La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado el informe Situación de Derechos Humanos en Haití, con fecha de noviembre de 2022.
Sus 107 páginas, dicho esto con el máximo respeto a los autores, son un ejercicio extremo de escritura de organismo internacional: párrafos y párrafos de lo que ya se sabe sin proponer una posible solución a ninguno de los problemas que se detallan en el documento.
Que se investigue el magnicidio de Jovenel Moise. Que se garantice el derecho de los periodistas haitianos a informar. Que se garantice el derecho a los ciudadanos a moverse por su país. Que se garantice la celebración de elecciones libres… Sí. El diagnóstico está hecho desde hace mucho. ¿Pero quién encarga de garantizar todas esas necesidades?
La comunidad internacional conoce muy bien las condiciones y las necesidades. El mismo primer ministro haitiano ha pedido una fuerza internacional que apoye los esfuerzos que hace la policía haitiana. Estados Unidos no quiere ni mirar para allá. Ni mirar… ni hablar del tema. Y la sugerencia más concreta que se ha permitido plantear es que se haga un campamento “provisional” de refugiados en este lado de la frontera o que se trate el tema de la “apatridia” de los haitianos en República Dominicana.
Canadá ofreció unos carros blindados… que Haití compró. Las Naciones Unidas ponen en agenda el tema siempre que se tercie, muy respetuosamente. Pero no anuncia medidas concretas.
Lastimosamente, Haití arranca el año con la misma incertidumbre, violencia, carencias. Un país con el tejido social y productivo destrozados, sin instituciones que puedan ordenar un proceso electoral libre. Con una sociedad civil dividida y con muy poco margen de maniobra.
Sí, la situación se conoce. Las soluciones, no. Por: Inés Aizpún [Diario Libre]
