Desde la mañana de ayer se inició la gran prueba cívica de contención política propagandística o de publicidad encubierta por parte de todos los medios de comunicación y de información de masas de la República y con mayor énfasis en los lupanares mediáticos en las redes sociales como en los programas y comentarios de la radio y la televisión.
En este aspecto, debe recordarse que de acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Electoral (20-23) entran en dominio, 200 fiscales electorales que asientan sus funciones en los tribunales ordinarios de toda la nación y bajo el mecanismo canalizador de la Procuraduría Especializada contra los Delitos Electorales.
Igualmente, las infracciones y sus respectivas sanciones figuran en la ley desde el artículo 309 hasta el 320.
Por ejemplo, el artículo 310, señala que serán castigados con prisión correccional de seis meses a dos años y multa de dos a diez salarios mínimos del sector público: los que sustituyeren una boleta por otra; los que se negaren o dejaren de firmar un certificado de elección a favor de cualquier persona que tenga derecho al mismo; los que violaren las normas sobre medio ambiente en la realización de la campaña electoral, particularmente aquellas que afectan la flora, la fauna y los niveles de decibeles permitidos para la emisión de ruidos y los que violaren cualesquiera de las resoluciones que en atribuciones reglamentarias dicte la JCE y los que obstaculicen a cualquier elector en el acto de votar o al dirigirse o retirarse de los colegios electorales. (DAG-OJO)
