Mañana 25 de agosto de 2026, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) iniciará las entrevistas a siete jueces actuales de la Suprema Corte de Justicia, en un proceso de evaluación de desempeño que determinará quiénes conservarán sus puestos por un nuevo período de siete años y quiénes dejarán vacantes sus despachos.
Este escrutinio, sin embargo, no ocurre en el vacío, sino que coincide con una reestructuración sin precedentes en la cúpula del Poder Judicial marcada por renuncias voluntarias y el reto de garantizar la independencia doctrinal del alto tribunal judicial del país.
La evaluación que encabezará el presidente de la República y presidente del CNM, Luis Abinader, abarca a los magistrados Justiniano Montero y Samuel Arias Arzeno, de la Primera Sala, junto a Vanessa Acosta Peralta, Francisco Jerez Mena y Fran Soto Sánchez (Segunda Sala penal), Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico (Tercera Sala).
No obstante, el mapa de poder del tribunal ya ha comenzado a redibujarse antes de las vistas públicas.
La renuncia voluntaria de cuatro pesos pesados de la magistratura, encabezado por el propio presidente de la Suprema, Luis Henry Molina Peña, junto a Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Nancy Salcedo Fernández y María Gerinelda Garabito Ramírez, acelera un relevo generacional y de liderazgo de gran magnitud.
Más allá del futuro profesional de los siete magistrados evaluados, lo que está sobre el tapete es la hoja de ruta doctrinal y jurisprudencial que guiará a la justicia dominicana en los próximos años.
el desafío institucional
El Consejo Nacional de la Magistratura, integrado además por figuras clave del Poder Legislativo como Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Omar Fernández, senador, Tobías Crespo, diputado y el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier, tiene ante sí una tarea monumental.
Organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), han exigido que la selección de las once plazas disponibles (sumando las renuncias y las posibles sustituciones tras las evaluaciones) “priorice la carrera judicial, la solvencia moral y la estricta independencia frente a cuotas de poder político”.
El futuro de la estabilidad jurídica del país depende de que este proceso logre equilibrar la experiencia acumulada con un necesario refrescamiento institucional. (LD-rcb /OJO)
