Es muy cierto que nadie aprende en cabeza ajena, pero peor es ver, como la institución policial e igual la militar y todos lo derivados de organismos paralelos de control, que de suyo son organismos fundamentalmente anti derechos humanos de los ciudadanos y protectores a su vez de reductos de corrupción institucional y militar, que en cifras muy conservadores, generan cada año un promedio de no menos 10 mil millones de pesos en extorsión y con un saldo sangriento de un mínimo de 300 ciudadanos asesinados con el etiquetado de “intercambios de disparos”.
Que encima de semejante resultado que tipifica un estado policiaco extremo y como abierto terrorismo de Estado y para una población acostumbrada a ser oprimida y que vive temerosa de la arbitrariedad cuartelaria, que ahora se le anuncie un nuevo control ciudadano en base a “alcoholímetros” que supuestamente medirán el nivel de ingesta alcohólica, lo que en dinero quiere decir y de cara a las industrias de los rones y cervezas y también cigarrillos, es una amenaza oficial que herirá de muerte esas industrias, que emplean a más de cien mil personas y que representan la forma de vida indirecta de otras 500 mil.
Ni que decir, que con ese simple expediente de “preocupación para que los conductores no anden borrachos”, significará al mismo tiempo, la pérdida del cinco por ciento de los ingresos normales de esas industrias y en cierta manera, casi el colapso del comercio carnal de prostíbulos y casas de alterne, gimnasios y centros de masajes de puro sexo y con lo que se afectará a no menos de cien mil personas que tienen como oficio la prostitución y negocios conexos y esta, como sustentadora de negocios de único dueño relacionadas con ellas y para no dejar de mencionar las cadenas de hoteles de paso y moteles y su carga de otras 50 mil personas que tienen empleo directo en razón de esas inversiones, que en conjunto, llegan al mínimo de otros cincuenta mil millones de pesos en edificaciones físicas de toda especie.
Entonces, cuando se pasa revista a semejante despliegue de afectación ciudadana y de comercio y en un momento que el gobierno manifiesta que confronta una baja sensible en su liquidez, no se entiende el porqué de salir ahora con lo que parece una medida de control tan desafortunada y mucho más, cuando detrás de los negocios de la vida nocturna se mueven paralelamente miles de millones de pesos en drogas y lavado de activos, que al mismo tiempo, afectaría dentro de la industria subterránea de la droga y hasta el mismo crimen social, a un amplio sector de la vida nacional y que en conjunto tipifica el concepto tan radical de que este país se haya convertido en el burdel del Caribe y con ese turismo sexual manejado desde fuera por la trata y tráfico de personas provenientes en gran medida del este europeo.
Cómo debe suponerse, nuestra preocupación, es tratar de entender la presencia de un incremento de control policiaco autoritario del gobierno y contra una población a la que tiene sometida a una vigilancia extrema y fundamentalmente para esconder la terrible criminalidad de uniforme que azota y junto a la provocada en el sector judicial por una minoría de fiscales delincuentes y bandoleros en sociedad con las mafias policiales del crimen y la extorsión a gran escala y que tienen a medio país y básicamente del interior, al garete.
Desde luego, la nueva incumbente del ministerio de Interior y Policía, poco podría entender y en su notoria incapacidad e incompetencia en el manejo y responsabilidad del orden público, que, a más control policial, la paz social no podría consolidarse y lo que otros entendemos, que necesariamente será así.
Lo que también sorprende, cuando a los despachos oficiales llegan las informaciones de todo tipo y respecto a una policía y solo en uno de sus ramales más criminales, el DICRIM, que solo sabe colocar armas, drogas y “pruebas materiales de convicción” y uno que otro de sus agentes, la instrumentación de determinados servicios de sicarios y como el único mecanismo para controlar la delincuencia social que ella misma incentiva y contando con el apoyo abusivo de fiscales en el interior del país habidos de riquezas y borrachos de provocar dolor, en tanto la policía turística, es la vía extrema para la delincuencia de sexo, droga y prostitución.
Justo por ello es, que la población carcelaria aumenta a marchas forzadas y con el otro “ingrediente” de jueces irresponsables que por un quítame las pajas, imponen medidas carcelarias de coacción y generalmente de 18 meses, facilitándole así a los custodios militares y policiales de las cárceles públicas, la revitalización de la criminalidad de uniforme en todas las cárceles del país, en donde y en gran mayoría el crimen y en complicidad con la uniformada, las controla con negocios de todo tipo y lo peor, de bandas de presos utilizando los teléfonos celulares para ordenar asaltos, asesinatos y robos a gran escala y lo que sucede por la complicidad absoluta de sus custodios.
También es que la nación se encuentra entre el acoso del crimen, la arbitrariedad y la extorsión del Estado y con el pretexto de la supuesta presión policial para supuestamente, mantener con firmeza “el orden público”.
Interior y Policía, cuyas cabezas conocen muy bien el panorama catastrófico de que hablamos, en vez de buscarle una solución pragmática a tanto desorden institucional, con sus restricciones absurdas y mal pensadas, incentiva la criminalidad de uniforme y la que ahora aumentará con los puestos de chequeos colocados en las carreteras “para preservar el orden público y el control social”, cuando en realidad, son esquemas, esas patrullas de robo y extorsión y a un nivel tan abusivo, que es mucho el ciudadano que se abstiene de trasladarse por las carreteras para no ser víctima de esos delincuentes con apoyo oficial y quienes forman parte de las amañadas estadísticas policiales que le son presentadas cada lunes al Poder Ejecutivo.
Por supuesto que el Estado tiene que preservar y cuidar a la sociedad y a la ciudadanía, pero no al precio de que sus uniformados traten a los ciudadanos como personas que viven en territorio enemigo y que ellos ocupan y por eso, ante el anuncio de la vuelta de los alcoholímetros, solo nos queda advertir y ante la generalizada complicidad mediática corrompida por el poder, que el presidente Luis Abinader debería sopesar cuidadosamente todo cuanto en más medidas inútiles de control sus autoridades subalternas se inventan e innecesariamente y solo por el interés oculto de delinquir.
Al fin y al cabo, Abinader no es responsable directo de nada que de criminalidad del Estado determinadas instituciones e individuos efectúen, pues él y al llegar al poder fue que encontró todo ese entramado criminal y que es la razón por la que el presidente ha sido diligente, visitando semanalmente a la policía y sin duda, para tratar de ver cómo mejora en bien a la institución y de que manera lograr estructurarla también en bien a favor de la ciudadanía y lo que es un trabajo inagotable y continuo y por las terribles mafias que controlan a la institución.
En este sentido, lo ideal sería, que el mismo presidente Abinader y en determinadas tardes y noches, se desplace en algún vehículo que no le delate y para que entonces vea y compruebe por sí mismo, el terrible nivel de acoso y represión que militares y policías le tienen a los ciudadanos. Si lo hace, estamos más que seguros, que quedará tan impactado, que entonces entenderá porque la ciudadanía se espanta de su propia sombra y mantiene ese sordo rencor, que, de tan agudo, tenemos miedo que en algún momento estalle y sin posibilidad de controlarlo. Salvo que se utilicen las prácticas más despiadadas de terrorismo de Estado.
Precisamente por todo lo anterior es que preguntamos: ¿Cerrando el círculo de la democracia totalitaria y con lo nuevo, de control de alcoholímetro y en un país, en el que el 90 por ciento de su población es adicta alcohólica? Con Dios. (DAG) 24.10.2024
