A pesar de tener un presupuesto excesivo, superior incluso a su capacidad de ejecutarlo productivamente, el gobierno del PRM tiene contratiempos en educación. Es cierto que le tocó estrenarse en pandemia, pero no puede decirse que se resolvieran a tiempo y bien las dificultades. Los gastos en la emisión de las clases virtuales, por ejemplo, fueron tan excesivos como improductivos.
Pero esa etapa ya pasó; luego vinieron los rutinarios problemas del desayuno y la sorpresa de los libros digitales, como herencia de la etapa pasada y para no permitir pasar página tan fácilmente.
El ruido ha pasado ahora a la educación superior. La intención del Mescyt de rebajar los criterios para acceder a la carrera de formación docente tiene otras aristas, incluso más descorazonadoras. Desde el Ministerio de Educación Superior se viene trabajando desde hace meses para hacer posible que cursen la carrera magisterial todos los que quieren asegurarse un empleo bien pagado y los beneficios colaterales que tiene el profesorado, aunque no tengan la capacidad adecuada para ser maestros.
Pero la educación pública no debe reducirse a eso. La educación pública es la esperanza de un país mejor. De menores tasas de embarazo adolescente, de un territorio más ordenado, de una sociedad más igualitaria. Casi tres millones de alumnos merecen los mejores profesores, los más preparados, con más vocación y habilidades. Que los mejores bachilleres se hagan profesores y que los maestros recuperen el respeto social que un día tuvieron en sus comunidades.
Que los mejores profesores vayan al sector público, que se formen en excelencia, que el Estado pague para ellos la mejor preparación posible.
Eso también es justicia social. Por: Inés Aizpún [Diario Libre]
