La implementación del nuevo Código Penal traerá desafíos institucionales, jurídicos y sociales, que van desde la adaptación de los actores del sistema de justicia hasta la necesidad de educar a la ciudadanía sobre sus alcances, coincidieron especialistas en el panel “Perspectiva de la implementación del Código Penal”, organizado por el Defensor del Pueblo y la Universidad APEC (Unapec).
La magistrada Giselle Méndez, presidenta del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, señaló que uno de los principales retos será la transición entre el antiguo y el nuevo Código Penal, especialmente por la coexistencia de ambas normativas y la aplicación de principios como la legalidad y la retroactividad de la ley penal más favorable.
Explicó que la implementación no consiste solo en conocer los artículos, sino en comprender nuevas figuras jurídicas y sus efectos en los procesos judiciales, lo que impactará la forma de probar los delitos, en especial los relacionados con modalidades de criminalidad y la determinación de los niveles de participación penal entre autores, coautores y cómplices.
De su lado, la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, identificó la resistencia al cambio como uno de los principales desafíos de la entrada en vigor de la nueva normativa, tras considerar que no es solo una modificación legal, sino de una transformación del pensamiento jurídico penal dominicano.
Ortiz explicó que además de la capacitación de jueces, fiscales y abogados, es fundamental que la ciudadanía conozca el contenido del código, por lo que llamó a impulsar procesos de formación mediante las universidades y plataformas digitales.
Mientras que el jurista Miguel Valerio sostuvo que la actualización del Código Penal era necesaria para enfrentar fenómenos propios de la sociedad actual, como el sicariato, los ataques con sustancias químicas, la conducción temeraria y nuevas modalidades de criminalidad económica y tecnológica.
Destacó que la norma incorpora principios constitucionales como la legalidad, la culpabilidad y la proporcionalidad y advirtió que su verdadero alcance dependerá de la interpretación jurisprudencial y la capacidad institucional para aplicarlo.
En tanto, el catedrático de derecho Ricardo Rojas León destacó que la legislación introduce herramientas para enfrentar delitos modernos, aunque reconoció que mantiene una tendencia al incremento de penas en algunos tipos penales. A su juicio, los jueces tendrán un papel esencial para aplicar criterios de proporcionalidad y valorar las circunstancias particulares de cada caso.
Harold Modesto, profesor en Derecho Penal de Unapec advirtió sobre desafíos de técnica legislativa presentes en el nuevo Código Penal, en especial en conceptos que pueden generar interpretaciones diversas, como la definición de arma y la categorización de determinados funcionarios públicos.(HOY-egm / OJO)
