Contra lo que la atrapada opinión pública pretendía, el joven sospechoso en la desaparición de la turista estadounidenses de origen hindú, no solo que no fue imputado, sino que el tribunal le mantuvo la condición de testigo y con lo que automáticamente esa persona recobra sus derechos civiles y teniendo absoluta libertad de tránsito.
La situación y frente a una atrapada opinión pública polarizada en extremo, resulta más que chocante y a la vez contradictoria y porque ahora se abren ciertas interrogantes que concluyen en una sola, que el joven testigo, al quedar a su libre albedrío y si se le da veracidad a aquello de que la desaparecida no es tal, sino que fue secuestrada y peor, ultrajada, podría experimentar algún tipo de presión emocional por los supuestos autores o autor de la desaparición y lo que no es descartable, porque se entiende que ella no está muerta.
Entonces, Joshua Steven Riibe, quien conocerá la decisión judicial a completo en audiencia pública el próximo viernes 28, vendría quedando en lo más parecido a alguien a quien se le pudiera afectar su vida y para ocultar cualquier posibilidad y por mínima que fuere, de que, a él, los presumibles responsables de la desaparición, le entendieran en conocimientos, que, si se divulgaran, afectarían al o los responsables del hecho criminal en sí.
Por supuesto, no vamos a entrar en detalles y menos a confundir a nuestros lectores con hipótesis ligeras y que a estas alturas ya no tienen sentido, pero es evidente, que todo aún no se ha dicho respecto al destino final de la, para muchos, presumible cautiva Sudiksha Konanki, pero una cosa sí que es cierta, que la decisión del juez, Edwin Rijo, presidente de la Cámara Penal del distrito judicial de la provincia de La Altagracia, ha beneficiado a mucha gente e intereses.
Para empezar, al hotel de la desaparición presumible y siguiéndole el sector hotelero de la zona, donde hay más de cien centros vacacionales de clase media a baja y también de alto nivel de ingresos y sin duda el mayor beneficiado, el gobierno, cuyo sistema policial y de investigación judicial ha demostrado una incapacidad e incompetencia fuera de toda discusión.
Pero también hay otro sector que la decisión judicial le deja en una situación tanto compleja y nos referimos a los terribles puntos de vistas que periodistas y comunicadores emitieron en estos diez y pico de días, generando, una de graves distorsiones de opinión y de afectación de la libertad de prensa y como en sí es a lo que se reducen los llamados “juicios mediáticos paralelos” y con la sola excepción y esto hay que resaltarlo, de la plataforma digital “esto es radio”, cuyo staff y en términos generales, actuó con una profesionalidad que ya los medios de la prensa mercancía perteneciente a la concentración de medios en pocas manos debieron de tener o superar.
Significativamente, el dado hay que cargárselo al mismo gobierno y en particular al propio presidente Abinader, quien desde la primera vez que se refirió al caso y dio la versión de una ola que se llevó a la desaparecida, es decir, no tuvo el tacto de haber emitido una declaración general y neutra, sino que totalmente se metió en la hondura de trazar presupuestos de acción.
¿Qué generó la actitud presidencial?, que la policía quiso pasarse de lista y el ministerio público por igual y al final, dejando en el ánimo de la ciudadanía, que, si es contando con esas instituciones en materia de seguridad e investigación, la ciudadanía no debe abrigar ningún tipo de confianza y sí mucho de cautela preventiva.
Por supuesto, el gobierno tiene sus razones, porque eso de más de dos mil desaparecidos desde el 2022 a la fecha y que, si increíblemente ha pasado desapercibido, se ha debido a “los esfuerzos” del aparato de propaganda oficial tirando cañonazos de papeletas a medios y periodistas para que se guardara silencio o se difundiera lo mínimo, al fin y al cabo, no es poca cosa.
Precisamente y por ese afán de ocultamiento y censura, el gobierno ha bajado en sus indicadores de popularidad y el mismo presidente de la República, estamos seguros, de que por su papel tan poco airoso en este asunto, no le ha ayuda en mucho a que se le entienda un ejecutivo capaz y diestro ante situaciones conflictivas.
Mientras tanto los escándalos corren y se multiplican por todo el país: Patrullas policiales asaltando en carreteras, calles y caminos, apresando gente inocente y fabricándole expedientes abusivos y como es el caso recién de un hijo del finado mayor general del Ejército, Gustavo Jorge García, quien siendo el hijo un profesional y oficial militar, la patrulla policial “lo redujo a la obediencia y llevándoselo detenido” y el que y sino pasó un rato peor, se debió a la tora de su mamá, una diestra comunicadora experta en lenguaje ligero y sin adornos de ninguna especie y también asimilada militar.
En paralelo, el actual director y jefe policial, ha caído en la boca de todos, al comprobarse que personas a su servicio y en una propiedad campestre del interior que posee, pretende afectar el nacimiento de un río con miras de favorecer su propiedad y que, de comprobarse, es una muestra más de funcionarios públicos abusando de sus funciones y poder represivo y sin importarles prevaricar.
Realmente y aun cuando desde el gobierno se quiere hacer creer lo contrario, en el territorio nacional no se vive dentro de un auténtico estado de derecho y la inseguridad desde el poder es de tal magnitud, que cualquier persona no tiene garantía alguna de que su vida esté preservada y con unas patrullas policiales, que más actúan como asaltantes de caminos con licencias para todo, mucho menos.
Otra gran lección que deja esta delicada situación de supervivencia ciudadana, es que cuando en un país, la prensa y en líneas generales está sometida a la autocensura y a la compra de las voluntades de sus dueños, no hay espacio para que sociedad y ciudadanía se sientan parte de una nación libre y con instituciones cívicamente responsables.
En consecuencia, si este caso criminal de desaparición súbita, el viernes 28 tendrá su primer desenlace con la lectura pormenorizada de la sentencia de descargo anunciada, este medio esperará su lectura integral y antes de formarse un criterio definitivo.
Solo nos queda por plantear, que este caso de desaparición de la joven hindú, demuestra, que en este país, las instituciones son “flexibles” y que los juicios mediáticos paralelos afectan la libertad de pensamiento y criterio de jueces y fiscales. ¡Un desastre! Con Dios. (DAG) 19.03.2025
