Decir que República Dominicana es un estado en el que los derechos ciudadanos son respetados y aplicados y que sus ciudadanos viven o se desenvuelven dentro de un pleno estado de derecho, sería mentir groseramente y mucho más, cuando el Estado y de serlo totalitario a plenitud pasó a mediados de 1961 a una cuasi dictadura que luego a mediados de 1966 cambió a una situación intermedia de democracia autoritaria y aún vigente.
Tal característica, en nada a ayudado para que los dominicanos y no obstante los 62 años transcurridos desde la desaparición de la dictadura, sean ciudadanos en el exacto sentido de la palabra, por ello, es no querer aceptar que la mayoría se comporta como ciervos, cuya mansedumbre aparente y servilismo a lo absoluto, no les permitió y por sí mismos, tomar las riendas de su destino y lo que se comprueba, al observar que la especie de oligarquía existente en el 1961, tomó para si el control del Estado e impuso hasta mediados de 1965, una autocracia, que dirigida por la familia Vicini, impuso las reglas a seguir por el resto de una nación, que para entonces solo tenía 2.5 millones de habitantes y la mayoría analfabetos funcionales.
Esa y lamentablemente, es la realidad que caracteriza la evolución institucional y política de este país y la que a este tiempo y siendo la República una nación de economía emergente con cerca de 10.5 millones de dominicanos mal contados y si juzgamos los pésimos resultados del último censo nacional y que es el factor que no ha permitido que los dominicanos se entiendan y por sí mismos, sujetos de derechos y por lo contrario, buscando cada quien una absurda salvaguarda y autoprotegiéndose, han sucumbido ante la variable gubernativa de plutocracia actual y como resumen de las cíclicas comparsas de elecciones fraudulentas en las que la partidocracia impone el destino a seguir.
Concomitantemente y esta, la característica fundamental del porqué la democracia representativa no existe en este país, se debe, a que la mal llamada clase gobernante, compuesta por empresarios y comerciantes que entienden al Estado como su fuente de ingresos y al resto de los ciudadanos sus esclavos económicos, no ha hecho lo necesariamente correcto para crear un ámbito de respetabilidad ciudadana enmarcado dentro de la civilidad mejor entendida.
En consecuencia, ya no es extraña la terrible crisis de gobernabilidad que existe, pues nuestros políticos y en la mayoría de los casos, desertan de sus obligaciones hacia la nación y los grupos económicos huyen a sus responsabilidades cívicas de pagar los impuestos que les corresponden correctamente y que es la primera razón del porqué la ingobernabilidad se ha impuesto en base a un populismo marginal azaroso, que entiende que todo cuanto quieran las minorías y como expresión de la plebe hay que facilitárselo.
Lo más grave al estado actual de cosas, es la insurgencia de una parte de la generación adolescente, que apandillada a lo alofoke y que es la expresión más rastrera del bajo mundo dominicano de Nueva York, ha generado un retroceso extraordinario en el comportamiento de una mayoría de ciudadanos, que asumen, que la droga, lo ilícito, el pandillerismo social y toda forma de violaciones a la ley, es la correcta norma a seguir y lo que justifican y al observar con ojos críticos extremos, los fuertes niveles de corrupción y enriquecimiento ilícito de políticos y supuestos guías de orden y opinión.
Simplemente, se está llegando a unos desastrosos niveles por los que el orden social está siendo afectado desde su raíz y en base a la penetración de esta oclocracia, que increíblemente, el liderato político y para sorpresa de todos, desde el Poder Ejecutivo y desde el gobierno anterior y fortalecido en el tiempo, ha ido tomando espacio a modo de pandillas que pretenden imponer sus inconductas y en base a la posible, probable o alta influencia política que los influencers a lo alofoke, los políticos entienden que estos tienen.
Se entra entonces en un nivel extremo de degeneración social, que de algún modo se contrapone a lo que debe ser el ejercicio ciudadano dirigido a fortalecer la institucionalidad y preservar el sistema democrático y lo que ciertamente es la peor pesadilla que una nación debería experimentar.
Y para decirlo de algún modo, se requiere que los dirigentes de las fuerzas políticas entiendan, que si este país continua retrocediendo institucional y cívicamente y en lo que mucho de culpa la tienen la mayoría de los medios de comunicación y de información de masas, que han desertado de sus responsabilidades cívicas hacia su propio país, en pocos años, República Dominicana no será más el estado social de derecho que desde la Constitución de la República se pregona y sí se estará viviendo en un proceso desintegrador de anarquía institucional y tal como se vive en el estado fallido de Haití.
Ahora se va a un proceso electoral que deberá culminar en febrero y mayo del año que viene en dos elecciones, una municipal y la otra presidencial y legislativa y como culminación de lo que debe ser la muestra más fehaciente de adultez cívica ciudadana. Sin embargo, las formaciones políticas de la partidocracia y por la terrible como chocante compra de adhesiones que se están presentando, es difícil entender que se vaya a unas elecciones auténticamente libres en la que la voluntad ciudadana se exprese.
¿Cómo puede haber una expresión de libertad de escogencia ciudadana, cuando los partidos se muestran y descaradamente, comprando dirigentes y candidatos contrarios y sintiéndose orgullosos de proceder tan indigno de afectación de la libertad de escogencia ciudadana?
¿Acaso semejante inconducta, no es la muestra vil para que los ciudadanos se vendan o alquilen sus votos a la vez que pandillas de antisociales a lo alofoke imponen el sistema más artero del apresamiento o secuestro de la libre escogencia?
Desde luego, que con un sistema político tan adulterado, no es posible garantizar la existencia y vigencia y menos garantiza un buen gobierno y de ahí a que todo concluya en un autoritarismo mayor y castrador de voluntades, solo hay un paso.
Al advertir esta realidad, solo queremos enfatizar en la situación probable y si nada cambia, de que el voto razonablemente igualitario, en materia de derechos civicos, nace, de si cada ciudadano ejerció su derecho a la libre escogencia y en este país y en la mayoría de los casos, no existe. Ojo pues. (DAG) 28.11.2023
