Desde que asumió la Presidencia de la República en 2020, Luis Abinader ha señalado que la “transparencia” y el cumplimiento de las leyes son de sus “principales compromisos” de Gobierno que ha asumido a la cabeza del Poder Ejecutivo.
La primera prueba para el primer mandatario cumplir con ese compromiso sucedió en el 15 de septiembre de ese año cuando presentó su declaración jurada de bienes y manifestó que todo su patrimonio sea transferido y controlado por un fideicomiso.
“La información patrimonial presentada por el presidente de la República pasa a ser de dominio público y puede ser consultada y analizada por los medios de comunicación y cualquier ciudadano”, fue lo informado por la Presidencia de la República en esa oportunidad.
Solo meses después de ganar la reelección y semanas de asumir como el presidente constitucional para el periodo 2024-2028, Abinader deberá completar ese compromiso otra vez ya que las leyes vigentes señalan que tiene que presentar su declaración juradas de bienes antes del 16 de septiembre.
El artículo cinco de la ley 311-14, que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, señala que los funcionarios públicos obligados a declarar (como el presidente Abinader) tienen que presentar, dentro de los 30 días siguientes a su toma de posesión, la declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad conyugal.
El párrafo uno de ese artículo por igual especifica que cada vez que un funcionario inicie el ejercicio de un cargo, o sea reelegido para un nuevo período, debe presentar una declaración jurada de patrimonio.
Los otros funcionarios obligados a declarar
El artículo dos del referido texto legislativo señala que además del presidente Abinader, la vicepresidenta debe presentar su declaración jurada antes del 16 de septiembre.
Por igual los senadores y diputados, así como los secretarios administrativos del Senado de la República y la Cámara de Diputados; el gobernador y vicegobernador, gerente y contralor del Banco Central; el contralor General de la República, el administrador del Banco de Reservas, los presidentes, vicepresidentes, superintendentes y administradores de empresas estatales; los jefes y subjefes de Estado Mayor de las instituciones militares, los oficiales generales y demás oficiales en posiciones de mando operativo o de administración; el Jefe y subjefe de la Policía Nacional, los encargados departamentales y regionales y demás oficiales en posiciones de mando operativo o de administración, entre otros.
Compromiso con la transparencia
Durante la primera reunión del consejo de ministros de este nuevo periodo gubernamental en donde se estableció que todo funcionario deberá firmar un compromiso ético con las mejores prácticas y el mejor comportamiento en el ejercicio de sus funciones públicas.
“El punto fundamental de este Consejo de Ministros se enmarca dentro los objetivos de llamado general en la administración pública de continuar con más transparencia, más compromiso, y más identificación del funcionario público con las mejores prácticas y el mejor de los comportamientos en el devenir de sus funciones”, expresaba José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.
De su lado, la encargada de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch manifestó que fue un encuentro para comprometerse con la transparencia y con la ética.
“Nos comprometimos con algo fundamental, con hacerlo todo desde el derecho, la Constitución y las leyes bajo el debido proceso. Siempre respetando los principios éticos y morales que debe normal la vida de todo funcionario público”, resaltó. (OJO-LD-jf)
