Al analizar estos indicadores económicos, necesariamente que algo no está funcionando bien y al grado, de que por más esfuerzos que la autoridad pública efectúa para mejorar el nivel y calidad de vida de los dominicanos, 578 mil 240 se encuentran en la pobreza extrema y 2 millones 502 mil en la pobreza y para una población marginal de 3 millones 180 mil 240 personas que se ha descalabrado desde agosto de 2020 a la fecha.
Para mayor perturbación y por contraste tan agudo, nos encontramos con que desde el Banco Central así como desde los organismos financieros internacionales, se habla de que el crecimiento de la economía dominicana podría estar entre el 4.5 al 5.2 en este año, al tiempo que si se revisan los números, se descubre, que paralelamente la calidad y nivel de vida de la ciudadanía ha descendido alarmantemente, igual el empleo y que en cierta manera, si los indicadores de la criminalidad social son alarmantes, se debe a que las expectativas para un presente inmediato mejor, no se entienden nada optimistas.
A todo lo anterior, se entiende y si se agregan los datos respecto a lo que los expertos denominan “pobreza monetaria”, que ciertamente la economía está experimentando unos desequilibrios realmente alarmantes y al menos, cuando se observa que los ingresos de los hogares han disminuido en un 25 por ciento y que aún cuando los salarios se indexen, la inflación de un promedio de 8.5 en el 2021 se encarga de abatirlos e igual en el siguiente año y ni hablar de lo que se espera en este 2023.
Por lo tanto, el panorama no pinta nada bien y lo que sin duda será una situación que provocará un efecto trastornador para los políticos y sus partidos e igual el gobierno y en este año pre electoral que ya tenemos encima.
Por supuesto, con todo y estos indicadores tan controversiales, políticamente hablando, todavía no hay nada que pueda indicar que el gobierno de Luis Abinader y el PRM pudiera no estar bien posicionado para las elecciones del año próximo y por un detalle muy pintoresco: Que su oposición está compuesta por partidos que han sido gobiernos desde el 2004 al 2020 y los que enormemente desacreditados por la terrible carga de corrupción moral, económica y política que arrastran, en los hechos, no tienen indicadores positivos a favor en materia de popularidad y los suficientemente determinantes, como para pretender que el común de los electores pudiera dar un giro en contra de lo evidente, de la ya casi proclamada reelección constitucional presidencial.
Situación, que también y paradójicamente se presenta a favor de Abinader, toda vez que esos 200 mil millones de pesos anuales en materia de subsidios sociales de todo tipo y que benefician a una población superior a los cinco millones de personas, hacen la contrapartida para que perfectamente se entienda, que el conjunto de electores que llegan a 7.5 millones de ciudadanos en capacidad de votar, prácticamente más de la mitad son vistos como un voto duro a favor de Abinader y no así para una oposición, que en estos momentos no tiene la fuerza ni el empuje suficiente como para debilitar las probabilidades electoralistas del presidente y de su gobierno.
Es decir, con todo que las variables económicas aparentemente no son del todo favorables ahora para Abinader y su gobierno, la realidad indica, que en materia de arraigo popular electoral, tanto el PLD como la FP y frente al PRM, no tienen y a este día, la arquitectura necesaria para desbancarles del poder.
Y si se estudian las personalidades de los presidentes de esos dos partidos opositores y ambos, productos de la etapa trujillista de la política “democrática” de elecciones manipuladas, nos encontramos con el hecho determinante, de que para las elecciones del año que viene, el factor voto joven (nuevos votantes y jóvenes que votaron por primera vez en las últimas elecciones) perfectamente que podrían ser decisorios y si le unimos los votantes de 26,30,34 y 38 años, quienes por asunto generacional, se encuentran más identificados con un Abinader que es el primer presidente post-Trujillo, que habría que entender que el presidente y con todo los problemas y las contrariedades actuales, al final llegaría a las elecciones con un voto duro no menor al 35 por ciento de los 7.5 millones de electores inscritos.
No estamos diciendo que Abinader arrasaría en los comicios, pero sí que ahora mismo se encuentra mejor posicionado que sus potenciales adversarios y competidores dentro del PLD, la FP y la recua de partidos de alquiler y si se le midiera por el efecto corrupción, enriquecimiento desporcionado y cuestionamientos ilícitos de todo tipo que acompañan a los principales lideres, Medina y Fernández, frente a un Abinader, que en este aspecto casi se le ve impoluto y tanto, que su popularidad es mucho mayor que la que tiene el mismo PRM y para no comparar con las cuotas que se suponen tienen los dos opositores principales y junto a sus formaciones políticas.
En consecuencia, si bien es cierto que lo económico pesa extraordinariamente en la política electoral, no lo es menos, que la realidad política y en este aspecto, beneficia al presidente de la República y a quien solo se le podría generar inquietud, si la parte plutócrata de su régimen desarrollista se le fuera de las manos.
Naturalmente, los indicadores económicos y si se descuidan, lógicamente que podrían serle una carga pesada a las aspiraciones presidenciales, pero y si como parece, Abinader busca las vías más correctas para que esos indicadores le sean mucho más favorables a los ciudadanos, no deberían existir dudas respecto a su probable triunfo electoral.
Por lo que aparentemente, lo contradictorio, de que por un lado, CEPAL dice que la población marginal dominicana llega a 3.2 millones de ciudadanos de un total de 11.12 millones cómo población general y por el otro, el poder adquisitivo del peso se ha caído, la inflación ahoga y el crecimiento de 4.5 por ciento de la economía solo es para el 2,0 por ciento de la población, si se analiza, no es tanto que sea un peso muerto contra la reelección constitucional, sí al mismo tiempo se observan los pasos concretos, firmes y positivos que el presidente da para disminuirlos. (DAG)
