¿Con cara al mal? (Calamar). Respuesta habrá

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En la madrugada de ayer se inició la culminación de la operación de rastreo de dinero ilícito sustentado en el ejercicio del poder y la que desde hacía dos años había empezado a diseñarse y ponerse en pie desde el sector del ministerio público central que tiene que ver con la persecución de la corrupción desde funciones públicas.

Como producto de tal destape, una veintena de exfuncionarios entre altos cargos y medianos del gobierno anterior se encuentra ahora en la cárcel esperando que sus apresamientos provisionales den como fruto, una de interrogatorios, que luego terminen por dictaminar el grado de acusaciones e imputaciones que la Procuraduría General de la República habrá entendido suficientes como para presentarlas ante tribunales y jueces a cargo y para que desde ellos se dicten las providencias de lugar.

Antes que nada, debe recordarse que los apresados son inocentes hasta tanto un juez a cargo no se pronuncie respecto a si se les han encontrado evidencias y ratificadas las pruebas concretas de culpabilidad y quienes ahora entran en el terreno práctico de todo un país especulando a más no poder por las responsabilidades posibles de los detenidos y quienes, como agentes políticos, saben perfectamente que sus casos legales y de hecho, caen como piezas determinantes en el ajedrez político que se está efectuando y del que pocos, aguantaran su imaginación y tampoco sus lenguas, con lo que veremos un espectáculo frívolo, de tanta gente queriendo ver a sus envidiados enemigos, expuestos ante la picota pública.

Por lo poco que se conoce, el organismo a cargo de la persecución de los arrestados, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa -pepca- es un brazo persecutor dependiente del despacho de la procuraduría general de la República y que como policía judicial del Poder Ejecutivo disfruta de un acceso ilimitado a todas las fuentes de investigación.

Que esa rama del Poder Ejecutivo, es decir, del despacho del presidente de la República, no significa necesariamente que el presidente Luis Abinader persona se encuentre involucrada y sí que simplemente, el primer poder del Estado en materia administrativa no es ajeno a todo cuanto sobre este particular disponga la PGR.

En consecuencia, se trata de una delegación constitucional de funciones y que se origina y depende de la procuradora general y de los dos directores de la Pepca, quienes ejercen sus funciones desde el orden estrictamente institucional y sin ningún tipo de involucramiento político partidario, al menos es lo que técnicamente se supone.

Sin embargo, la política y como tal, nunca estará lejos de las incidencias desde el punto de vista de la atrapada opinión pública y por lo que cabe esperar todo tipo de comentarios o análisis que los ciudadanos y en particular desde ese ariete destructor de reputaciones que son las redes sociales, las especulaciones sobrarán y las acusaciones sin fundamento serán aireadas como si en verdad quienes se expresen tuvieran calidad jurídica para ello, al tiempo que lo peor del periodismo dará rienda suelta a sus odios y resentimientos contra exfuncionarios quienes en líneas generales no quisieron o no pudieron satisfacer las apetencias de lucro de quienes desde los medios de comunicación han encontrado otra manera “refinada” de prostituirse socialmente y ejerciendo ahora toda una demostración de odio personal contra quienes -ayer funcionarios-no satisficieran cuanto se les pedía, demandaba o exigía.

Lo anterior hay que decirlo, para que mucha gente no se aloque y no se lleven de la primera noticia falsa que se propague y lo que hay que advertir, pues de tantos años de los desfiles de difamación e injuria que la canalla mediática aplica abusivamente cuando la oportunidad se le presenta y de lo cual, la operación Calamar o de cara al mal, viene siendo su nueva pieza de oportunidad para difamar e injuriar, es juicioso suponer que ya mismo deberá estarse presentando.

Una vez más y esto sí que es lamentable, seremos los ciudadanos testigos a la fuerza de una nueva generación de aparentes delincuentes de cuello blanco desde funciones públicas y tal como otras generaciones han tenido que experimentar y por lo que se ha vivido, lo mejor que debería de suceder, sería que las opiniones que se emitan sobre las conductas de los fiscales y lo que digan o aquello que los medios manipulen y distorsionen respecto a lo que ellos expresen y los discursos de réplicas y contra réplicas de los abogados a cargo de la defensa respecto a que los derechos de los imputados no sean afectados y mucho menos, que áreas del partido oficial y como ha ocurrido en el pasado en otros gobiernos, les dé por írseles al cuello con todo tipo de ataques y bajezas.

Y es que nunca se podrá entender, que, si el Estado se apersona como parte acusadora en un proceso de corrupción de funcionarios o exfuncionarios, haya la necesidad de que parte de la empleomanía pública se torne a favor de un circo mediático por el que las honras y reputaciones de los presumibles imputados rueden por el suelo y para vergüenza y dolor de sus familias.

Ahora bien. Lo que va viene y muchos funcionarios y empleados públicos actuales de los que hemos dicho que se han vuelto locos actuando de una manera ciertamente irregular y altamente permisiva, consideramos que deberían verse en el espejo que se les presenta y porque ciertamente y como les ocurre a los ahora procesados, aquí hay tanto individuo y desde las posiciones gubernamentales que ocupan, quienes creyéndose que se pueden llevar el mundo por delante, al final terminan señalados como personas, que por los nuevos bienes que tienen y el escandaloso nivel de vida que presentan, perfectamente podría suponérseles un bienestar de origen ilícito y sea por sobornos, porcentajes de contratos o lavado de activos.

En conclusión. Dejemos que sea los fiscales exponiendo sus acusaciones y pruebas y los abogados de los procesados, quienes, como actores principales del proceso legal, sean los que expongan sus distintas opiniones entre doctas y de sentimiento humano y quedémonos como atrapada opinión pública, guardando nuestro criterio y para el día que los tribunales a cargo emitan la opinión definitiva y mejor, cuando el proceso termine en aquello de la cosa irrevocablemente juzgada.

Mientras tanto y en respuesta a la fértil imaginación del ministerio público con la manera de bautizar sus casos, solo preguntamos: ¿Con cara al mal? (Calamar). Respuestas habrá. (DAG) 20.03.2023