Crisis institucional por una decisión sin precedentes del Tribunal Constitucional. Así titulan algunos medios informativos lo sucedido en el TC, recogiendo las declaraciones del Gobierno y sus aliados, que trasladan la responsabilidad a los magistrados que tomaron la decisión, olvidando que lo que no tiene precedentes es lo que hizo el propio Gobierno: incluir la reforma de la LOPJ y del TC mediante unas meras enmiendas a una Proposición de Ley –que no Proyecto de Ley– sin tener ninguna vinculación causal con esas enmiendas.
Esta conducta parlamentaria es irregular, y así lo hizo saber el propio letrado de la Comisión de Justicia del Congreso cuando el presidente de esta las aceptó. Así también lo afirman precedentes decisiones del mismo Tribunal.
Lo cierto es que al echarse Sánchez totalmente en brazos de los separatistas que gestaron el procés, la política nacional está imitando la actuación que llevaron a cabo en aquellos nefandos días 6-7 de septiembre de 2017, cuando el Parlament aprobó las leyes de «desconexión» con el orden constitucional, marginando absolutamente los derechos de la oposición.
Ahora el sanchismo adopta esa misma estrategia y de igual forma que el TC condenó entonces aquella actuación, ahora lo hace también con ésta. No puede disociarse de lo que sucede y de esta grave crisis institucional la evidencia de que Sánchez quiere «constitucionalizar» toda su política de cesión a la estrategia de ERC, que ya pide un referéndum de autodeterminación.
Para ese objetivo es esencial tener mayoría en el TC. Y esa es la cuestión, y los dos candidatos propuestos por el Gobierno no dejan margen para la duda. Uno es Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, que tramitó los indultos de los secesionistas y que en el Congreso afirmó que estábamos en un «proceso constituyente». La otra es Laura Díez, Catedrática de Derecho Constitucional y alto cargo en Moncloa en la órbita del PSC, que en 2004 asesoró a la Generalitat en el proceso del nuevo Estatut. La alianza entre los socialistas y ERC tiene detrás una larga historia y no precisamente digna de ser imitada.
El primer Tripartito de 2003, con Pasqual Maragall al frente, elaboró un nuevo Estatut, cuyas consecuencias se hunden en las raíces del procés y de la crisis actual. Y si nos remontamos más atrás, a la II República, el bienio trágico de 1934-1936 tuvo en el pacto de ambos la causa del golpe de Estado revolucionario, con sus focos más intensos en Asturias y Barcelona, con miles de muertos. Dos años después, recién llegados al Gobierno, todos fueron indultados y excarcelados. La Historia se repite. Por: Jorge Fernández Díaz [La Razón]
