Desde el momento que el debate público sobre determinada situación jurídica de índole constitucional, cae en el pozo de determinados especialistas o tratadistas jurídicos que lo distorsionan todo con tal de no malquistarse con el sistema arbitrario de los partidos políticos y el que abusivamente suplanta el voto del ciudadano independiente y en la doble condición de candidato y votante, automáticamente se da el especio para que sea el Tribunal Constitucional el que haga las correcciones de lugar.
El planteamiento no quiere ser aceptado por la tiranía partitocrática que rige la vida política de este país desde hace 63 años y cuyos responsables y comenzando por los tres expresidentes y el presidente en ejercicio de la República, parecería que están negados en lo absoluto a aceptar que en un correcto sistema democrático de opinión y decisión libre como abierta, su fundamento descansa y tiene legalidad como legitimidad en las candidaturas y votos de ciudadanos independientes sobre los que promuevan los partidos políticos.
La situación es tal, que al quedar en descubierto por el debate público que se ha entronizado desde que el viernes 13 de diciembre cuando el Tribunal Constitucional y mediante sentencia TC-0788-24 devolvió sus fueros a las candidaturas independientes sobre las de los partidos políticos, a lo inmediato, los jefes políticos y sus partidarios la han emprendido y queriendo restarle calidad legal y legitima al derecho ciudadano de llevar candidaturas propias e independientes a las de los partidos.
Ahora, una corriente jurídica dice que el TC descubrió alguna falla en determinado texto legal originario de una ley determinada, por lo que su pleno debió de hacer fue reenviar el texto con las modificaciones correspondientes y para que fueran senadores y diputados los que decidan sobre la viabilidad de este.
Y la pregunta es una, ¿cómo y si el Poder Legislativo ha desertado de su función fundamental, de ser el contradictor y contrapeso natural de los demás poderes públicos y en particular del Poder Ejecutivo, se le pudiera pedir que sus miembros corrigieran lo que a esos legisladores y como hijos y representantes de los partidos políticos, conocen perfectamente, que de hacerlo perderían sus privilegios y los de sus partidos?
Entonces y a lo inmediato, se entiende el espíritu corrector de la sentencia TC-0788-24, al disponer que la democracia se fundamenta en las candidaturas independientes, hijas de los propios ciudadanos y no en aquellas otras que le dan posicionamiento a los partidos políticos y para que conviertan la democracia en la partidocracia abusiva y corrupta que tiene 63 años negándole sus derechos de acción y decisión sobre su manera de gobernar, al ciudadano por sí mismo y con la sabia característica de motorizar las candidaturas independientes a las de los partidos políticos.
Al hacer la reflexión y viendo el desastre actual en cuanto a que el sistema democrático se ha convertido en una tiranía partidaria múltiple, que como partidocracia es un sistema totalitario negador a lo absoluto de los fueros y derechos de los ciudadanos y que siempre y como institución legal debe de estar por encima de las pretensiones monopolísticas y para decirlo de algún modo, de los partidos políticos, convertidos de hecho en maquinarias autoritarias coercitivas y esto hay que recalcarlo, de los fueros ciudadanos.
Teniendo pues todo lo anterior en cuenta, por obligación hay que darle la razón al criterio de las mayoría de los jueces del TC y con la excepción de los dos que emitieron una opinión disidente a la de la mayoría, pues ante la flagrante violación de derecho y responsabilidades del Poder Legislativo, el pleno del TC debió de emitir una sentencia correctora y como juicio de valor, para evitar que el sistema democrático continue con la distorsión actual de dizque fundamentar el sistema democrático en los partidos políticos y no en lo correcto, del voto ciudadano independiente e hijo de candidaturas independientes.
Concomitantemente, es más que evidente por otra parte, que si esta terrible falla constitucional se ha producido y que la sentencia del TC-0788-24 corrige totalmente, tiene su origen en cuanto a que el sistema político de este país e impuesto por los grupos sectarios y elitistas de supuestos antitrujillistas que arbitrariamente “heredaron” las riquezas y bienes que la dictadura trujillista creó para el control, uso y propiedad del pueblo dominicano y auxiliados por ese populismo antitrujillista del exilio, generó un sistema de dictadura sin dictador y aprovechando la ignorancia de un pueblo, que 63 años atrás, realmente nunca estuvo preparado para saber vivir y exigir derechos en democracia funcional y abierta y tal como sí se debe hacer ahora.
De ahí la trascendencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que comentamos, que, con la misma, la mayoría del pleno del TC se decidió por eliminar de cuajo un sistema democrático que nunca se fundamentó en la decisión del ciudadano y sí que fuera suplantado por los opresivos mecanismos de mando y gobierno de una partidocracia totalitaria que había secuestrado el sistema democrático representativo y participativo como tal.
Lo que nos obliga alertar a la ciudadanía, a sus fuerzas vivas y a su sociedad civil y con énfasis llamando a las nuevas generaciones, para que no permitan el retroceso que ahora quiere la camarilla caudillista del podrido liderato político actual y representado en tres expresidentes y el actual presidente en ejercicio y quienes se muestran rebeldes a la saludable sentencia a favor de la nación y emitida el 13 de diciembre pasado por el pleno del Tribunal Constitucional.
Al mismo tiempo, creemos que los dos sesudos jueces disidentes a la referida sentencia debieron y en sus argumentaciones, haber hecho ver que lo hacían y reconociendo la deserción de responsabilidades del Poder Legislativo y reconociendo que, si aquel hubiese cumplido con sus responsabilidades, ahora la sentencia no hubiese tenido razón de ser.
No lo hicieron y entonces tocó asumir responsabilidades a la mayoría de los magníficos jueces del pleno Tribunal Constitucional, quienes, en mayoría aplastante, rescataron la democracia del control abusivo e inconstitucional de una partidocracia que durante 63 años y gracias a la concentración de poder ilegal en el Poder Ejecutivo y viabilizada por la sumisión a este del Poder Legislativo, ha impedido que las candidaturas independientes a los partidos le devolvieran el país, es decir, el poder institucional, al pueblo.
Que, en resumen, es lo que planteamos y al especificar, que desde el momento que el Congreso Nacional deserta de sus obligaciones constitucionales de fiscalización del Poder Ejecutivo, la democracia pierde calidad para estar sustentada en los partidos políticos y sí en el voto del ciudadano independiente a estos. Con Dios. (DAG) 09.01.2024
