Si hubiera ido a programas sociales, se habría ayudado hasta 758 mil personas, además de las que ya reciben
Con el monto del fraude cometido contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa), equivalente a más de 15 mil millones de pesos, según ha calculado el Ministerio Público, el Estado dominicano habría podido ampliar de manera significativa la cobertura de subsidios sociales destinados a hogares pobres y vulnerables.
Según el criterio de cálculo, esos recursos habrían permitido sumar entre 513,000 y 758,000 beneficiarios adicionales a los programas ejecutados por ejemplo en el año 2024, una cifra que dimensiona el impacto económico de los fondos desviados mediante un esquema que, según las autoridades, operó durante años dentro de la institución. Concretamente, para que recibieran las ayudas sociales del Estado, se habría podido incluir otro 6.9% de la población dominicana, que según el Censo de Población y Vivienda del año 2022 es de 10,878,267 habitantes.
Los datos oficiales (del Gobierno) establecen que el pasado año ejecutó o dispuso RD$43,843.1 millones en subsidios sociales a través de 14 programas, llegando a 1.5 millones de personas en todo el territorio nacional. Bajo ese nivel de gasto, el costo promedio por beneficiario ronda los RD$29,228 al año. En consecuencia, de haberse destinado el monto defraudado en Senasa a la protección social, habrían podido cubrirse o beneficiarse aproximadamente 513,400 personas adicionales, principalmente en segmentos de pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica.
Sobre los subsidios o ayudas que entrega el Estado a personas necesitadas, las cifras de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), indican que por vía del programa Aliméntate se destinaron el pasado año RD$29,590 millones; Bonogás, con RD$7,478 millones; Bonoluz, con RD$4,507 millones; Avanza, con RD$552.7 millones; Bonogás Chofer, con RD$494.1 millones; Suplemento Alimenticio para Envejecientes, con RD$395.3 millones; Fondo de Discapacidad, con RD$369.3 millones, entre otros. La información establece que el 55.4% de los beneficiarios participa en más de un programa, y que el 63% de quienes reciben ayudas son mujeres, frente a un 37% de hombres.
Una segunda forma de medir el impacto potencial que pudo tener el monto sustraído desde Senasa es tomando como referencia el programa más grande y el que atiende de manera más directa la pobreza alimentaria: Aliméntate.
Este subsidio alcanzó 1,497,183 beneficiarios en 2024 con un presupuesto de RD$29,590 millones, lo que implica un costo promedio anual de RD$19,767 por persona. Si los 15 mil millones hubiesen ingresado a esta iniciativa, en vez de irse a bolsillos particulares, se habría podido integrar a 758,500 beneficiarios adicionales, una cifra superior a la población total atendida por todos los programas más pequeños combinados.
Mientras estas cifras dimensionan la capacidad social que pudo haberse logrado, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostiene que dentro de Senasa operó una estructura criminal que manipuló cuentas, emitió facturas falsas, creó empresas de carpeta y abultó pagos por servicios médicos a través de un mecanismo sostenido en complicidades internas y externas. El caso, denominado “Operación Cobra”, involucra casi 16 mil millones de pesos y diez imputados, hasta el momento, entre ellos el ahora exdirector de la institución, Santiago Hazim. La procuradora general, Yeni Berenice dejó saber ayer que podrían estar “halando” más personas que se beneficiaron de la estafa o asociación de malhechores.
La instancia de solicitud de medida de coerción afirma que desde antes de llegar al cargo, Hazim estableció compromisos económicos con empresarios que luego formarían parte del esquema que afectó las finanzas del asegurador estatal. Entre los arrestados figuran Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Rafael Luis Martínez Hazim, Heidi Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella. El Ministerio Público indica que otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación.
El expediente señala que se incrementaron de manera fraudulenta pagos por tratamientos oncológicos, “abultando el número de sesiones de radioterapia y quimioterapia”, se facturaron procesos de hemodiálisis a pacientes fallecidos y se ejecutaron procedimientos cardiovasculares con stent innecesarios. También se reportaron “lesiones inexistentes o de tamaño irreal” en cirugías de piel, además de endoscopias y colonoscopias sin justificación clínica. Concretamente, servicios que nunca se ofrecieron, que no eran necesarios o que no fueron recibidos, porque los difuntos no van al médico. Se cita en el expediente que entre las acciones delictivas figura la inclusión de personas que ya no están en este mundo, en procesos médicos que luego se pagaban y se cobraban.
La Pepca agrega que la alta gerencia de Senasa obtuvo contratos millonarios a cambio de sobornos y que las empresas fachadas emitían comprobantes fiscales por servicios no prestados para simular relaciones comerciales.
Según la acusación, los imputados elaboraron facturas falsas y subregistros contables para evitar detección de los movimientos de fondos. En la investigación habrían ocultado información y retrasado la entrega de documentos a las autoridades.
Desde poco antes
De acuerdo con lo que ha detallado el Ministerio Público, el entramado empezó antes de la llegada de Hazim al cargo en Senasa, cuando fue adquirido un vehículo Lincoln Navigator 2020 a través de fondos manejados por el empresario José Ortiz Giráldez. Este último habría recibido cerca de RD$529 millones mediante transferencias, de los cuales entregaba el 90% a Hazim, convertidos previamente en dólares y entregados en distintos lugares, según la instancia.
Más datos contenidos en el expediente presentado:
El Ministerio Público ha dicho que otro componente del fraude está vinculado a Nutri-med Marine Alvarado, Nutri-med CAS y Nutrición y Medicina, que entre 2021 y 2023 recibieron pagos superiores a los RD$4,074 millones. El impacto económico de los fondos desviados introduce un elemento adicional al debate sobre la eficiencia del gasto social. De haberse canalizado los recursos hacia los programas existentes, la cobertura habría aumentado entre un 34% y un 50% respecto a los 1.5 millones de beneficiarios actuales, incrementos que equivalen, en términos demográficos, a poblaciones completas de provincias del país. Por: Martín Polanco (EC)
