El debate que se ha generado en círculos interesados de la opinión mediática y a propósito de la existencia de la ley 1-24, que establece la obligación del Estado de estar atento vigilante de la vida nacional y del periodismo, cuando este es utilizado por sus dueños e intereses como herramienta para imponer la autocensura dentro del mismo sector mediático y de hecho, en agente desestabilizador de la institucionalidad en determinados casos.
Es una situación, que está presentando la insólita tendencia de un fuerte grupo de opinión sesgada desde los medios de comunicación y periodistas adscritos a la prensa mercancía, de creerse que los gobiernos no tienen derecho a disponer de sus propios mecanismos o aparatos de inteligencia y espionaje y menos, de vigilar a todo aquel sector o ciudadano y sin importar que sea mediático y con miras de impedir que el estado de derecho en algún momento pudiera ser lesionado y por una anarquía de opinión auténticamente subversiva.
Se ha llegado a unos niveles tan quijotescos, que el gobierno actual y temiendo que la atrapada opinión pública pudiera írsele en contra, cedió la prerrogativa suya de fiscalización para garantizar los intereses permanentes de la República y para que en el caso de la viabilidad de la ley 1-24, dejar que una comisión periodística desde la llamada asociación de diarios se atribuya autoridad legislativa de facto y para determinar, que se puede o no aceptar de una ley, que para la generalidad de la prensa dominicana, es decir, de sus dueños, “es un atentado” en contra de su libertad de ejercicio profesional.
Solo con recordar, que esos mismos directores, periodistas y medios que actuaron para los años setenta y ochenta del siglo pasado como agentes encubiertos de la desestabilización política, utilizando sus medios para conspirar contra el estado de derecho y que los gobiernos constitucionales de Balaguer experimentaron en carne propia con las transmisiones en vivo de estaciones de radio y televisión distorsionando la realidad de los hechos y encubriendo las acciones terroristas de elementos de la izquierda radical, comunista y castrista de cuando la Guerra Fría o facilitando publicidad encubierta para anunciar la invasión guerrillera del desertor Caamaño Deñó o lo reciente, de pretender impedir que Migración detuviera a un indocumentado deportista cubano, debería de ser más que suficiente y para que el presidente Luis Abinader no hubiese caído en el error y con miras de que ese sector de opinión manipulada, censure la aplicación de la ley en debate.
Otros sectores y como este medio y aun cuando entendemos que la ley 1-24 en su texto crudo es una limitante innecesaria para la opinión libre, así como para el ejercicio periodístico en materia de preservación de las fuentes de información, entendemos que es una ley, que en lo que respecta a la seguridad del Estado y la funcionabilidad de este en materia de espionaje geopolítico, que no puede ser desestimada por un grupo de intereses que erradamente se entienden intocables.
Prevalidos de semejante actitud, ¿cuántos no han sido los productores de radio y televisión, quienes creyéndose que un micrófono o una cámara es su arma de reglamento, han abusado de sus prerrogativas de información y para invadir propiedades privadas, acosar ciudadanos y generar descalificaciones de índole moral, que un tribunal no sujeto al terror mediático debería de desechar y condenar semejante abuso de prerrogativas institucionales? Incontables son las desviaciones de conductas y procedimientos que, sobre este particular, tantos han sido víctimas y ni hablar ahora, en plena campaña electoral, que abiertamente la mayoría de los medios son agentes políticos a favor de determinados candidatos o en contra de otros y que no el papel que en democracia deben desempeñar.
Imaginémonos ahora, que con la “revisión” que el gobierno le ha otorgado e ilegalmente al grupo de la asociación dominicana de diarios, para que se pronuncie y junto a determinados grupos de presión de la llamada “sociedad civil”, en determinar que debe quitársele a la ley 1-24 o que dejársele o peor, que agregarle y mejor si es para consolidar el poder de facto de un periodismo que se cree por encima del estado de derecho, con lo que se estaría abriendo las puertas para que el ejercicio periodístico de los medios de la prensa mercancía se convierta en la peor de las dictaduras fácticas y mucho peor, que la tiranía partidocrática que ese periodismo respalda y defiende tercamente.
