Desde que se hace un análisis en retrospectiva de los últimos 63 años de la vida de esta nación, a los expertos les sorprende como ha podido ser posible, que un estado autocrático como el dominicano, con un periodo de 48 años de ejercicio (1930-1978) y salvo los tres años comprendidos entre 1962 a 1965 y ahora con un periodo nuevo de 46 años cuyo poder institucional le ha sido arrebatado por lo peor de la burguesía, toda esa que le ha sustituido desde el 1979 a este 2025, sea un estado absolutamente débil y sustituido por una oligarquía económica, que a su vez ha sustituido y a lo absoluto, todas las dependencias oficiales desde ministerios y hasta la misma presidencia de la nación y para más inri, con un ramal totalmente extranjero proveniente de Haití.
Debido a semejante anomalía y que tiene su raíz jurídica en el decreto 229 del 31 de mayo de 1963 y emitido por el presidente Juan Bosch, presidente a su vez del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) se le da formalidad al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) cuyo único propósito, y a juzgar por el control absoluto que del Gobierno y el Estado tiene mediante sus 78 organizaciones subsidiarias y en supuesta representación de las fuerzas vivas y económicas de este país, es el de erigirse en el verdadero poder en la sombra o estado profundo al que el poder político estaba en la obligación de obedecer.
Salvo el primer periodo de gobierno balaguerista de los doce años (1966-1978) donde el poder del Estado era omnímodo y superior a cualquier otro y teniendo un presidente de la República, Joaquín Balaguer, a quien la nación le reconocía su extraordinaria autoridad moral, así como su firme mano dura para imponer el imperio de la fuerza del poder a quien osara ir contra los intereses permanentes de la República, luego no ha habido nuevo tiempo por el que se pudiera decir que la supremacía del Estado Dominicano ha sido mantenida.
Tanto ha sido este retroceso institucional, que para el segundo periodo de Balaguer (1986-1996) la autoridad del Estado se mantuvo pero a un nivel realmente mediatizado y por el hecho, de que si bien el empresariado y con el CONEP como punta de lanza, ya se perfilaba como un supra poder, lo cierto fue, que solo cuando Balaguer entregó la presidencia al nuevo primer mandatario, Leonel Fernández-PLD, la alta burguesía fue cuando pudo decir que se dirigían en el sendero de restarle poder al Estado y para que el CONEP le suplantara y lo que ocurrió, a partir de la muerte de Balaguer el 14 de julio de 2002.
Sin embargo, en ese lapso de cuatro años, lo que hubo fueron tanteos, que tomaron fuerza con el nuevo gobierno del PRD-Hipólito del periodo siguiente 2000-2004 y que terminaron por cristalizar con el retorno de Leonel-PLD para la etapa 2004-2012, en la que ese presidente realmente desmanteló toda la infraestructura estatal de la economía y se la cedió al CONEP y con el pretexto de un periodo de privatizaciones de las empresas públicas en privadas y gracias al tremendo como dócil aparato legislativo estatal, quien a su vez se encontraba tutelado por la mano siniestra del vicario y sacerdote católico Agripino Núñez Collado, quien como representante del grupo de Santiago (poderoso sector económico) fungía como el mediador entre empresarios y gobierno y Congreso Nacional.
Con todo lo que ese presidente hizo a favor de la alta burguesía, todavía esta no rivalizaba con el poder con el Estado, pero debió llegar un nuevo periodo de gobierno y con un nuevo presidente y también del PLD, Danilo Medina Sánchez, que agotó el lapso 2012-2020 y quien por cierto error de percepción al emitir un estatuto legal, que descubría y para el gobierno, el peso económico y financiero real de los grupos englobados dentro del CONEP y su altísimo nivel de evasión fiscal y quienes realmente se le rebelaron y aquel presidente debió ceder y poner en funcionamiento la plataforma, mediante la cual, año 2014, el CONEP realmente se hacía con el control de todas las finanzas y presupuestos públicos y determinando su uso y la ejecución de obras de infraestructura para beneficio de sus miembros: El Consejo Nacional de Competitividad (CNC) el que originalmente había sido creado por medio del decreto 1091 del 03 de noviembre de 2001 por el presidente, Hipólito Mejía, del PRD y teniendo en su nomenclatura las 38 fortunas más ricas de este país, que se reparten todos los contratos de servicios y contratas de obras de infraestructuras que el gobierno de turno pudiera pretender.
Es decir, hace 11 años que el CNC ejerce realmente las funciones de más peso y decisión y como una especie de gobierno paralelo y con un poder de veto sobre las decisiones del gobierno y de su presidente, ahora, Luis Abinader (2020-2028) empresario miembro también del CONEP y al que recién, otro decreto suyo le ha añadido las funciones de control presupuestario y financiero de la Policía Nacional.
Si se leen el porqué de la creación del CNC se entenderá que tan lejos llega su funcionamiento: “Por la necesidad de Establecer un marco de gestión ágil y efectivo, en consonancia con las buenas prácticas internacionales para hacer frente a las dinámicas de un mundo globalizado y de fuerte competencia. Esto con el objetivo de Formular, implementar y desarrollar las estrategias competitivas de los sectores productivos vitales de la economía del país, con el fin de estructurar una política nacional para enfrentar los retos de la globalización y la apertura comercial”.
Todo el palabrerío anterior quiere decir, que en la práctica se configura, que ni siquiera el presidente de la República puede ir en contra de lo que decida el CNC-CONEP y por lo tanto, los dominicanos nos encontramos, con que a espaldas de la ciudadanía y sin que mediara un plebiscito, un grupo de ricos tomó el control de facto del gobierno y como los miembros de la plutocracia controlan las cámaras legislativas y son a su vez los dueños de todos los medios de comunicación y de información de masas “tradicionales” (periódicos escritos, revistas, plataformas digitales y programas de radio y televisión) y cuya misión fundamental es ocultarle a la población el entramado oligopólico del poder que la plutocracia tiene, hasta ahora no ha habido posibilidad de que la ciudadanía haga conciencia de la existencia de semejante poder encubierto y al que se le agrega el control absoluto de todos los partidos políticos y sus lideres y dirigentes que conforman la llamada partidocracia.
En consecuencias se tiene un gobierno de Abinader y su partido el PRM absolutamente entregado a la oligarquía e igual a la alta burguesía y con la pretensión de no permitir, que nunca en este país pueda haber elecciones auténticamente libres y como ha estado ocurriendo desde el 2020 y el 2024 con las elecciones de esos años, hijas del poder del dinero y la manipulación a los ciudadanos.
Atadura que podría ser detenida por el uso de la fuerza que dé la conciencia popular desarrollada y la decisión de la pequeña y baja burguesía, de servir de instrumentos y junto al poder de la fuerza militar o de la insurrección civil o ambas a la vez y para eliminar de cuajo el poder abusivo y castrante del CNC-CONEP y para liberar al Estado, independizar al gobierno que esté y de esa forma drástica, se le devuelva el poder del Estado Dominicano al pueblo y a la nación.
De ahí que expresemos, que de la partidocracia (el poder absoluto para los partidos) a la plutocracia (el gobierno de los ricos) y antes, el poder hegemónico del Estado sobre el de la Oligarquía y con un presidente de la República, firme y de absoluta autoridad moral. Hemos retrocedido. ¿Se entiende? Con Dios (DAG) 16.02.2024
