El Gobierno no tiene calidad legal ni legítima para desconocer el DR-CAFTA y que, si lo pretendiera, comprobaría el tremendo costo político electoral que acompañaría su infeliz iniciativa

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Que en la República vivan 600 mil personas que supuestamente dependen de la producción de arroz y que haya 300 factorías, cuyos dueños las controlan como un virtual monopolio o que como grupo de presión han sido uno de los más fuertes donadores del PRM en las elecciones del 2020, por ningún concepto daría razones para que el presidente de la República, quiera hacer lo que no se debe y peor, pretendiendo poner el buen nombre de la República en entredicho y su capacidad de hacer y cumplir acuerdos internacionales.

En este sentido y con todo que se entiende que el gobernante es titulado en economía o que tiene experiencia de dirigir la universidad familiar, hay ciertas cosas y actitudes que un presidente en ejercicio no debe ni puede hacer. Y una de ellas es no pretender desconocer unilateralmente un acuerdo internacional firmado por el Estado a nombre de la República y legitimado por sus cámaras legislativas en asociación con los congresos de los demás países signatarios.

Hablamos del DR-CAFTA, el tratado de libre comercio entre EEUU y Centroamérica y República Dominicana, que firmado y puesto en ejecución en los años de inicios de la década de los años dos mil y en tiempos que aquí era presidente Hipólito Mejía y la funcionaria signataria, fue la hoy embajadora ante EEUU, Sonia Guzmán.

Es decir, que después de más de diez años de estar en ejecución y aplicación y sabiéndose que los gobiernos que quisieran hacerle cambios no podrían hacerlo si su planteamiento no fuera aceptado por todos los países signatarios, es muy cuesta arriba escuchar a Abinader y planteando lo ilógico de una supuesta defensa del “interés nacional”, cuando el mismo tratado, facilita que cada país signatario genere o cree unas medidas de salvaguardas para favorecer a los sectores que deberán de acogerse al periodo de desgravación arancelaria que se iniciará en el 2025.

¿Qué significa esto?, que desde el 2007 hasta el 2025 los productores nacionales que cultiven los rubros que podrían verse afectados y en el sentido de que sus productos deberán de competir con sus iguales del exterior en el 2025 y sin pagar impuestos de entrada, han tenido 18 años para efectuar la reingeniería de lugar y para que, compitiendo en calidad y bajos costos, puedan competir en el mercado con sus pares de Estados Unidos y Centroamérica.

En vez de hacerlo, el cartel de los productores de arroz y mintiendo descaradamente, clama porque si no se impide el cumplimiento de esa disposición del DR-CAFTA ellos y supuestamente, irían a la quiebra y tres millones de personas caerían en la pobreza absoluta y que es otra gran mentira, mientras en el lapso de 17 años obtienen pingues beneficios, imponiendo unos abusivos precios del arroz, aprovechando que para el grano aquí funciona un mercado atrapado.

Naturalmente, como se está en un año preelectoral, el cartel de los productores de arroz va donde el presidente Abinader y llorando a lagrima viva le piden que los proteja y sorprendentemente, el presidente Abinader, cuya responsabilidad es sobre los casi 11 millones de dominicanos que vivimos en el territorio nacional, parecería y por sus contradictorias declaraciones, que solo le preocupa o se hace responsable del destino de los que viven del arroz, no más de tres millones de personas.

Por supuesto, entendemos que Abinader se interese en escucharlos y que hasta tenga intenciones de ayudar a ese sector productivo, pero no al costo de afectar el buen nombre de la República y su honrosa posición de ser una nación soberana que siempre ha cumplido los pactos internacionales a los que se compromete.

Abinader, perfectamente que puede crear determinadas medidas de salvaguardas para ese sector productivo y sin afectar los intereses permanentes de la nación, pero como no tiene un ministro de Agricultura diligente y tampoco el de Industria y Comercio y estos, sin un adecuado equipo multidisciplinario que sepa  que tiene entre manos en lo relativo al DR-CAFTA, comete en el error, de que muchos le vean en un tono demagógico, toda vez que él sabe perfectamente, que bajo ningún concepto puede intentar violentar el DR-CAFTA.

Así mismo, debe conocerse, que en este lapso de 17 años, el cartel de los productores de arroz ha tenido ganancias netas por encima y esto a este año, de los 200 millones de dólares estadounidenses, es decir, que sus miembros y con esas ganancias, bien que pudieron realizar las contramedidas de protección internas que les enseñaran a saber competir en el mercado nacional con productores de arroz centroamericanos y estadounidenses, cuyos productos entraran libre de impuestos y al mismo nivel de los productores locales.

Precisamente por esa realidad, es que POR EL OJO DE LA CERRADURA se opone firmemente a que el gobierno viole el DR-CAFTA, pues de hacerlo, quien se perjudicará grandemente es toda la economía nacional y como nación, seríamos vistos como una especie de paria que no cumple los compromisos que firma y que significaría entonces el cierre de puertas para todos los productos bienes y servicios que esta economía produzca.

Lo que ocurre, pero que no se dice, es que el millonario productor de arroz que está detrás de la campaña anti tratado, uno, hijo de un supuesto “héroe nacional” y proveniente de una familia supuestamente anti trujillista, ha puesto en práctica el sistema de protesta política aglutinante via medios de comunicación por paga y con apoyo $abrumador$ en las redes sociales y ciertas plataformas radiales y televisivas de odio, que entienden, que armándole un lio de opinión contraria al presidente, Abinader terminaría por ceder a sus absurdos planteamientos.

Y lo que nos hace recordar, que el Gobierno no tiene calidad legal ni legítima para desconocer el DR-CAFTA y que, si lo pretendiera, comprobaría el tremendo costo político electoral que acompañaría su infeliz iniciativa. (DAG) 17.03.2023