En consecuencia, muchos no creemos que el presidente Abinader hubiese querido darle una libertad de supuesta corrección y sin límites, a los grupos mediáticos representados en la comisión correctora, de una ley que desde el primer momento debió de dividirse en dos partes.
Una, relativa al factor de influencia geopolítica como efecto pernicioso para nuestro estado de derecho y otra parte, solo relativa a lo interno en materia de preservación limitada de las libertades públicas y el ejercicio periodístico y siempre y cuando no se convierta en herramienta para subvertir el orden constitucional y afectar el libre albedrío ciudadano.
Sin embargo, por declaraciones que la comisión de “correctores” ha emitido, parecería que los intereses allí representados, quieren aprovechar la oportunidad que se les presente y para impedir que todo lo relativo a la alta seguridad del Estado pudiera estar por encima de los intereses mediáticos y sobre esto estamos llamando la atención.
Sencillamente, hay que entender, que en una sociedad libre y con un ordenamiento constitucional dinámico y ordenado, el ejercicio del periodismo no puede ser uno de censor o de supuesto guardián de la sociedad, cuando solo debe ser su crítico y sujeto su criterio al ordenamiento legal que debe regir en todo conglomerado social.
Ahora mismo, el desorden y anarquía que existe en el ejercicio periodístico y avivado, tanto por la corrupción social reinante como por la entrada a tambor batiente de las infames redes sociales y en las que, lo que allí llaman periodismo, es la peor sentina de la degradación moral de la dignidad humana y peor, manipulada por delincuentes de tomo y lomo y bajo la etiqueta alofoke proveniente del bajo mundo dominicano de Nueva York y desde la mayoría de sus medios de comunicación y todas las redes sociales, obliga a que necesariamente todos los dominicanos nos demos cuenta en la hondura amoral a la que el buen periodismo se expone y lo que a como dé lugar hay que impedir y si se quiere una nación mejor y con instituciones sanas y viables.
Todo cuanto hasta ahora hemos escrito sobre este tema y que remonta a más de una semana, no se encuentra en contradicción con lo que ahora decimos y por la razón, de que en esta oportunidad estamos enfocando la parte negativa del ejercicio periodístico dominicano, todo ese que esconde la corrupción más o menos descarnada y en competencia con la corrupción política e igual la empresarial y mucho más pecaminosa si cabe, cuando se sabe de tantos barones mediáticos que utilizan a sus directores, ejecutivos y reporteros para que les sirvan de canales de intermediarios para la consecución de todo tipo de contratos y privilegios gubernamentales y que los barones mediáticos pagan, abrumando a sus cómplices con toda suerte de reconocimientos y diplomas y hacerse los tontos para que esos empleados periodísticos se conviertan en traficantes de influencia para obtener riquezas.
Abogamos pues, porque la discusión relativa a la ley 1-24 también toque las vías, por medio de las cuales, el Estado debe y tiene que impedir que la corrupción periodística en sociedad con la política y empresarial, continue desarrollándose y en un país donde un periodista de esos inescrupulosos tienen fortunas en efectivo y bienes de 200 a mil millones de pesos y como cosa natural y nada criticable y gracias a que el terrorismo mediático, impide que la ciudadanía desenmascare a todos esos delincuentes de cuello blanco y quienes en sociedad con el estado delincuente, ha llevado al terrible juego de máscaras e imposturas que la “corrección” de la misma ley 1-24, retrata y tipifica.
¿Se entiende porqué decimos, que el periodismo nunca puede pretender ser un supra estado censor del Estado de Derecho y que no acepta que este le observe? Con Dios. (DAG) 03.02.2024
