El jurista y exembajador Olivo Rodríguez Huertas advirtió sobre las fuertes implicaciones que enfrentarán los servidores públicos con la entrada en vigor del nuevo Código Penal en la República Dominicana.
Durante una entrevista en el programa Hoy Mismo de Color Visión, el especialista en derecho administrativo analizó las reformas aprobadas por el Congreso Nacional, destacando que el régimen sancionador para los actos de corrupción administrativa contiene definiciones sumamente amplias que incrementarán significativamente los riesgos legales para ministros y directores generales.
Según el análisis del jurista, el articulado tipifica como acto de corrupción cualquier operación o disposición antijurídica dictada por un funcionario en el ejercicio de sus funciones que beneficie a sí mismo o a terceros. Rodríguez Huertas señaló que la administración pública emite actos administrativos de manera continua, muchos de los cuales terminan siendo contrarios al ordenamiento jurídico, por lo que este rigor legal debería mantener preocupados a los actuales y futuros integrantes del gobierno.
Durante la conversación se abordó además el impacto de las reformas respecto a los delitos de opinión y las penas de prisión por difamación e injuria. Al respecto, el experto explicó que la doctrina del Sistema Interamericano de Derechos Humanos promueve la despenalización cuando las críticas van dirigidas a funcionarios o a asuntos de interés general, incorporando en la nueva legislación la teoría de la «real malicia» para evitar sanciones penales en críticas atinentes a la función pública, salvo cuando existan imputaciones alegres sin fundamento sustentado.
En el ámbito institucional y electoral, el profesional del derecho respaldó la postura del Tribunal Superior Electoral de declararse incompetente para resolver recursos sobre reglamentos de la Junta Central Electoral y remitirlos al Tribunal Constitucional. Asimismo, cuestionó que el organismo electoral pretenda fijar límites a la difusión de encuestas fuera de los plazos que ya establece la ley. Finalmente, al referirse a la eventual convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar a la Suprema Corte de Justicia, Rodríguez Huertas criticó la falta de respeto a la carrera judicial y a la estabilidad de los jueces, señalando que la evaluación de desempeño se ha convertido en un mecanismo manipulado que vulnera la independencia del Poder Judicial. (HOY-la / OJO)
