe ser la primera autoridad en tomar responsabilidad en este asunto y detrás de ella el ministerio de Interior y Policía y al final, si nada hacen y las protestas de los perjudicados a los racistas por nacionalidad, entonces habría que esperar que el presidente Luis Abinader, dominicano de tercera generación y descendiente de libaneses indocumentados y con ramificaciones familiares en Haití, entendemos que estaría en conficiones para ponerle punto final, a una situación que tiene 8 años esperando que se resuelva y de la que hasta ahora nadie a querido dar el paso hacia delante para decidirlo.
De ahí que digamos, que, desde hace ocho años, miles de dominicanos de origen haitiano están siendo perseguidos en su condición natural de nacidos en este país y ante la mirada silente y cobarde de otros miles de dominicanos que se entienden “puros” y quienes pretenden no aceptarles como tales. (DAG)
