No cabe duda de que el presidente Luis Abinader y olvidando que su escogencia para un nuevo periodo de gobierno que nació de un fraude electoral masivo, no se corresponde a uno legal y legítimo, realmente se ha creído que él puede imponer a los legisladores de su partido, un proyecto de ley de reforma constitucional, fundamentado únicamente en su poder de veto como jefe del PRM.
Y si bien es cierto que como líder de su partido puede imponer o hacer lo que le venga en ganas con los estatutos de la formación política, no así puede actuar de manera casi similar como un presidente de la República, cuyo mandato está fundamentado en el aspecto más estricto de respeto al estado de derecho constitucional, que se supone se vive.
En consecuencia, absolutamente nadie dentro del país político y que provenga de otros sectores políticos y sociales no gubernamentales, en ninguna circunstancia le puede aceptar un proyecto de reforma constitucional que va en contra del ejercicio del sistema de la democracia representativa y en el que desde hace sesenta años se vive en esta nación.
A partir de esta oposición y la que debe ser recia y firme y por el bien de la institucionalidad mejor entendida, al líder político Abinader, se le tiene que advertir y lo que hay que recalcarlo, que él y como presidente de la República, no tiene derecho alguno a imponer a un electorado de 8 millones de electores, de los que solo dos millones se fueron a su favor, una reforma constitucional que en lo absoluto y por lo que de la misma, lo poco que se conoce, no representa en lo absoluto a una significativa mayoría nacional que no votó por él y menos por su partido.
Determinado este parámetro, igualmente hay que advertirle a la mayoría congresional ilegal e ilegítima que el primer mandatario tiene, que a ninguno se le aceptará que avalen un mamotreto de reforma constitucional que no representa a la República y la que es solo expresión de la ambición sin límites, de un Abinader, quien parecería que quisiera gobernar en base a decretos-leyes e imponiendo y sí las instituciones tutelares le dejaran y tanto civiles, empresariales, religiosas, fácticas y militares, una dictadura de hecho y para colmos de corte personal.
Al hacer esta puntualización, a partir del día que el Senado vaya a conocer el proyecto de reforma constitucional, los miembros de las fuerzas vivas y sin distinción alguna, deberán piquetear la sede del Congreso Nacional y tantas veces se esté conociendo el proyecto de marras. Todavía más, desde el momento que los legisladores de la oposición impongan su voz cantante y otros del PRM se opongan también al proyecto aludido y no haya manera de que el presidente respete el estado de derecho, deberá iniciarse el procedimiento institucional por el que Abinader sea sometido a un juicio político e incluida su vicepresidenta y al pretender variar la organización democrática del gobierno y por uno que tenga que ver con la grosera imposición de una dictadura de partido y partidocrática.
Ni que decir, que, desde ahora, la gran mayoría de los medios de comunicación y de información de masas de ejercicio y vocación democrática y junto a sus periodistas, reporteros, comunicadores y opinantes y también los influenciadores en las redes sociales, deberían de iniciar una oposición institucional militante y llevando a la atrapada opinión pública a manifestarse públicamente en contra de semejante pretensión totalitaria.
Que se recuerde, desde el 1966 a la fecha y con excepción del actual, nunca hubo partido político y gobierno que, de forma tan atrevida, su presidente abogue por la destrucción del estado de derecho y al patrocinar una reforma constitucional, que en lo absoluto no representa a la ciudadanía en gran mayoría.
¿Por qué hay que hablar en términos tan apocalípticos?, porque la primera víctima del intento de reforma a lo Abinader, seremos todos los medios de comunicación de masas y los ejercicios de las libertades de prensa, de conciencia, de información y de disidencia y luego cada uno de los ciudadanos que estamos en la obligación de preservarlas y defenderlas.
Sí es cierto, que Abinader, el PRM y su gobierno han creado un formidable aparato de propaganda, mediante el cual, los trabajadores de los medios han sido objeto de la mayor compra de conciencias y logrando las autoridades, que de esa manera estas hayan secuestrado el ejercicio de la palabra y la de prensa y afectando de una forma harto peligrosa el resto de las libertades públicas.
Al tener conciencia de esta inquietante realidad, entonces, al gobierno, al PRM y al presidente, hay que advertirles y desde ahora, que lo mejor de la República no le aceptará una reforma constitucional, salvo que cada articulo sea conocido y decidido por los ciudadanos mediante el referéndum y que es la única via constitucional legítima por la que una reforma constitucional debe ser aceptada.
No estamos diciendo que haya que tumbar al gobierno o apartar del poder a Abinader, simple y determinantemente decimos, que al primer mandatario hay que hacerle ver que su propuesta de reforma constitucional no es lo suficientemente abierta y democrática para que por el mecanismo que Abinader propone se le pudiera entender confiable.
Recálquese, este anuncio de reforma constitucional, no cuenta ni siquiera con los suficientes consensos, por lo tanto, desde ahora hay que discutir y desde el seno de todas las instituciones dentro de las fuerzas vivas como de la sociedad civil, si el primer aviso de no aceptación de la reforma que Abinader quiere, sea la misma respuesta que en el 1961, la empleomanía pública, renunciando masivamente y la nación, le hicieran al remanente del gobierno trujillista de Balaguer, generando una huelga general de toda la empleomanía pública y paralizando de ese modo el ejercicio del mismo gobierno y al no disponer la autoridad cuestionada, del control efectivo de todas las instituciones del Estado.
Una nación y su pueblo, que por años se labró a sangre y fuego el querer vivir en democracia y no en dictadura, es la que masivamente debe advertir, que el autoritarismo público de Abinader frente al Congreso y por su proyecto de reforma constitucional, debe ser respondido con un juicio político desde el Poder Legislativo y una huelga masiva desde la empleomanía pública. Con Dios. (DAG) 25.08.2024
