Parecería que todo comenzó, cuando en plena revolución de abril de 1965, el entonces comerciante, almacenista e importador, Pepín Corripio, contactó al entonces capitán de navío, Manuel Montes Arache, quien era el segundo al mando del movimiento armado, “para buscar la forma” mediante la cual se podrían preservar todos los almacenes del comerciante, que estaban en la zona en armas y que ocupaba también las aduanas. Se desconoce a que tipo de acuerdo se llegó, pero la realidad fue, que, contra todo pronóstico, los almacenes, mercancías, bienes y activos de Corripio no fueron tocados y sí protegidos.
Que sepamos, fue a partir de ese hecho con el que se inició la corrupción militar y su entramado empresarial de soporte, que cuando Joaquín Balaguer volvió al poder en julio de 1966 adquirió condiciones de acta de nacimiento formal y que como se ha visto, a partir de ese gobierno constitucional fue subiendo cada día en escala y hasta abarcar ahora, todo lo que comprensiblemente debería llamarse entramado comercial empresarial y societario con el empresariado de este país y con el disfraz de suplidores del Estado o de directores de Aduanas corruptos.
El esquema criminal y con apoyo político oficial y de alta complicidad política partidaria primaria de todas las banderías políticas, alcanzó unos niveles en esta, digamos, “primera etapa”, que abarcó los años 1966-1978, que si se hiciera un rastreo contable y solo desde las aduanas, se descubriría el tremendo desfalco, robo, latrocinio y fraude perpetrado por semejante asociación de malhechores propiciada por el mismo Estado Dominicano contra los contribuyentes dominicanos, más su colateral de amplia evasión de impuestos y lavado de activos desde el ámbito comercial y empresarial.
Si todo lo anterior resulta detestable ante los ojos de la nación, mucho peor es el entramado delictual, que todos esos actores continuaron protagonizando en el lapso 1978-2000, hasta que con la entrada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la presidencia de Leonel Fernández, dio paso a lo peor y en las nuevas administraciones encabezadas desde el 2004 al 2020 y en este último tramo, en la presidencia de Danilo Medina Sánchez, de todo cuanto para los efectos se constituyó en la más terrible célula criminal militar, que abarcando a todo el alto mando militar y la misma plana mayor policial, no dejó dudas de que la República Dominicana estaba o todavía está dominada por un cartel militar-policial y oficial, como nunca antes se había conocido.
Ahora mismo y solo por lo que ha trascendido por investigaciones hechas por el ministerio público y bajo instrucciones de la actual cabeza de la Procuraduría General de la República, se podría presumir y esto, hasta con cierta timidez, que hablamos de un robo y desfalco continuos y en toda regla, que pasa y como mínimo, de los mil millones de dólares estadounidenses y que por su magnitud, denunciado el entramado y por sus características, es sencillamente imposible y políticamente peligroso, que el gobierno del presidente Luis Abinader quisiera callar.
La situación es tan conflictiva, que conocido por el ejemplo todo el entramado del caso criminal Coral y ahora ampliado con el Coral 5G, que al gobierno no le queda otro reto que continuar con las investigaciones, profundizarlas y hasta que todos los actores-culpables o cómplices-sean llevados ante un juicio de fondo y si es preciso y porque futuras indagatorias y testimonios indiquen, que los mismos presidentes Fernández y Medina y sin excluir a Hipólito Mejía del actual partido oficial, tienen responsabilidades por complicidades que ahora no se ven, pero que todo el mundo intuye, toda vez que nada de lo denunciado y descubierto, se hubiese podido realizar sin el consentimiento directo del Poder Ejecutivo representado en esos tres expresidentes,.
Desde luego, estamos contestes en cuanto a que aquello que inicialmente comenzó como un accionar represivo gubernamental contra el gobierno anterior, ha llegado a unos niveles tan amorales, del que definitivamente, todos los dominicanos ya sabemos las grandes complicidades de, si no todos, si de la gran mayoría de los componentes de la partidocracia y por lo que también se descubre, que es la clase política como un todo, la otra gran culpable y responsable de todo este cartel criminal castrense-policial-empresarial y gubernamental y con su “base principal” de absoluta impunidad en el Congreso Nacional.
Y es que comprendemos, que, por la magnitud de lo descubierto, al gobierno se le formaría un muy delicado momento político de posible inestabilidad social, si de pronto, la procuradora general, Miriam German Brito y espantada por el estercolero que sus subalternos han destapado, intentara dar marcha atrás y ante tal presunción, damos la alerta de lugar, toda vez que, por lo descubierto, es a la República a la que conviene la profundización de las investigaciones y hasta las últimas consecuencias.
Por lo pronto, lo correcto debería de ser, que el mismo alto mando militar de un paso al frente, aplauda y colabore con el accionar criminal castrense descubierto, reafirmando de ese modo su apoyo al gobierno constitucional que preside Abinader y que igualmente, los tres expresidentes de la República en entredicho, emitan una declaración conjunta o particular de cada uno, aplaudiendo el accionar del ministerio público, colocándose a sus órdenes y no vacilando en cerrar filas, con un presidente Abinader, que en estos momentos, está más necesitado de apoyos como nunca antes desde que llegó al poder.
Ni que decir, que todo el aparato mediático dentro de la prensa mercancía perteneciente a los barones mediáticos, como todos aquellos medios digitales independientes a todos los poderes públicos y privados, debemos también respaldar la institucionalidad y ofrecerle pleno apoyo a las autoridades judiciales a cargo y de manera, que nadie dude, de que en esto, es toda la nación y sus fuerzas vivas quienes respaldan al gobierno nacional en este asunto de búsqueda de desterrar las prácticas corruptas de enriquecimiento desproporcionado, lavado de activos y de asalto a los recursos públicos perpetrados por la mafia militar ahora descubierta en las instituciones del Estado.
Mafia, que de tan canallesca y vil, nos hace decir, que se está frente a una desvergonzada, hiriente y amoral criminalidad militar desarrollada por generales delincuentes, que coloca en el banquillo de acusados a todo el alto mando militar de todas las instituciones castrenses y que también cuestiona a la clase política. (DAG)
