Una vez más el titular de la Procuraduría Anticorrupción (Pepca), Wilson Camacho, vuelve a incurrir en el yerro de querer desconocer, que sus decisiones y como las de todos los fiscales y la misma procuradora general, no atan las decisiones de los jueces.
En este sentido, hay que aplaudir la toma de responsabilidad procesal de muchos jueces que han decidido asumir sus responsabilidades y roles tal cual lo dictan la Carta Magna y los Códigos y no atender esa especie de terrorismo judicial mediático que los subprocuradores Camacho y Reynoso Gómez han pretendido desde hace dos años y al disponer, al menos es lo que parece, de un cartel mediático de medios y periodistas que hacen todo cuanto ellos les dictan en materia de juicios mediáticos paralelos.
¿Camacho no está de acuerdo con la sentencia de determinado tribunal?, lo único que le cabe, es recurrir a la misma y si le es posible. Pero de ahí a tratar de imponer un terrorismo judicial del que algún día el Poder Ejecutivo y en aras de preservar la majestad de la Constitución deberá de llamarles a capítulo o en todo caso, el Poder Legislativo y de continuar con su inconducta, creemos que no se la despinta nadie.
Una cosa es la independencia del Poder Judicial en términos procesales y otra muy distinta, que desde la Procuraduría General de la República se entienda que allí están por encima del Poder Ejecutivo.
Hasta ahora, el presidente Abinader se ha hecho el desatendido y tanto la PGR como los subprocuradores y ciertos fiscales, han hecho lo que han querido. Pero todo tiene su limite y cuando Abinader se dé cuenta de que como Jefe de Estado y de Gobierno, ni debe ni puede estar por encima de la Carta Magna decidiendo sobre asuntos que códigos y leyes reglamentan y como lo es la subordinación de la PGR y el ministerio público en general, seguro que reflexionará y se dará cuenta que lo están agarrando de tonto.
Finalmente, hay que decir, que hasta tanto la Constitución de la República no sea modificada para que la PGR y el ministerio público sea un poder paralelo a los tres existentes, el Poder Ejecutivo no le queda otra que asumir sus responsabilidades respecto a la cuota que tiene de responsabilidad directa como jefe de la justicia represiva a cargo de la PGR y el ministerio público. (DAG-OJO)
