“El afán de lucro y la baja calidad de los servicios públicos han convertido al presupuesto de Salud Pública y del Seguro Familiar de Salud en una piñata nacional, de la cual los afiliados solo reciben los recursos residuales. Nada esencial ha cambiado en el país en materia de salud en los últimos 60 años”.
La tajante afirmación es del economista Arismendy Díaz Santana, presidente de la Fundación Seguridad Social para Todos, quien considera que la Ley 87-01 instaló modernos vagones, pero una élite mantiene la vieja locomotora, con la complicidad del Estado que no cumple ni hace cumplir la ley que tanto esfuerzo costó lograr.
El experto en seguridad social se expresó en esos términos al cuestionar las dificultades que enfrentan los ciudadanos con un plan de salud que, en la práctica, dista de los fundamentos de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS), en cuya elaboración él tuvo una participación protagónica hace más de 20 años.
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Sus argumentos podrían chocar con la cifra trofeo de la seguridad social: 10,338,472 personas que tienen un seguro de salud, de las cuales 5,855,682 están afiliadas al régimen subsidiado, que proporciona el Estado, y 4,482,790 al régimen contributivo. En ese sentido reconoce que esa cobertura es uno de los mayores avances de la seguridad social del país.
Pero más allá de los números fríos, Díaz Santana percibe desigualdades, ilegalidades sin consecuencias, afán de lucro y la lucha de intereses.
A su entender esa realidad va en detrimento de una población que ve quebrar sus finanzas en busca de la salud perdida, ante el alto costo de las consultas médicas, de las pruebas de laboratorio, de imagen, cirugías, y medicamentos.
Población vulnerable
Díaz Santana asegura que la población está a expensas de las Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS) y de los Prestadores de Servicios de Salud (PSS), con un ente regulador que, en 21 años de aplicación de la Ley 87-01, ha cedido más a los intereses de grupos económicos y de la clase médica.
A su entender, esa situación ha provocado que en República Dominicana el gasto de bolsillo en salud se mantenga sin variación en más de un 40%, que los prestadores de servicios de salud exijan copagos ilegales, y que se haya aplazado y torpedeado la piedra angular de un sistema de salud que pretende ser equitativo y eficiente: la atención primaria.
Afán de lucro
En la madeja de intereses que envuelve a la seguridad social, dos fuerzas antagónicas mantienen una lucha permanente: las ARS y los Prestadores de Servicios de Salud. En ese sentido Díaz Santana expresó que entre esos sectores no hay muchas diferencias respecto al afán de lucro.
“Las ARS son tan mercuriales como las clínicas, laboratorios, y muchos médicos. De hecho, las ganancias de las ARS apenas representan la décima parte del cobro de los copagos ilegales. De modo que nadie puede tirar la primera piedra”.
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Modernidad sin cambios
Díaz Santana reiteró que, aunque haya modernidad en el sistema de salud, no ha habido avances estructurales que impacten positivamente en el gasto en salud de los usuarios.
“Después de la caída de Trujillo no ha habido ningún avance estructural en materia del sistema de salud. Ha habido modernización, hospitales modernos que muchas veces han estado más ligados a la corrupción que al deseo de mejorar los servicios”.
Al hacer el señalamiento refirió los esfuerzos que se hicieron para que los dominicanos tuvieran una ley de salud justa, que revirtiera las inequidades del sistema entonces vigente.
“Nosotros logramos que se introdujeran reformas importantes para que el sistema funcionara adecuadamente, y una de ellas era el Plan Básico de Salud, no la caricatura que tenemos de Plan de Servicio de Salud, porque el que diseñamos era integral y automáticamente incluía el inicio del sistema mediante la atención primaria.
“En segundo lugar el único copago que incluye es el 30% de los medicamentos ambulatorios, pero lo que tenemos es un plan de servicio de salud sin atención primaria, puramente curativo, costoso y excluyente, y tenemos una enorme cantidad de copagos que la ley no autorizó nunca”, destacó Díaz Santana.
Fuente: Hoy
